El administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, ha advertido de las graves implicaciones financieras y presupuestarias, de unos seis millones de euros, que podrían derivarse de una inspección de la Agencia Tributaria Canaria respecto a la deducción del IGIC soportado en las cuotas del ente. Moreno hizo referencia ayer a esta cuestión tras comparecer a petición propia en la comisión parlamentaria de control de la RTVC para informar sobre la situación del ente público y de sus sociedades mercantiles.
Francisco Moreno relató la situación del ente “y sus averías pendientes” ante la inminente normalización de sus órganos, con la próxima designación de la Junta de Control por parte del Parlamento, lo que va a permitir salir de la excepcionalidad de su nombramiento como administrador único en junio de 2018, lo que en principio era únicamente para seis meses.
Entre los retos que debe afrontar el canal, Moreno reiteró la extremadamente compleja situación de la estructura de personal, pues conviven en el ente trabajadores con distintas condiciones laborales provenientes de nueve empresas distintas.
Otro problema es la necesidad de abordar de forma urgente el hecho de que ya se ha firmado la última prórroga trimestral para el alquiler de infraestructuras, de forma que “si no hacemos nada” el 1 de julio no habrá instalaciones para producir contenidos ni emitir. “Lo cierto es que no atisbamos el horizonte para llegar a tierra firme y segura y espero que el Mandato Marco que debe alumbrar el Parlamento diseñe la hoja de ruta para esta urgente tarea, que requiere un compromiso para el que será necesario abstraerse del ruido ambiental”, añadió Moreno.
A este panorama se suma la inspección abierta por la Agencia Tributaria Canaria en cuanto al IGIC soportado y que puede resultar “muy grave” para la capacidad de aprovisionamiento del ente, prosiguió Moreno. La inspección es consecuencia de la transposición de una directiva comunitaria por la que se considera que las televisiones no tienen derecho a una deducción del cien por cien del IVA en su actividad mercantil y por lo tanto, se está sometiendo a evaluación a todos los canales públicos europeos.
La Forta está promoviendo las acciones necesarias para aclarar esta cuestión en el convencimiento de que las televisiones tienen derecho a la plena deducción en sus cuotas y además hay pendiente una resolución del Tribunal Superior de Justicia Europeo a una demanda interpuesta en tal sentido por una televisión búlgara que puede marcar la pauta, añadió Moreno. En todo caso, RTVC entiende que en Canarias puede caber la fórmula que va a aplicar Francia en este ámbito, la de establecer un IVA súper reducido para las televisiones públicas, y que en el Archipiélago podría materializarse con un tipo del IGIC muy reducido.
Además y en el ámbito judicial el administrador único recordó que debe comparecer el 17 de mayo ante la Audiencia Nacional como parte de las cadenas de televisión investigadas por el caso conocido como la rueda, un supuesto fraude por el que socios de la SGAE y empleados de los canales obtenían ingresos por los derechos de autor de música retransmitida en programas nocturnos.
Al respecto, Moreno indicó que para evitar que en el futuro sucedan situaciones y prácticas “confusas” el canal se dotará a la mayor brevedad de un modelo de prevención de delitos y ha precisado que en su declaración judicial va a dejar claro que en ningún momento en el ente autonómico hubo intención de delinquir.
Francisco Moreno expresó asimismo su convicción de que lo que se ve en pantalla “tiene mejores brillos que lo que acabo de contar”, pues RTVC tiene una programación de calidad y es un servicio público que ha demostrado su utilidad en momentos difíciles, por lo que darle estabilidad en el tiempo debe ser el principal de los compromisos.
Falta de transparencia
Parte de las “averías” a las que se refirió Moreno es el convenio colectivo. La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, le exigió al administrador que “retome la negociación con los trabajadores de la televisión pública”, pues, según advirtió, “no les puede hurtar un derecho fundamental a la espera de que la Cámara autonómica apruebe el Mandato Marco o nombre la Junta de Control”.
Precisamente el diputado del Grupo Nacionalista, José Alberto Díaz-Estébanez, denunció la falta de transparencia del Gobierno canario a la hora de suministrar información al respecto, “que también ha quedado constatada en la sesión de control de la RTVC”. El diputado lamentó que el administrador único del ente no confirmara “si había encargado o no un informe jurídico externo para sondear la viabilidad de posibles miembros de la Junta de Control”, algo que está fuera de sus competencias.
La diputada popular Luz Reverón dudó de que cuando Moreno fue designadle de RTVC “no supiera cuál era la situación”, y opinó que el Mandato Marco no se va a aprobar porque hay disparidad de criterios en el Gobierno sobre cuál debe ser el modelo y acusó al Ejecutivo de someter al ente a un control político que no hubo “ni en la época de Willy García”.
