Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

CC exige que los denunciantes del ‘caso grúas’ paguen la defensa de Clavijo

El Supremo archivó la causa contra el exalcalde y actual senador al no ver indicios de delito

Fernando Clavijo

Fernando Clavijo La Provincia

Coalición Canaria (CC) exige que los cinco denunciantes del caso grúas paguen de su bolsillo los 55.000 euros que gastó Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna, por la defensa jurídica de un procedimiento que archivó el Tribunal Supremo en junio de 2020 -sin ni siquiera llegar a juicio- al no hallar ningún indicio de delito en la actuación del que también fue presidente del Gobierno de Canarias por CC.

Los denunciantes son cuatro concejales que hoy forman parte del gobierno lagunero y que cuando presentaron la denuncia, el 18 de mayo de 2017, estaban en la oposición. Son Santiago Pérez, que en 2017 representaba a Por Tenerife-Nueva Canarias y hoy es responsable de Urbanismo bajo las siglas de Avante y el PSOE; Rubens Ascanio, actual edil de Bienestar Social por Unidas Se Puede; María José Roca, concejala de Comercio y Turismo por Unidas Se Puede; e Idaira Afonso, en la actualidad concejala de Igualdad también por Unidas Se Puede. El quinto denunciante, Juan Luis Herrera Pérez, ya no está en el Ayuntamiento tras ser concejal en el pasado mandato representando a Por Tenerife-NC.

José Alberto Díaz, portavoz del grupo de CC en el Consistorio de Aguere, ha exigido mediante un escrito enviado al alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, que sean Santiago Pérez, Rubens Ascanio, María José Roca, Idaira Afonso y Juan Luis Herrera quienes “asuman sus responsabilidades” por promover una denuncia “orquestada con el objetivo claro” de acabar con un rival político y se hagan cargo de los gastos jurídicos de Fernando Clavijo, máxime cuando el alto tribunal no observó el menor indicio para acusar de delito alguno al exalcalde nacionalista.

Díaz lo solicitó después de que se confirmara que el Ayuntamiento ha aceptado hacerse cargo de los gastos de defensa de Fernando Clavijo, tal y como concluye un informe del área de Presidencia y Planificación. Según José Alberto Díaz, la ciudadanía lagunera “no inició este proceso”, por lo que entiende que “no es de recibo que pague con sus impuestos las costas de la defensa de los cargos públicos”.

Compartir el artículo

stats