El Gobierno de Canarias va a aumentar la cuantía máxima de las ayudas que las pymes y trabajadores autónomos podrán recibir con cargo a los fondos del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez limita la subvención a un porcentaje de las pérdidas que la empresa haya sufrido por la crisis del coronavirus. Es decir, las ayudas compensan una parte de los números rojos. La compensación máxima varía en función de si el beneficiario es un autónomo o una pyme y de cuántos trabajadores tenga a su cargo, pero en ningún caso podrá superar los 200.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo estatal permite a los dos archipiélagos –también a Baleares– elevar el tope de las ayudas, tanto el porcentaje de las pérdidas a cubrir como ese techo de 200.000 euros. Así pues, la Comunidad Autónoma aprovechará esta dispensa para ajustar las subvenciones –para las que el Estado transferirá 1.144 millones– a la realidad de su tejido productivo, que como el de Baleares se ha visto especialmente perjudicado por el cero turístico a causa de la pandemia. Además, ningún sector de actividad queda excluido: cualquier autónomo o pyme que acredite una caída de la facturación superior al 30% podrá optar a las ayudas. Ya sea un restaurante, un bar, una tienda o una peluquería.
En el Gobierno de Ángel Víctor Torres están satisfechos con la respuesta de Madrid a las demandas del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico abanderó las reclamaciones al Gabinete de Sánchez para que las ayudas directas llegaran a más sectores de actividad y para que no quedaran excluidas todas las empresas que cerraron en pérdidas el ejercicio de 2019. El Gobierno central accedió a modificar el real decreto ley que regula las subvenciones –7.000 millones de euros a distribuir en toda España, una cuantía de la que Canarias, con un 16,3%, recibe el mayor trozo del pastel– después de que los consejeros de Hacienda, Román Rodríguez, y Economía, Elena Máñez, enviaran sendas cartas a Madrid para explicar las particularidades del tejido productivo regional. La presión de Canarias –y también de Baleares– hace ahora posible que las ayudas lleguen a todos los sectores y también a empresas que aunque cerraron 2019 en números rojos tienen garantizada su viabilidad. Es más, los dos archipiélagos tienen permiso para elevar el máximo de la subvención.
La peluquería de Puerto del Carmen o la parafarmacia de Mogán también optan a los fondos
Tanto la Consejería de Economía como la de Hacienda confirmaron ayer que la Comunidad Autónoma no excluirá de este fondo de rescate a ningún tipo de negocio. Aunque son las empresas más dependientes del turismo las que con más dureza están sufriendo las consecuencias de la covid-19 –hoteles, apartamentos, bares, cafeterías, restaurantes...–, también es verdad que hay negocios en apariencia no tan condicionados por la mayor o menor afluencia de visitantes y que, sin embargo, lo están pasando al menos igual de mal. ¿Por qué? Porque están ubicados en localidades eminentemente turísticas: una peluquería de Playa de las Américas, una lavandería de Mogán, una parafarmacia de Puerto del Carmen o incluso un pequeño supermercado de Caleta de Fuste. Por eso el Gobierno canario no se va a limitar a incorporar más sectores a la lista de actividades subvencionables –el Ejecutivo central había establecido 95–, sino que permitirá optar a las ayudas a toda empresa que cumpla un único y gran requisito con independencia del sector al que pertenezca: haber sufrido en 2020 una caída de la facturación de más de un 30% en relación con 2019.
Acreditar pérdidas superiores al 30% sí es condición sine qua non para acceder a las subvenciones. Este no es un porcentaje impuesto por España, sino que es la UE la que fija el límite del 30% en la normativa sobre ayudas de Estado.
El otro gran objetivo del Ejecutivo autonómico era que Madrid flexibilizara la prohibición de optar a las subvenciones a las empresas en números rojos en 2019. No en vano, ese fue el año de la muerte de Thomas Cook, el gigante de la turoperación mundial del que dependía hasta un 6% del PIB del Archipiélago. La quiebra de Thomas Cook desembocó en que muchas pymes de las Islas cerraran el ejercicio en pérdidas. Una circunstancia extraordinaria que les habría impedido acceder a las subvenciones. La modificación del real decreto ley da a las comunidades la posibilidad de establecer excepciones, con lo que las pymes canarias golpeadas por la bancarrota de Thomas Cook, las que registraron pérdidas porque en 2019 acometieron procesos de renovación o incluso las que iniciaron ese año su actividad –muy pocos negocios logran beneficios en su primer ejercicio de vida– también podrán recibir la ayuda pública.
Más fondos
Pero, además, Canarias subirá los porcentajes máximos de las subvenciones. Así que no solo son más las pymes y autónomos que pueden acceder a los fondos del Estado, sino que también podrán recibir más dinero en función de sus circunstancias –de la mayor o menor caída de su facturación–.
El real decreto ley fija varios límites. Los empresarios o profesionales que tributan en régimen de estimación objetiva podrán percibir un máximo de 3.000 euros. Para el resto de empresarios o autónomos y para las entidades mercantiles –una vez acreditado que su facturación se ha desplomado más de un 30%–, la ayuda máxima sería el equivalente al 40% de las pérdidas en el caso de quienes tributan en régimen de estimación directa o cuentan, como mucho, con diez empleados. Y del 20% si tienen más de diez trabajadores. Eso sí, ese 40 o 20% al que como máximo puede llegar la subvención no se calcula sobre el total de las pérdidas, sino sobre las pérdidas una vez descontado el primer 30% de caída de la facturación.
Máñez y Rodríguez presionaron para que el Ejecutivo estatal abriera la mano en las ayudas
No obstante, y tal como avanzó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, Canarias va a “modular al alza” los porcentajes para calcular el tope de la ayuda, de modo que la subvención cubra un mayor volumen de pérdidas. “Especialmente en las empresas más pequeñas hay que incrementarlo en todo lo posible”. Además, Olivera también avanzó una “ampliación importante” del techo de 200.000 euros que como mucho pueden cobrar las mercantiles o los empresarios y profesionales en régimen de estimación directa.
