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Consejo de Gobierno | Disposiciones ante el final del estado de alarma

Canarias mantiene el toque de queda y las restricciones de la movilidad pendiente del TSJC

El presidente Torres no ve problemas para que el tribunal las convalide

Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres Acfi Press

Canarias mantiene inalterables las medidas y restricciones vigentes hasta ahora para controlar la pandemia y será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que validará o no el decreto que el Gobierno regional publica hoy en el BOC para que entre en vigor la medianoche del domingo. El Ejecutivo sigue la estela de lo sucedido en Baleares, donde el tribunal superior de aquella comunidad autónoma avaló ayer las medidas aprobadas por el Gobierno de Francina Armengol, entre ellas el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, la limitación de los grupos, el aforo limitado en la restauración y en los lugares públicos y de culto y los controles en puertos y aeropuertos. Tampoco se descarta recuperar el cierre perimetral por islas si fuera necesario si alguna de ellas sube al nivel 3, que es el que establece la prohibición de salir más que por razones esenciales.

El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, dijo tras el Consejo de Gobierno que las medidas que se han tomado han dado resultado en el control de la pandemia «por lo que no debemos cambiar nada» y recalcó que, tal y como ha ocurrido hasta ahora, todos los jueves se evaluará la situación y se adoptarán decisiones al respecto en función de cómo evolucionen los niveles de contagios en cada isla.

El TS adelanta que ve «problemático» cumplir los plazos que le impone el Gobierno central

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El jefe del Ejecutivo regional no tiene dudas de que el TSJC dará su conformidad a las decisiones adoptadas por la Comunidad Autónoma en la línea del fallo judicial conocido ayer en Baleares, ya que las medidas son similares y ambas comunidades archipielágicas se han coordinado al contar con situaciones similares. Por ello aseguró que todas las decisiones se hacen en base a informes científicos y técnicos y consideró que el precedente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares hacen pensar que en Canarias puede suceder lo mismo, según Torres.

Sin embargo, el presidente en funciones del TSJC, Antonio Doreste, señaló ayer que desde el punto de vista jurídico se trata de una cuestión «difícil» porque colisionan derechos fundamentales con las decisiones que adopte la autoridad gubernativa para controlar la situación sanitaria. Ante estas dudas Doreste da por hecho que serán problemas que tendrá que resolver el Tribunal Supremo. En declaraciones a Canarias Radio, el aún presidente del TSJC cree que se producirán discrepancias entre los distintos tribunales de Justicia autonómicos, por lo que será el alto tribunal el que tendrá que unificar doctrina.

Según Doreste «en primera instancia seremos nosotros, el TSJC, el que resuelva. Pero eso tiene recurso y muy probablemente alguien recurrirá la decisión que se tome y será el Tribunal Supremo el que resuelva». En su opinión «lo que se discute es la competencia de la autoridad autonómica para restringir derechos fundamentales. Lo sabremos rápidamente porque la ley impone unos plazos muy cortos para decidir». El Supremo dirimirá a nivel estatal, por lo que Doreste garantizó que «esto no va a tardar meses y meses».

La mayoría de las comunidades anuncian que levantarán las limitaciones horarias

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Ante la posible avalancha de recursos que puedan haber a partir del domingo y la responsabilidad que le ha dado el Gobierno central para decidir sobre las restricciones de las comunidades autónomas, el gabinete técnico del Tribunal Supremo ha emitido un primer informe sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en el que plantea una serie de problemas procesales y apunta a una «posible insuficiencia» de este tipo de norma para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales. El Supremo también se queja de la sobrecarga de trabajo que va a suponer esta situación, por lo que considera «urgente» que se le dote de «medios personales y materiales», denunciando que su personal ya está «saturado de trabajo».

Sin ‘lagunas’ legales

En este sentido Antonio Doreste advirtió ayer que «si se considera ilegal la decisión de la autoridad autonómica tendría que levantar las restricciones, sin perjuicio de que el Gobierno del Estado pudiera retomar el estado de alarma».

El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno entrará en vigor de inmediato una vez que finalice el estado de alarma estatal para que no haya lagunas legales ya que el sábado a las 23.00 empieza el toque de queda y a las 0.00 horas termina el estado de alarma, por lo que este riesgo se corta con la aplicación a partir de esa hora de las restricciones impuestas por la Comunidad Autónoma, que entrarán en vigor sin esperar a que resuelva el TSJC en el caso de que no haya una resolución judicial el mismo sábado. El presidente Torres abrió la puerta a recurrir al Tribunal Supremo en el caso de que el tribunal canario eche para atrás algunas de las medidas indispensables para mantener las restricciones de la pandemia, como es el caso del toque de queda o la limitación de las reuniones sean en lugares privados o públicos.

