Las administraciones públicas deberán cubrir obligatoriamente las plazas que ocupan los empleados públicos interinos y temporales en un máximo de tres años con oposiciones porque, en caso contrario, serán sancionadas. La reforma de la legislación básica que plantea el Gobierno central a las comunidades autónomas y a los sindicatos prevé desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, de tal forma que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, esbozó ayer en el Senado algunos de los planes del Gobierno para reducir la interinidad en el sector público. Sin embargo, el conflicto laboral que protagonizan desde hace varios meses los empleados interinos y temporales que llevan hasta más de dos décadas en la Administración todavía no tiene una solución concreta a tenor de los dicho ayer por Iceta. Según lo que explicó en la Comisión de Función Pública de la Cámara Alta, los procesos de estabilización actuales han ampliado los plazos y anunció un nuevo proceso de estabilización final: “Desde el necesario respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, realizaremos el último proceso en el que promoveremos la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural”.
Precisamente los sindicatos – Sepca e Intersindical– y la plataforma convocantes de los paros se han opuesto desde el primer momento a cualquier tipo de proceso selectivo de estabilización que suponga opositar frente a otros aspirantes ante el temor de quedarse sin trabajo. En 2017 se firmó un pacto a nivel estatal entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, al que se opusieron las centrales con presencia en Canarias, donde se preveía oposiciones extraordinarias de estabilización que aún no se han convocado en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
El Ministerio quiere un acuerdo antes del verano con las autonomías y los sindicatos
El consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, se congratuló ayer, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, de que el Ministerio aporte medidas que ayuden a resolver este asunto. “La única solución es un cambio en las leyes estatales”, consideró al estimar que, al margen de la denominación que se le quiera dar, el objetivo es que los trabajadores que llevan mucho tiempo vinculados a la Administración puedan permanecer en su puesto de trabajo hasta la jubilación. No obstante, Pérez afirmó desconocer el detalle de las declaraciones de Iceta al encontrarse en la reunión del Ejecutivo.
Esperanza de acuerdo
Lo que sí espera el titular de Función Pública del Gobierno regional es que en la nueva reunión negociadora que está prevista hoy entre el Ejecutivo y el comité de huelga se alcance un principio de acuerdo tras el acercamiento que se produjo hace una semana. “Estamos esperanzados en que haya un acuerdo”, dijo Pérez, que confía en que la solución que se adopte no reproduzca el conflicto y que las comunidades autónomas puedan resolver los problemas concretos que se les presenten.
En su comparecencia de ayer en el Senado, Miquel Iceta, indicó que su objetivo es alcanzar una tasa de temporalidad inferior al 8% en el conjunto de las administraciones públicas: “Mi compromiso es que antes de verano las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos alcancemos un acuerdo sobre todas estas cuestiones”, subrayó. La temporalidad afecta a todas las administraciones, aunque en menor medida a la Administración General del Estado, aproximadamente el 8%, pero a nivel autonómico en ocasiones supera el 30% y el 13% en las entidades locales. En el caso de Canarias, el nivel de interinidad de la Administración autonómica ronda el 40%, aunque hay departamento donde es superior.
Julio Pérez confía en llegar a un pacto para desconvocar el conflicto de los interinos isleños
“Reformaremos el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo. El objetivo es desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima”, adelantó.
Por otro lado, el ministro anunció que en septiembre llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.
