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Crónica parlamentaria

El riesgo de descarrilar

El Gobierno acepta que la gobernanza de los fondos europeos, que será suya y solo suya, se regule en una ley

Ángel Víctor Torres abandona el salón de sesiones. | | CARSTEN W. LAURITSEN

Ángel Víctor Torres abandona el salón de sesiones. | | CARSTEN W. LAURITSEN

Todo Gobierno mima un conjunto de supuestos implícitos que sirven para mantener su cohesión interna y para alimentar su maquinaria propagandística. Son representaciones axiomáticas de la realidad y políticas públicas que se presentan como obviedades indispensables para el bienestar de todos. Las del Gobierno de Canarias, básicamente, son una reacción mimética de las del Gobierno central, a saber: la situación es muy mala pero a final del verano estará vacunada el 70% de la población y en lo que se refiere a la crisis económica (desempleo, cierres empresariales, hundimiento de la demanda) se trasformará en una oportunidad espléndida para transformar nuestras estructuras económicas y recursos tecnológicos gracias al maná multimillonario que llegará de la Unión Europea: una Canarias más moderna, más justa, más próspera y con más empleo de calidad. Mientras tanto funciona un poderoso escudo social, un arma defensiva a medio camino entre el Capitán América y Vicky el Vikingo, que protege a los más débiles y vulnerables. Básicamente ese es el cuento, el proyecto y hasta la excusa del Gobierno de Ángel Víctor Torres y el de Pedro Sánchez o viceversa.

A medida que se aproxima el chaparrón que hará llover café europeo en el campo el relato se va intensificando hasta el paroxismo. Porque aumenta el paro, se continúan cerrando empresas y comercios, las colas para la donación de alimentos no se acortan, el precipicio de la desigualdad se ahonda y las ayudas (directas e indirectas: ingreso mínimo vital, renta ciudadana, dependencia, apoyo a pymes y autónomos) no llegan o llegan a cuentagotas. Por eso los fondos extraordinarios de la UE adquieren una estatura, más que histórica, mesiánica. Por supuesto que lo hicieron en el pleno parlamentario que terminó ayer en la calle Teobaldo Power. Verbigracia, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien afirmó rotundamente que gracias a los fondos europeos “se podrán reconstruir desde la base las políticas sociales en Canarias”. Por supuesto, la señora Santana se evitó la enojosa explicación capaz de enlazar la llegada de los fondos con el fortalecimiento de políticas sociales renovadas. Ninguno de las líneas de ayuda financiera de la UE está destinada a sostener políticas sociales o asistenciales. Pero los gobernantes terminan secuestrados por los mismos espejismos con los que embelesan (o tranquilizan) a los administrados.

En realidad las probabilidades de descarrilar son muy elevadas. Van a llegar cientos de millones de euros, efectivamente, pero una inversión relevante en una veintena de proyectos empresariales no transforma inmediatamente un sistema económico, ni crea en un periquete decenas de miles de empleos cualificados ni arrastra, sin problemas disruptivos, asimetrías y potenciales contradicciones, al resto de las actividades económicas. Y sin embargo eso es lo que se desliza a la ciudadanía en un magma de declaraciones tan optimistas como vacías, dentro y fuera de la sede parlamentaria. “Tenemos que gastar hasta el último euro que venga de Europa”, insistía ayer Jesús Ramón Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Por desgracia la ejecución del gasto no garantiza de ninguna manera los resultados y su impacto en la creación de empleo puede ser limitado. Una cosa es gastar todas las perras – una praxis muy casimirista – y otra poder diseñar una estrategia eficaz de desarrollo vinculando las inversiones y los proyectos con potencialidades y demandas en la geografía económica de Canarias. Enegás y el Grupo Disa se han comprometido en una alianza para la producción, distribución y comercialización de hidrógeno verde en Gran Canaria y Tenerife. El proyecto se denomina Clúster Hub Hidrógeno Renovable Canarias, cuenta con una amplia y potente participación pública y privada y opta a los fondos Next Generation. La iniciativa es muy atractiva y tendría una relevancia estratégica para el desarrollo económico de Canarias, pero no crearía mucho más que 200 puestos de trabajo. Es necesario entenderlo y asumirlo: las inversiones en energías renovables, como otras de alta especialización y exigencia en I+D+i, devienen imprescindibles para nuestro futuro, pero no generan decenas de miles de empleos. No lo harán nunca. El grueso de la recuperación laboral de las Islas deberá venir de la reactivación del turismo y la construcción, y tal y como señaló Román Rodríguez, las inversiones para el impulso y la modernización del sector turístico turismo no llegan al 5% del monto del Plan España , aprobado en el último Consejo de Ministros y enviado ya a Bruselas.

Todos los partidos votaron ayer, al término del pleno, que las medidas urgentes para la agilización administrativa, la gestión y el control de los fondos NG de la Unión Europea no se regularan a través de un decreto ley, como pretendió inicialmente el Gobierno autonómico, sino de un proyecto legislativo que se debatirá y votará por el procedimiento abreviado. Mucho mejor. La oposición insistió (y la mayoría no negó) que el borrador del decreto ley presentaba vacíos intolerables. Muchos factores son inquietantes: el ninguneo al Plan Activa Canarias con el que el Ejecutivo se coronó publicitariamente hace un año y que ahora olvida, la ausencia (restada la palabrería) de una auténtica y articulada orientación estratégica por parte de las autoridades canarias, la escasísima labor de la participación de la sociedad civil en la gestión de las inversiones que se consigan y la marginación deliberativa de cabildos y ayuntamientos, el peligro de la arbitrariedad y la inseguridad jurídica. No habrá una segunda oportunidad. Europa no pagará indefinidamente ayudas directas o la extensión de los ERTE o inversiones millonarias en digitalización o energías verdes. Esta es, sin duda, la peor crisis económica de Canarias, pero también la salida más compleja y arriesgada de cualquier coyuntura crítica anterior. Equivocarse nos llevaría a un fracaso histórico del que sería extraordinariamente difícil liberarse en las próximas décadas. Las inversiones europeas deben acompañarse de reformas. Y no solo las que demandará Bruselas, sino las que están en manos canarias, como, por ejemplo, una reforma estructural, competencial y financiera que afecte a todas nuestras administraciones públicas para que sean más ligeras, eficientes, racionales y rápidas que no sean un hándicap al desarrollo, la innovación y la creatividad. Pero de eso, por supuesto, no se habla en la Cámara. Hasta que el destino nos alcance.

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