El presidente regional se mostró confiado en que, «por comparación y similitudes», el Tribunal respalde la decisión porque, entre otras cosas, el Ejecutivo ha coordinado sus medidas con el Gobierno de Baleares, que el miércoles aprobó unas restricciones muy parecidas por su condición insular y ayer fueron respaldadas por el Tribunal Superior de esa comunidad. En caso contrario, y según anunció, lo recurrirán ante el Tribunal Supremo. Ambos gobiernos le han remitido al Ejecutivo central sus acuerdos y le han pedido que tenga en cuenta sus singularidades compartidas.

Torres recordó que las comunidades autónomas son «autoridades competentes» para arbitrar mecanismos de controles y restricciones ante posibles repuntes de contagios y mientras sigan existiendo positivos en Covid. Torres recordó que el 16 de marzo de 2020 Canarias demandó un trato singular cuando se inició la pandemia para cerrar puertos y aeropuertos tanto entre las islas como con el exterior y, en su opinión, esa decisión «fue un éxito» para controlar la emergencia sanitaria.

El Gobierno canario no descarta el cierre perimetral de las Islas si alguna sube al nivel 3 de alerta

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El presidente canario insistió en que las medidas de control en los puertos y aeropuertos se mantendrán como hasta ahora, de tal forma que para entrar hay que mostrar un test negativo o guardar cuarentena hasta que el viajero se lo haga, mientras que a los residentes en Canarias la Comunidad Autónoma seguirá abonando el coste de la prueba por desplazamientos necesarios fuera de las Islas. Torres resaltó que, en los actuales niveles (1 y 2), «los canarios podemos movernos por todas las Islas sin problema» y que ni el Gobierno ni la sociedad isleña quieren toques de queda o restricciones, pero para eso aún hay que cumplir las normas, avanzar en la vacunación y mantener la buena tendencia actual. «No queremos volver para atrás, por eso necesitamos herramientas para que no decaiga el estado de alarma, los informes de Salud Pública exigen claramente que mantengamos las restricciones durante un tiempo en función del desarrollo de la contagiosidad».

Sin embargo, frente a Canarias y Baleares otras comunidades autónomas han empezado ya a avanzar las medidas que regirán en sus territorios a partir del próximo domingo. La mayoría de ellas pondrán fin al toque de queda y al cierre perimetral al acabar el estado de alarma, salvo Canarias, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana y Baleares, que quieren mantener la limitación nocturna a la movilidad.

El presidente volvió a mostrarse como un ferviente defensor del certificado digital en la UE para garantizar una movilidad segura, de manera que, como ocurre ahora con los controles en Canarias, se pueda viajar a las Islas si se está vacunado totalmente y así se certifica, si se ha pasado la enfermedad o si se porta un test PCR negativo. “Así se lo hemos trasladado al Gobierno de España y también lo he dicho en la última conferencia de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP)” celebrada hace unos días.

Canarias afronta este nuevo escenario a partir del domingo con una tendencia a la baja en los contagios, según los últimos datos debatidos ayer por el Consejo de Gobierno. La incidencia acumulada en el Archipiélago ha confirmado su línea descendente en los últimos días y ayer jueves se ha fijado en 44,6 casos por 100.000 habitantes a siete días y en 92,6, a 14 jornadas. Según remarcó el jefe del Ejecutivo autonómico, se trata de una «buena noticia» que debe seguir confirmándose, pero que deja ya a Canarias por debajo de los 50 casos en 7 días que pone como límite Alemania para permitir a sus ciudadanos viajar a un destino, lo que resulta clave para el principal sector económico del Archipiélago. Torres informó de que también se ha decidido mantener los mismos niveles de ese semáforo que tenían hasta ahora las distintas islas. Así, Fuerteventura, La Gomera y La Palma permanecerán en el uno, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro seguirán en el nivel dos.

El presidente del TSJC advierte que habrá discrepancias, por lo que decidirá el Tribunal Supremo

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También detalló los datos de vacunación en las Islas, subrayó que ya hay 213.212 personas inmunizadas, que más de 460.000 cuentan con una dosis y que se mantiene el objetivo del 70% de vacunados en los meses de este verano.

Ángel Víctor Torres se reunirá hoy con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación de Islas (Fecai) porque tanto ayuntamientos como cabildos son autoridades sanitarias. La Fecam había manifestado hace unos día su preocupación por el final del estado de alarma y solicitaron al Ejecutivo regional que aclarara las medidas a adoptar ya que los ayuntamientos tienen competencias en materia de seguridad y sanitaria, esenciales para el control de la pandemia y la vigilancia en el cumplimiento de las normas. 

