La hospitalización en España del líder polisario Brahim Gali ha vuelto a poner bajo el foco el conflicto en el Sahara Occidental, un territorio en disputa desde hace más de 45 años, ejemplo del fracaso de la diplomacia por una soterrada lucha de intereses políticos, económicos y geoestratégicos en el noroeste de África. Unas disputas que hunden sus raíces en la Guerra Fría del siglo XX.
La situación en la antigua colonia española salta a la actualidad cada cierto tiempo y esta vez ha sido por la polémica entrada en España del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con implicaciones judiciales al existir denuncias contra Gali en la Audiencia Nacional. Antes fue por el apoyo de Donald Trump a la soberanía de Rabat sobre el Sahara, el reinicio de las hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos en el puesto fronterizo del Guerguerat, la visita de Mohamed VI a El Aaiún en 2015 para conmemorar el 40 aniversario de la Marcha Verde o los graves enfrentamientos de 2010 entre la policía marroquí y la población saharaui en el denominado ‘campamento de la dignidad’ de Gdeim Izik, con muertos por ambos bandos.
Más lejos en el tiempo quedan los infructuosos intentos de la comunidad internacional de buscar una solución «pactada a través de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) o la guerra abierta entre Marruecos y el Frente Polisario tras la retirada deshonrosa de España de su antigua colonia, en plena agonía del general Franco.
¿Qué ha cambiado en el Sahara Occidental en los últimos 45 años? Muy Poco. ¿Hay allí una guerra, aunque sea de baja intensidad? Ni en eso existe acuerdo entre las partes enfrentadas. El Polisario asegura que sí y Marruecos lo niega. ¿Hay alguna posibilidad de arreglo pacífico? No se vislumbra a corto plazo.
La llegada en secreto de Brahim Gali al hospital San Pedro de Logroño para tratar la infección de coronavirus ha dado pie a la última escaramuza diplomática y ha dejado al Gobierno español en una posición delicada. El gabinete de Pedro Sánchez aceptó que sea atendido en esa clínica de La Rioja tras la mediación y las presiones de Argelia, pero ante las protestas de Marruecos, las ministras de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Sanidad, Carolina Darias, tuvieron que salir a aclarar que se acoge a Gali por razones «estrictamente humanitarias».
Gali y otros 27 miembros del Frente Polisario están denunciados por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) por presuntas torturas y desapariciones de disidentes en los campos de refugiados de Tinduf durante la década de 1980. La Audiencia Nacional admitió a trámite la querella en 2012 y citó como investigados a Gali y los otros dirigentes. Al no presentarse, archivó provisionalmente la denuncia.
Ante la petición de Asadedh y de las autoridades marroquíes de que se actúe contra Gali aprovechando su presencia en un hospital español, la Audiencia Nacional ha negado que exista ninguna orden de detención contra él. La Oficina de Comunicación de ese tribunal ratificó este jueves que no hay nuevas actuaciones judiciales contra el líder saharaui.
El Ministerio de Exteriores de Marruecos deploró la decisión de acoger a Gali en La Rioja y convocó al embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para pedir aclaraciones. En un comunicado, el Gobierno de Rabat mostró la «decepción» al entender que es un acto «contrario al espíritu de asociación y buena vecindad», además en «una cuestión fundamental para el pueblo marroquí y sus fuerzas vivas».
Audiencia Nacional
La asociación denunciante asegura que el pasado 22 de abril, tras enterarse de la llegada de Gali a España, informó a la Audiencia Nacional de que «quizás lo hizo con una identidad que no es la suya y por un aeropuerto con poco tránsito, el de Zaragoza, a 200 kilómetros de Logroño», según ha revelado Ramdan Mesaud Larbi, presidente de Asadedh, quien sospecha que «se hizo con la intención de eludir a la justicia, porque si no hubiera aterrizado en Madrid o en Barcelona, a diez minutos de un hospital bien equipado, y no iría a La Rioja».
Asadedh, según su presidente, ha pedido a la Audiencia Nacional «el cierre de fronteras al investigado en caso de que se recupere y que se le cite para que comparezca, y que sea el juez el que decida su situación». Ante el hecho de que no existen requerimientos judiciales contra Gali, Larbi aclara: «Nosotros nunca hemos dicho que Gali esté en busca y captura, ni mucho menos, sí hemos dicho que ha sido citado en dos ocasiones, una en 2013 y otra en noviembre de 2016, cuando iba a participar en un acto en un Parlamento de Cataluña; por tanto, dos veces eludió a la justicia y son delitos que no prescriben ni se archivan, aunque son temas complejos por la cantidad de investigados que no se pueden localizar, pues viajan con pasaportes argelinos».
Por su parte, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, agradece el gesto hacia su máximo representante, pero también lamenta que Madrid, históricamente, se ponga de perfil ante la cuestión del Sahara o apoye las estrategias de Marruecos. «Nosotros seguimos creyendo que España sigue siendo la potencia administradora del territorio y tiene que actuar en consecuencia, admitiendo sus responsabilidades, pero sí que entendemos también que la presencia del presidente saharaui en un hospital de España responde a una coherencia a su política de acogida por razones humanitarias, por lo tanto, una cosa no quita la otra», apunta.
Respecto a la situación en el territorio, Arabi asegura que Marruecos y el Frente Polisario llevan cinco meses en guerra, desde los sucesos de Guerguerat, aunque solo «en fase de hostigamiento» entre los dos ejércitos. Y no entiende que Marruecos lo niegue y al mismo tiempo presuma de causar bajas con drones entre las filas de la RASD.
