Las ayudas a la dependencia son “completamente insuficientes”. Con estas palabras reconoció ayer la consejera de Derechos Sociales, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el pleno del Parlamento de Canarias la deficiencia que existe en este tipo de prestaciones en el Archipiélago, que tienen el objetivo de sufragar la asistencia a aquellas personas que necesitan ayuda para realizar actividades básicas en su vida diaria.
Santana respondió así al ser preguntada por el diputado popular Poli Suárez acerca de las declaraciones realizadas por el director general de Dependencia, Miguel Montero, en una entrevista publicada en este periódico, en las que aseguraba que las cantidades de la Ley de Dependencia “son una mierda”.
“Aunque suene duro, estoy de acuerdo con ese calificativo”, respondió Santana, para quien estas palabras son un reflejo que permita a la ciudadanía “ver que somos personas, que no estamos en un pedestal”, porque fueron pronunciadas con “sinceridad y honestidad”.
Sin embargo, la consejera canaria destacó que lo que se debe cambiar “es el fondo, no la palabra”, y que las personas dependientes en el Archipiélago, y también con discapacidad, “empiecen a cobrar más”, aunque no detalló que fuera a incrementarlas en el corto plazo.
Lo que sí ha recordado Santana es el estado en el que se encontró el sistema de dependencia en Canarias cuando llegó al Gobierno regional. Una situación que calificó de “dramática” con un sistema totalmente “desmantelado”, tanto, que ni siquiera se podía consultar las cuantías que cobran los usuarios por la ausencia de un gestor de expedientes cuyo proceso de licitación está ya en marcha.
El popular Poli Díaz ha incidido en que otras comunidades españolas como Castilla y León ha aumentado en dos años estas prestaciones con recursos propios y le recriminó que se centre en hablar y no en proponer, al mismo tiempo que le acusaba de quebrantar el principio de lealtad entre instituciones al haber acusado a los ayuntamientos de falta de colaboración a la hora de acelerar la tramitación de los informes necesarios.
Santana aseguró que Canarias quiere compararse con comunidades como Castilla y León o Extremadura por su buena gestión y mantuvo que existe colaboración con estas regiones en este sentido.
La consejera manifestó alegrarse por el “cambio” que “al menos” a nivel de comunidades ha operado en el Partido Popular, y que haya desterrado su anterior apuesta y “no haga” como cuando gobernó Mariano Rajoy, con constantes “recortes” en la dependencia.
Una fórmula que Santana ha contrastado con el plan de choque “con más de 3.600 millones para dependientes” anunciado por el Gobierno central. Una iniciativa que se desarrollará hasta 2023 y que tiene objetivos como reducir las listas de espera de la dependencia, mejorar las condiciones y calidad de los servicios profesionales y también aumentar las prestaciones para las personas dependientes.
Envejecimiento
Santana también se refirió ayer al reto que deberá afrontar Canarias en los próximos años debido al envejecimiento poblacional, ya que se calcula que dentro de solo 15 años habrá en el Archipiélago 600.000 personas mayores de 65 años, un colectivo que en 2035 habrá experimentado un crecimiento que casi alcanzará el 60%.
Respondiendo a la pregunta de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, la consejera avanzó que los 200 millones de los fondos europeos que recibirá la comunidad para el ámbito de derechos sociales servirán en parte para modernizar y definir los centros de mayores. Santana señaló que una de las apuestas de futuro pasará por los centros intergeneracionales, espacios donde convivan mayores y jóvenes para favorecer su relación. La consejera también valoró la opción del sistema de vivienda colaborativa o cohousing, alternativas a las residencias de mayores que funcionan como cooperativas, aunque apuntó que en los próximos años también se crearán nuevas plazas residenciales en centros tradicionales y apostó por mejorar los sistemas de atención domiciliaria, para atender a aquellas personas que prefieran permanecer en sus casas.
