Los trabajadores temporales públicos de Canarias denuncian que el Gobierno canario pretende cambiar la Ley de Función Pública camuflando esos cambios en el decreto ley de fondos europeos que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres publicó en el Boletín Oficial de Canarias el pasado Jueves Santo «aprovechando que venían varios días festivos y pensando que no estaríamos pendientes del Boletín», destaca el portavoz de la Plataforma estatal de empleados públicos interinos, temporales y eventuales contratados en fraude de ley (PI), Miguel Quintero.

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 27 de abril la tramitación de este decreto ley «sin tiempo material a que los grupos de la oposición estudien el tema y presenten enmiendas», advierte. Según la plataforma se ha aprovechado el decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de Medidas urgentes para la Agilización Administrativa y la Planificación, Gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next Generation EU para cambiar el artículo 73 de la Ley 2/1987 de 30 de marzo, de Función Pública, de tal forma que la selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, «se realizará por el sistema de oposición o concurso-oposición, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a desarrollar resulte más adecuado el de concurso de valoración de méritos».

Miguel Quintero explica que esto en la práctica supone que deja a criterio del Gobierno cuándo contrata solo con méritos y cuándo no. «Mientras el Gobierno de Canarias no lleva a término la estabilización del personal temporal abre la puerta a la contratación, a su conveniencia, aduciendo términos como agilidad e idoneidad para hacer selecciones de personal a la carta», cuestiona Quintero. «No sacan una norma para la estabilización, pero sí la sacan para lo que les conviene ahora, que es gestionar los fondos europeos», añade.

«No nos reconoce la fijeza a los que ya estamos dentro pero sí abre la puerta trasera a más personal temporal», concluye el portavoz de la plataforma.