La comisión de investigación del Congreso sobre el accidente de Spanair, en agosto de 2008 y en el que murieron 154 persona y 18 resultaron heridas, aprobó en su última sesión de funcionamiento un dictamen de conclusiones y recomendaciones que finalmente incluye una lista de 17 personas, entre ellas la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y todos los cargos a su mando, como “responsables” de las decisiones que incidieron de alguna manera en el “fallo sistémico” que provocó el siniestro, al tiempo que recomienda remitir a la Fiscalía General del Estado dichas conclusiones al considerar que durante la investigación parlamentaria se han detectado posibles “conductas negligentes” relacionadas con el mismo.
El texto final, que deberá ser ratificado dentro de tres semanas por el pleno, no ha logrado el consenso que los grupos pretendían al ser rechazado de plano por el PSOE, que se ha opuesto desde el principio a que se individualice la petición de responsabilidades políticas por el accidente y a dar cauce a una posible actuación del ministerio fiscal.
El texto sometido a votación, que incluye las demandas más importantes de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, contó con el respaldo del resto de formaciones políticas representadas en la comisión salvo el de Cs y el PNV, que se abstuvieron (Bildu no participó).
Se abre ahora un plazo de cinco días para que se presenten los votos particulares antes de que se debata y se vote de nuevo en el pleno, donde se abre una duda respecto a si todas las formaciones mantendrán el voto expresado en la comisión por la posible inconstitucionalidad en que podría incurrir dicho texto al individualizar las responsabilidades que se tratan de depurar. Es lo que sostiene el PSOE en base al informe jurídico del letrado de la comisión y donde se menciona una sentencia del Tribunal Constitucional que invalida el señalamiento directo de personas como “responsables” de manera genérica.
La mayoría de la comisión dio ayer el visto bueno al primer borrador de dictamen propuesto por su presidenta, la canaria de Unidas Podemos Meri Pita, pese que ésta presentó a los diputados un texto modificado en la que se reducía a trece la lista de los responsables señalados, excluyendo de ella a todos los relacionados con las compañías involucradas en el accidente,–Spanair y Boeing–, así como a la aseguradora Mapfre, y también limitaba la capacidad de actuación de la Fiscalía.
Sin embargo, el voto en contra del PSOE a este texto alternativo que seguía apuntando a la cúpula de Fomento, junto al sorprendente rechazo al mismo por parte de Vox, provocó una singular mayoría en la comisión que hizo que se volviera al borrador inicial. Los socialistas intentaron a través de sus enmiendas corregir varios aspectos esenciales de la propuesta de dictamen, pero estas fueron rechazadas.
El PSOE defienden que la de los gestores de Fomento está extinguida y ninguna de esas personas tiene ahora cargo público alguno, y además ninguno fue ni investigado, ni imputado, ni juzgado”.
De esta forma, el dictamen aprobado mantiene, entre otros puntos, que fallaron los servicios de emergencia del aeropuerto de Barajas, donde se produjo el accidente del aparato al tratar de despegar con destino a Gran Canaria, y que ello impidió atender correctamente a los supervivientes; que hubo irregularidades en la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad del avión; que el informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) sobre las causas y circunstancias del siniestro contiene fallos y deficiencias en sus conclusiones, en la que sólo atribuye el accidente al error de los pilotos; se solicita que se vuelvan a investigar “hechos sin esclarecer” y que de esa investigación se excluya precisamente a la CIAIAC, único ente acreditado oficialmente para hacerlo. Apunta también a la situación económica de Spanair, que quebró solo unos meses después, como determinante de las circunstancias que provocaron el siniestro; e incide en la responsabilidad de Boeing como fabricante del avión por no notificar las averías que el mismo modelo, el MD-82, había sufrido en otros aeropuertos del mundo.
La comisión ha respaldado también la tesis de que el sistema falló de forma previa y posterior al accidente, y atribuye la responsabilidad del “fallo sistémico” a los encargados de “establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado pone a su disposición”. Es en este punto donde cita los nombres de quienes en la fecha del accidente ocuparon puesto de responsabilidad que incluye, además de la ministra Magdalena Álvarez (PSOE), otros doce altos cargos de Fomento, AENA, el Aeropuerto de Barajas, Agencia de Seguridad Aérea, responsables de la CIAIAC, así como de las compañías Spanair y Boeing. También a la aseguradora Mapfre, por el sistema de indemnización aplicado a las víctimas y familiares.
Vera: “La Fiscalía debe decidir ahora si actúa”
La presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera, mostró ayer su satisfacción por el tipo de documento aprobado por la Comisión del Congreso y saludó emocionada “un dictamen que incluye 18 responsables políticos, que se remita a la Fiscalía, que favorezca la revisión oficial del informe de la CIAIAC para corregir las causas en el sistema de aviación civil, y que propone la creación de un organismo independiente de investigación”. Aseguró que era un momento en el que recordaba especialmente a los 80 canarios que murieron en el accidente, y que se trataba de un documento “que hará historia”. “Nunca se ha aprobado un informe con nombres de responsables políticos y esto supone un antes y un después. Este es el premio a tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Nadie nunca más debe morir por similares causas por las que murieron esas 154 personas. Es una aportación de la Asociación para que la mejora de la seguridad aérea en España sea una realidad”, resaltó.
Vera considera que tras la reiterada negativa de Boeing a entregar datos relacionados con el modelo de avión siniestrado, y de la CIAIAC a entregar los documentos que sirvieron de base a su informe exculpatorio de los responsables del Ministerio, “la Fiscalía tendrá que decidir ahora si se nos entregan o no esos documentos trece años después”. Según ella, la Fiscalía “tendrá que investigar todos los enigmas que hay en esta tragedia y tomar las decisiones que correspondan”. Recalca que a las personas que se señalan en la lista de “responsables” del “falló sistémico”, tal como señala el dictamen, “no les culpamos de las muertes, eran responsables de gestionar el Ministerio y la aviación civil no poniendo las bases que hubieran permitido que este avión no se estrellara”. “Este siniestro era evitable y este dictamen lo demuestra. No estamos pidiendo venganza ni que nadie vaya a la cárcel, sino un cambio de cultura en la seguridad aérea y la gestión de la aviación civil”, concluyó Vera.
El aspecto relacionado con la personalización de las responsabilidades causa dudas respecto a su legalidad. La portavoz del PSOE en la Comisión, la tinerfeña Tamara Raya, sostiene que el informe jurídico del letrado dejaba claro que “había dos puntos de la propuesta de dictamen que hizo la presidenta que son claramente inconstitucionales porque esa personalización de responsabilidades vulnera derechos”. Recuerda que así lo señala una sentencia del Tribunal Constitucional e insiste en que “la responsabilidad está extinguida y ninguna de las personas que se menciona tiene ahora cargo público alguno, y además ninguno fue ni investigado, ni imputado, ni juzgado”.