«Las Naciones Unidas -subraya- han tenido una oportunidad clara la semana pasada, en el debate al nivel del Consejo de Seguridad, y no han señalado la existencia de esa guerra, lo cual demuestra la complicidad de algunos países miembros del Consejo de Seguridad con la estrategia de Marruecos de ocultar esta guerra».
Arabi denuncia que el uso de los drones por parte de Marruecos «es ilegal en este momento, pues si no reconoce públicamente la existencia de esa guerra no le está permitido utilizar esos aparatos», como ocurrió con el ataque y fallecimiento del jefe de la Gendarmería de la RASD. «Nos llama la atención que se habla de las víctimas de los ataques con drones, pero no se reconoce la existencia de la guerra».
El Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental (Ceso) de la Universidad de Santiago de Compostela, encabezado por el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruiz Miguel, considera que no solo existe un conflicto armado, sino que el Frente Polisario estaría legitimado a volver a la guerra porque Marruecos «ha violado el acuerdo del alto el fuego».
En un reciente memorándum, este foro universitario concluye que «el problema para resolver la cuestión del Sáhara Occidental no es ni las discrepancias en el censo, ni la viabilidad o inviabilidad de las propuestas presentadas, ni la falta de diálogo, sino que la única causa que dificulta la solución es el propósito de Marruecos y sus aliados de conseguir un reconocimiento internacional de su anexión ilegal vulnerando toda la doctrina de las Naciones Unidas y vaciando de contenido todos los fines y propósitos de la Minurso, para lo cual no hace falta ninguna negociación, ni la participación del Frente Polisario y mucho menos de Argelia».
Legitimidad
«Por estas razones», recalca, «la vuelta a la guerra del Frente Polisario es totalmente legítima. No solo es la respuesta ante la violación de todos los derechos fundamentales de la población saharaui, es la respuesta ante un trato totalmente injusto para quién confió durante casi treinta años en las instituciones internacionales». Según el Centro de Estudios, el Gobierno marroquí «ha quebrantado el alto el fuego con su acción militar en el Guerguerat porque viola el Acuerdo Militar Número 1 entre la Minurso y las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, que no contempla ese puesto como zona de paso del muro de separación, por eso su instalación ya supuso en su momento una alteración del statu quo, tal como advirtió el Secretario General de la ONU en el informe S/2001/398».
En términos similares se pronuncia Carmelo Barrios, coordinador del Intergrupo sobre el Sahara de los parlamentos autonómicos y diputado del PP en la Cámara Vasca, quien achaca al gobierno de Rabat la reanudación de las hostilidades. Marruecos, a su juicio, «siempre está provocando y tratando de forzar a los demás países, pues está bien claro que en Guerguerat hubo una alteración del statu quo y del alto el fuego».
El parlamentario vasco entiende que la acogida a Brahim Gali en España es «un gesto loable de solidaridad y buena vecindad», pues se trata de una persona mayor que vive en los campamentos de Tinduf, donde las instalaciones sanitarias son precarias. «España es el mayor cooperante con el pueblo saharaui, aunque eso moleste mucho a algunos dirigentes de Marruecos, que son los únicos que se molestan por eso», precisa.
Barrios explica que el Intergrupo de los parlamentos españoles «defiende la legalidad internacional y que se deje ejercer al pueblo saharaui el derecho de autodeterminación tras el régimen colonial, pero Marruecos dificulta y entorpece cada día los esfuerzos de las Naciones Unidas por buscar una solución».
En esa idea también incide Carmelo Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (Fedissah) y consejero de NC en el Cabildo de Gran Canaria, quien recuerda que «desde hace 45 años se vienen conculcando los derechos del pueblo saharaui a celebrar un referéndum de autodeterminación, algo que tiene reconocido por las Naciones Unidas desde el año 1962.
Ramírez sostiene que «en virtud de unos ilegales acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, desde 1975 se viene ocupando militarmente todo el territorio del Sahara Occidental». Por tanto, argumenta, «son 45 años de violación de los derechos humanos, de represión de la población cilvil saharaui y de incumplimientos de las resoluciones de la ONU, además de expoliar sus recursos naturales, como la pesca y los fosfatos».
El portavoz de las organizaciones solidarias con el pueblo saharaui también considera que la situación actual en el territorio es de guerra, a poco más de 100 kilómetros de las Islas Canarias, aunque Marruecos y sus aliados no lo quieran admitir. «No ha habido solamente escaramuzas, sino bombardeos de Sur a Norte a lo largo del muro, ha habido bajas marroquíes y saharauis, la más conocida es la del jefe de la Gendarmería, que murió al ser atacado con bombas de un dron con tecnología de Israel», resalta Ramírez, quien asegura que «hay una estrategia de no hablar del conflicto por parte de Gobierno de Marruecos, pero eso no se sostiene porque también hay organizaciones internacionales de Aviación Civil que están recomendando no sobrevolar el Sahara por el conflicto existente».
Ahmed Moussa, cónsul general de Marruecos en Canarias, dibuja un escenario totalmente distinto. A su juicio, «lo que hay realmente» es una renuncia y un incumplimiento por parte del Polisario del compromiso del alto el fuego al declarar la guerra de forma unilateral. «Este grupo armado, conjuntamente con Argelia, está llevando a cabo una campaña mediática para desinformar e inducir en error a la comunidad internacional, anunciando con toda pompa un conflicto armado que realmente no existe. En el Sahara marroquí reina la estabilidad total y la ausencia de cualquier conflicto armado, como han comprobado los medios que han viajado a las diferentes ciudades y han que la población vive en paz, haciendo su vida cotidiana con total normalidad», afirma el cónsul Moussa.
