Todo estaba preparado para que este viernes 30 de abril se firmara el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los sindicatos, que tenía el objetivo de sentar las bases para dejar fijos al personal interino en abuso de temporalidad que trabaja para la Administración autonómica. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se había mostrado decidido a no esperar por el Estado para tratar de dar una solución a más de 3.000 funcionarios que llevan 10, 15 o incluso 20 años desarrollando su labor en el sector público. Sin embargo, a última hora del jueves la Consejería decidió suspender la firma del acuerdo.
La falta de un «informe jurídico» que validara la legalidad del pacto alcanzado entre el Ejecutivo y los representantes sindicales fue la razón que esgrimió la directora general de Función Pública, Laura Martín, para que se optara por «aplazar» la firma de este acuerdo con los sindicatos. «Todas las adaptaciones que hacemos deben hacerse conforme a la legalidad vigente», explica y asegura que el documento que se había solicitado «no ha llegado a tiempo» y por lo tanto han considerado «más prudente» cambiar la fecha.
Según el Gobierno, el acuerdo podría firmarse en quince días, una vez se reciba el informe jurídico
Un aplazamiento que según Martín no cambia el compromiso político que ha manifestado la Consejería para establecer mesas de trabajo a través de las que buscar fórmulas que permitan conseguir la permanencia del personal no fijo de la Administración regional en situación de abuso de temporalidad. Y añade que el acuerdo podría firmarse en quince días, una vez se reciba el informe jurídico.
Sin embargo, la suspensión de la firma no ha sentado nada bien a los sindicatos convocantes de la huelga -Sepca, Intersindical y Co.bas-, que ayer aseguraron que no admitirán ni un solo cambio en el acuerdo que se tenía previsto firmar. El comité mantiene que el acuerdo se ha paralizado «por una llamada de Madrid» y también culparon a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF de «presionar» al Ejecutivo canario porque este acuerdo no va en la línea del firmado a nivel estatal entre estos tres sindicatos y el Gobierno central.
Sepca, Intersindical y Co.bas advierten que no firmarán si hay cambios en el acuerdo cerrado
La directora general de Función Pública aseguró ayer que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, -comandado por el socialista Miquel Iceta- está haciendo un seguimiento cercano de las actuaciones que están llevando a cabo las comunidades para tratar de solventar este problema, ya que es precisamente el personal de las autonomías el más afectado. De hecho, mientras que la Administración General del Estado cumple con el ratio de temporalidad, fijado en un 8%, no es así en el caso de las comunidades y por ejemplo en Canarias el 40% de su personal se encuentra en condiciones precarias.
Martín descartó que la razón de este aplazamiento haya sido una llamada del Ministerio inquieto por el avance de esta negociación, aunque reconoció que Madrid sí ha puntualizado que «a ellos les hubiera gustado que algunos términos de ese acuerdo se hubieran manifestado en otro sentido», algo que para ella no va más allá «de un simple comentario».
El comité de huelga recrudece el conflicto laboral que se había apaciguado en los últimos días por el acercamiento entre las dos partes y el principio de acuerdo al que se había llegado. Tras conocerse la desconvocatoria de la firma se produjeron concentraciones de protesta en las dos capitales canarias y ocho miembros del comité de huelga se encerraron en el Edificio de Servicios Múltiples I de la capital grancanaria.
El Ministerio se ha mostrado disconforme con algunos términos del documento
Los portavoces de los sindicatos Manuel González (Sepca) y Rafael Rodríguez (Intersindical) tacharon ayer de «poco serio» al Ejecutivo regional por paralizar la firma y ceder a las «presiones» de «Madrid, los sindicatos minoritarios en Canarias y grupos empresariales». Para las centrales convocantes del conflicto «este Gobierno no tiene credibilidad si acepta presiones y no defiende a sus propios trabajadores, no vamos a aceptar cambios en el acuerdo».
Los dirigentes sindicales manifestaron su estupor porque el consejero Julio Pérez esgrima ahora un informe jurídico cuando «ha tenido tiempo para encargarlo cuando lo cerramos, si quieren modificaciones no seguiremos negociando», aseveran.
