Ninguno de los parlamentarios en Madrid cumple al 100% con el Código de Conducta del Congreso y del Senado en vigor desde octubre. No lo hacen los 15 diputados y 11 senadores isleños, ni el 90% de los miembros de las Cortes que al margen de sus ingresos y patrimonio están obligados también a dar cuenta de sus agendas y reuniones con grupos de interés o ‘lobbistas’, que las hay de forma regular y más cuando se trata de territorios alejados como las Islas.
La cultura de la transparencia va ganando terreno en la vida política española pero aún está lejos de ser la norma. Los integrantes de la mayoría de las cámaras legislativas españolas y los miembros de los gobiernos de todos los niveles de la administración están ya obligados a exponer en los portales de transparencia respectivos una declaración sobre actividades profesionales complementarias a la parlamentaria, sus ingresos adicionales a su sueldo público, en el caso de que exista, y la relación de todos sus bienes patrimoniales. En el Congreso y el Senado, también, desde el pasado mes de febrero, una declaración de intereses económicos que les hayan proporcionado ingresos económicos, así como las donaciones, obsequios y beneficios obtenidos en esos años y las fundaciones u asociaciones a las que hayan contribuido.
Pero quedan aún espacios en los que no ha entrado la transparencia, por ejemplo en la comunicación y difusión de las agendas públicas, es decir, la que podríamos llamar ‘actividad laboral’ cotidiana de los políticos, pero también sus reuniones y contactos que tengan algún tipo de relación con sus cargos . Aunque este ámbito de la transparencia no está legislado de forma transversal en el conjunto de las administraciones y de las cámaras legislativas del conjunto del país, más allá de lo establecido en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en 2013, sí está en vigor desde octubre pasado un Código de Conducta del Congreso y del Senado, tras su aprobación por una convocatoria conjunta de las Mesas de ambas Cámaras, que la inmensa mayoría de sus señorías incumple religiosamente.
En el Congreso lo hace el 90 % de los 350 diputados y entre ellos los quince electos por las dos circunscripciones canarias. Sólo el representante de Vox por Las Palmas. Alberto Rodríguez, incluye en su página web oficial del Congreso un enlace a su agenda institucional, aunque en realidad se limita a adjuntar la actividad de cada semana en la Cámara. No debe considerarse por tanto un cumplimiento por parte de este diputado del código dado que no incluye una información que debería abarcar también los contactos, reuniones, o participación en cualquier ámbito que tenga relación con el cargo.
En todo caso, ninguno de los otros catorce diputados canarios, –cinco del PSOE, cuatro del PP, dos de Unidas Podemos, otro más de Vox, y los dos representantes de CC y NC–, cumple con dicho código en ninguno de sus aspectos. Tampoco agendan su actividad institucional en el portal de transparencia del Senado los catorce senadores canarios (once electos y tres designados por el Parlamento de Canarias). La mayoría de los parlamentarios, sin embargo, suelen trasladar esa información a las redes sociales en las que disponen de cuentas personales, o en las páginas oficiales de su partido político, a veces incluso convocan una rueda de prensa, pero para que la transparencia sea efectiva y pública en los términos que establece el código acordado debería ser total y en el portal institucional, es decir, en su ficha parlamentaria.
Los pocos que difunden su actividad la limitan a las previsiones parlamentarias
Los diputados y senadores canarios deberían por tanto incluir en ella toda la información de sus muchos y variados contactos con los llamados ‘grupos de interés’, aquellos que de una u otra manera buscan el apoyo de los legisladores para que un determinado asunto sea debatido en las Cortes y que las leyes o normas que al respecto se produzcan atienda a sus postulados y reclamaciones.
En el caso canario, son muchos los grupos o colectivos que ‘llaman’ a las puertas de los representantes de los ciudadanos para hacer valer sus posiciones, tanto desde el entorno empresarial (plataneros, constructores, sector turístico, transportes, sector energético, cúpulas patronales), como desde otro tipo de colectivos profesionales (sanitarios, las kelly, funcionarios, autónomos, sindicatos...) o determinados entidades o asociaciones de apoyo a movimientos sociales o políticos muy implantados en las Islas (inmigración, grupos ecologistas, animalistas, grupos prosaharauis, etc). También son frecuentes los contactos con las propias instituciones canarias o estatales (Parlamento regional, Gobierno de Canarias, corporaciones insulares y locales, ministerios...) para abordar los asuntos de mutuo interés que pasan por las Cortes, entre ellas los Presupuestos del Estado, o las reformas de las leyes de especial relevancia en las Islas. De todo ello, los parlamentarios deberían dar debida cuenta.
En el Congreso, ni siquiera los diputados que adjuntan su actividad institucional a su ficha parlamentaria dan cuenta en la misma de sus eventuales reuniones con grupos de interés, otro de los preceptos que recoge el código ético que les afecta. En concreto, el artículo 6 del mismo establece que “los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”. También establece que deben hacer públicos los regalos o donaciones que reciban, incluidas por ejemplos entradas a espectáculos o invitaciones de palco.
El documento especifica qué debe considerarse grupo de interés mientras no se produzca la reforma de los Reglamentos del Congreso y el Senado para regular esta figura y detalla en este sentido que han de considerarse como lobbis o lobistas “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas”.
Solo 34 cuelgan la agenda
Según los datos recopilados por la agencia Europa Press, un total de 34 diputados publican sus agendas institucionales en la web, pero en ella solo se da cuenta de sus actividades parlamentarias, es decir de las reuniones del Pleno, las comisiones o las ponencias de las que forman parte. La excepción la constituye la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, que también incluye en su agenda institucional las citas que mantiene con representantes de distintos colectivos sociales, embajadores, representantes de otras instituciones, etc.
Por su parte, el diputado socialista Odón Elorza, responsable de Transparencia del PSOE y vocal del Congreso en la Comisión de Transparencia sí informa en su web personal, de las gestiones que realiza sobre distintos asuntos y de las reuniones o contactos telefónicos que mantiene para ello. Por partidos, de los 34 que tienen en su ficha virtual un epígrafe con la palabra agenda, 13 son del PSOE, seis del PP, otros seis de Vox y dos de Unidas Podemos. También lo hacen cuatro de ERC y dos del PDeCAT -que proporcionalmente son los que tienen un porcentaje de cumplidores más alto-, así como uno de los cinco diputados de Bildu.
Los representantes de las Islas deben dar a conocer los contactos con lobistas y colectivos
Eso sí, desde esas agendas solo se puede consultar a qué citas parlamentarias va a acudir la persona en cuestión. Además, en dos casos (un diputado de ERC y una del PP) el enlace ni siquiera lleva a esa información y, además, la que consta no está actualizada. En Cs, PNV, Junts, Más País, UPN o la CUP nadie informa de su agenda en la web institucional, ni tampoco lo hacen los representantes Compromís, CC (Ana Oramas) , NC (Pedro Quevedo), Foro Asturias, BNG, PRC o Teruel Existe. Lo que sí hace la mayoría de partidos políticos es informar diariamente a los medios de comunicación de las actividades de sus diputados tanto dentro como fuera del Congreso, aunque no todos detallan las reuniones que mantienen con colectivos varios, tengan o no cobertura informativa.
