Katiuska Bouza, nacida en Venezuela, hija de un canario y una venezolana, emprendió una cruzada cuando, de forma sorpresiva, la Consejería de Trabajo de la Embajada de España en Venezuela le quitó la ayuda sanitaria a su marido en febrero de 2020, con efectos retroactivos, con el argumento de que no estaba incapacitado tras sufrir un infarto en 2018. Manuel López González, un gallego de 50 años, tuvo mala suerte porque tras el ataque al corazón fue a dos médicos diferentes y ambos diagnosticaron problemas estomacales. Al final, la familia optó por llevarlo a una clínica privada en Caracas donde le hicieron una angioplastia y un cateterismo y “eso costaba un montón de dinero”, expone Katuska: más de seis mil dólares lo que los dejó sin ahorros y sin posibilidad de garantizar los estudios a sus hijas de 18 y 13 años. La enfermedad obligó a Manuel a abandonar su trabajo de informático, y durante un año logró recibir una prestación económica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que reconoció su incapacidad y le dieron una pensión y atención sanitaria de la Fundación España Salud (FES). Es un paciente coronario al que le ha sido indicada la colocación urgente de un marcapasos, expone Katiuska. Pero en febrero de 2020 y porque preguntó, se enteró de que a su marido le quitaron la pensión, ”así, sin más, sin resolución y sin nada”, cuenta. La notificación llegó en mayo y con carácter retroactivo, diciéndole que le habían retirado la pensión en diciembre, con el argumento de que no estaba incapacitado, según evaluación médica, una evaluación con unas pruebas clínicas de febrero, cuando se hizo el cateterismo, nueve meses antes, explica. Cuando Kastiuska vio que a ellos, siendo emigrantes gallegos e hijos de canarios, les negaban esa ayuda y la FES compraba un edificio, el Le Baron, para reorganizar sus servicios, empezó a investigar en qué se gastaban el dinero. La Fundación España Salud da cobertura médica a emigrantes españoles pensionistas, mayores de 65 años , pero el convenio con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social plasma que la prestación es para emigrantes españoles que carezcan de recursos suficientes, por lo que su marido, enfermo, y la familia sin recursos, entraban perfectamente en el perfil de los beneficiarios.
Empezó a mirar actas en el catastro sobre el edificio y encontró por casualidad los ingresos en una cuenta en Panamá. Al final su olfato dio lugar a que saliera públicamente que la FES había abierto una cuenta en el Allbank, en Panama, un paraíso fiscal, y por mala gestión de sus directivos perdió dos millones de euros al quebrar esta entidad bancaria. Katiuska asegura que en Venezuela hay más casos como el suyo, de personas que no reciben las prestaciones o se quejan de la asistencia de la FES y más en tiempos de la covid. La FES atiende a emigrantes en un edificio que, según los técnicos, está en malas condiciones y ha comprado el Le Barón, un inmueble en el centro de Caracas por 4, 75 millones de euros, donde pretende dar asistencia a los beneficiarios de los convenios que tiene suscritos con el Ministerio y los gobiernos canario, asturiano y gallego. En este caso, Manuel es gallego. En el nuevo edificio habrá 12 consultas, indican desde la FES, que tiene convenios con una cincuentena de clínicas privadas a las que derivan a los emigrantes canarios si necesitan intervenciones quirúrgicas. Kastiuska cuenta que entablaron juicio, “toda una proeza en un país donde hasta una llamada internacional es difícil de hacer”, pero lograron acceder a justicia gratuita. El expediente lo pidió el tribunal el 8 de febrero de este año y aún no lo han enviado. Mientras tanto se ha pedido una medida cautelarísima pare que le den asistencia , porque su marido requiere un marcapasos .
