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El PSOE se queda solo en la defensa del reparto estatal de los fondos europeos

NC y ASG critican que el sector turístico reciba solo 3.400 millones del total de la financiación a pesar de representar el 12% del PIB de toda España y el 35% en las Islas

El PSOE se queda solo en la defensa del reparto estatal de los fondos europeos

El PSOE se queda solo en la defensa del reparto estatal de los fondos europeos

El Partido Socialista (PSOE) se quedó solo ayer en la defensa del actual reparto que el Estado tiene previsto realizar a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, el programa que articulará la distribución de los 70.000 millones de euros del fondo Next Generation de la Unión Europea (UE). El plan, que ayer el Gobierno central aprobó y remitió a Bruselas, solo destina 3.400 millones de euros a inversiones en el sector turístico, una cantidad que tanto a Nueva Canarias (NC) como a la Agrupación Socialista Gomera (ASG), –socios del PSOE en el Ejecutivo regional–, les pareció insuficiente, si se tiene en cuenta que este dinero apenas supone menos de un 5% del total, mientras que la industria turística representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) estatal, un porcentaje que se eleva hasta el 35% en el caso de Canarias.

El PSOE se queda solo en la defensa del reparto estatal de los fondos europeos

Ambas formaciones expresaron sus críticas a esta distribución en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado ayer, en el que el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó en una comparecencia el “poco peso” que tiene en este plan “uno de los sectores determinantes para la economía”, mientras que otros como el automovilístico están sobredimensionados.

El también vicepresidente del Gobierno canario lamentó que no se haya contado con las comunidades para diseñar este plan, a pesar de que son las autonomías las que van a gestionar “al menos el 40% de los fondos”, algo que bajo su punto de vista también ha incidido en que el reparto no tenga “cierta territorialización”, algo que sí ha ocurrido, por ejemplo, en el fondo React EU, que fue coordinado con las comunidades autónomas y del que Canarias recibió más fondos de los que le hubieran correspondido por población, debido a la mayor incidencia de la crisis en el Archipiélago.

Por último, criticó que el documento elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez “solo cita someramente las reformas” que Bruselas ha exigido como contrapartida y mostró sus dudas respecto a que España haya reducido a tres años el plazo para ejecutar estos fondos, a pesar de que la UE permite que se haga en seis.

En este mismo sentido se manifestó la diputada de NC, Esther González, quien aunque apuntó que la formación comparte la orientación y objetivos de este plan, no ocurre lo mismo con la “escasa participación” que ha tenido. “Se asignan cantidades que no son proporcionales”, argumentó y detalló que en el caso de los fondos que irán a parar al sector turístico “son siete puntos inferiores a la riqueza que genera en el PIB español y 30 menos que la que genera al canario”.

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) lamentó que todavía no se haya determinado ni cuánto dinero le corresponderá a Canarias a través de este plan, ni tampoco los criterios para este reparto. “Nos hubiera gustado que al ser uno de los territorios más afectados, Canarias hubiera tenido un trato diferenciado”, valoró la diputada Melodie Mendoza, quien también criticó que el plan solo incluya “3.400 millones para todo el sector turístico nacional”.

El diputado del PSOE Iñaki Lavandera fue el único que ayer defendió la actual distribución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en el Parlamento de Canarias. El socialista aseguró que el sector turístico se beneficiará “de forma trasversal” del reparto del resto de los fondos del programa, ya que la sostenibilidad y la digitalización, dos de los ejes que lo vertebran, también inciden en la transformación del modelo turístico. Destacó que este plan es “el más ambicioso de la reciente historia de España” y defendió que el Gobierno central se ha basado en la participación de los agentes sociales y económicos, de la iniciativa privada y de las comunidades autónomas para dar forma a la propuesta que ha remitido a la UE.

Al mismo tiempo concretó que el documento aprobado ayer por el Ejecutivo nacional no concreta las reformas que en el ámbito fiscal, laboral o de pensiones deberá abordar el país por exigencia de Bruselas, porque tendrán que definirse a posteriori a través del diálogo social.

Los grupos de la oposición también mostraron ayer sus dudas respecto a la concreción del reparto de los fondos europeos Next Generation. El portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, también receló respecto a la capacidad de la Administración para ejecutar los fondos en el tiempo que ha propuesto el Estado. “Es mucho pescado para comérnoslo en tres años”, aseguró y señaló que en el documento él ve solo “una declaración de intensiones” por su falta de concreción y de territorialización.

Hay “oscurantismo y opacidad en la gestión de estos fondos”, denunció el diputado popular Fernando Enseñat, quien valoró que el vicepresidente Román Rodríguez empiece a sumarse a las críticas que su partido lleva tiempo realizando, mientras que Ricardo Fernández de la Puente, diputado de Ciudadanos (Cs), señaló el riesgo que puede producirse al quedar priorizar su rápida ejecución. Un riesgo que podría pasar por la reducción de controles y garantías y la politización de su gestión.

Rechazo al discurso del odio

El Parlamento aprobó ayer una declaración institucional en la que considera inaceptable “el discurso del odio”, que no puede ser “normalizado”, y pide que se investiguen hasta las últimas consecuencias las amenazas y agresiones a cargos públicos y candidatos electorales. La institución rechaza la actuación violenta contra “actos electorales legítimos” como ha ocurrido en anteriores campañas como las generales de 2019 o las últimas campañas autonómicas en Cataluña o Madrid.

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