Los concejales con representación en el Ayuntamiento de Antigua, salvo el edil de Podemos, han votado a favor de una moción en la que se plantea una gestión migratoria responsable días después de que el Consistorio mostrara su malestar por el alojamiento de un grupo de inmigrantes en un hotel de Caleta de Fuste. La moción destaca como ideas principales, la defensa de una atención digna a los inmigrantes y una gestión responsable en la prestación de los servicios que precisan, especialmente sanitarios, sin que ello concurra en contradicción con el desarrollo económico de localidades principales como las turísticas, ha informado el Consistorio majorero en un comunicado.

El alcalde agradeció el apoyo mayoritario a una moción que se remitió de forma inmediata al Ministerio de Migraciones, a la Delegación de la Administración del Estado en Canarias y en Fuerteventura, a la Federación de Municipios Turísticos de Canarias, a la FECAM, al Cabildo y a todos los municipios majoreros para que valoren su adhesión si así lo creen conveniente.

El regidor municipal, Matías Peña, ha destacado el compromiso «constante y sereno» mostrado en todo momento por la Asociación de Empresarios de Caleta de Fuste (AECA) con el objetivo común de resolver «de forma inmediata, el traslado de los inmigrantes alojados en un hotel y en una zona turística». Con este fin, ambas partes han solicitado una reunión de urgencia con el delegado de la Administración del Estado en Canarias y el director del Servicio Canario de Salud para resolver con urgencia la situación creada en la localidad turística de Caleta de Fuste.

El PP cree que el alcalde de Antigua, Matías Peña, «se acobarda, recula y deja desamparada» la zona turística de Caleta de Fuste y ha pedido una gran manifestación para exigir que se los reubique fuera de los núcleos turísticos. En un comunicado, el PP anunció que enmendará la moción del Ayuntamiento de Antigua, porque en ella «no exige» la salida de estos inmigrantes de «inmediato del hotel» donde se alojan en Caleta de Fuste.

Y, al mismo tiempo, tampoco «exige que se estudien alternativas posibles en la isla para el realojo, con unas condiciones humanas dignas para los inmigrantes, y no dañar así la recuperación turística de la localidad, como sí propone el Cabildo de Fuerteventura.