Finaliza el estado de alarma ¿y ahora qué?

¿Qué implica el fin del estado de alarma?

  • La principal consecuencia es la ausencia de una cobertura normativa para que las comunidades autónomas puedan dictar restricciones que limiten el ejercicio de derechos fundamentales, que afectan sobre todo a la libertad de movimientos, sin necesidad de someter estas medidas a la ratificación de los tribunales.
  • El paraguas legal que concede el estado de alarma permite que las limitaciones entren en vigor de manera inmediata sin burocracia ni pasos intermedios, pero al decaer el marco jurídico, se pierde en agilidad, rapidez y eficacia, claves para combatir la pandemia.

¿Qué ocurre con los cierres y el toque de queda?

  • La finalización del estado de alarma conlleva el fin de todas las medidas decretadas durante el mismo que afectan a esos derechos fundamentales, por lo que desde el domingo no habrá cierres perimetrales ni limitaciones nocturnas a la movilidad salvo que una comunidad lo acuerde nuevamente y un tribunal lo avale.

¿Qué harán los gobiernos autonómicos?

  • La mayoría de los ejecutivos regionales están estos días, como Canarias, detallando sus planes de actuación, aunque algunos ya han avanzado que relajarán las restricciones impuestas para la hostelería y que levantarán cierres perimetrales y toques de queda, como Cataluña, Andalucía y Castilla y León.
  • Otras, en cambio, luchan a contrarreloj para evitar que decaigan el domingo como Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco o Baleares que sí se plantean mantener el toque de queda, aunque todo dependerá de los jueces.

¿Qué leyes utilizarán ahora las comunidades autónomas?

  • Para adoptar nuevas restricciones, ayuntamientos y comunidades tendrán que basarse de nuevo en la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley General de Sanidad de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad.

¿Puede una comunidad autónoma cerrar su comunidad o imponer un toque de queda?

  • Sí, según el Gobierno, y no según la Fiscalía. La respuesta en los tribunales, porque al tratarse de restricciones que afectan directamente a los derechos fundamentales, las comunidades deberán someter estas medidas al aval de los jueces. Y aquí surge la duda. De hecho, algunas comunidades ya han desistido de imponer estas medidas ya que consideran que los jueces las tumbarán ante la falta de una ley orgánica que dé la cobertura legal necesaria. Un aviso que deriva de lo acontecido cuando Castilla y León quiso adelantar el toque de queda dos horas y el Supremo le dijo que al margen del estado de alarma, no podía hacerlo. 
  • Ayer Baleares, sí obtuvo el placet del TSJ.

¿Si un tribunal rechaza las medidas, qué se puede hacer?

  • Acudir al Tribunal Supremo. Esta es la gran novedad respecto al año pasado. El Gobierno acaba de aprobar un decreto para que las comunidades puedan recurrir ante el alto tribunal cuando un Tribunal Superior de Justicia tumbe sus medidas. De esta forma, el Supremo sentará jurisprudencia, que será de aplicación para el resto de tribunales autonómicos cuando entren a estudiar esa misma medida.

¿Cuál será el papel del Tribunal Supremo?

  • El alto tribunal tendrá ahora la última palabra en cuanto a las restricciones. De ello se ocupará la sección que viene resolviendo desde hace más de un año todos los asuntos relativos a la pandemia y se establecerá un canal más directo con los tribunales regionales para cumplir con los plazos de tramitación de los recursos, que serán de apenas cinco días para agilizar su resolución.
  • El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, manifestó el martes a Efe su malestar con el «déficit importante» que existe en la legislación y advirtió de que los jueces decidan «no es el mejor sistema». «Los jueces», dice, «no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos».

¿Y el de la Fiscalía?

  • La fiscal general del Estado ha dictado una instrucción para unificar la respuesta de los fiscales ante el nuevo escenario. De momento, la Fiscalía del País Vasco ha rechazado el cierre perimetral y el toque de queda después de mañana y la de Cataluña ha respaldado medidas más laxas, como la limitación de reuniones a seis personas y del 50 % de aforo en actos religiosos y ceremonias civiles

¿Las comunidades autónomas irán por libre o se buscará el consenso entre todas?

  • El Ejecutivo pretende que una vez que decaiga el estado de alarma, las medidas que se tengan que adoptar para combatir la pandemia se tomen en el seno del Consejo Interterritorial, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
  • No obstante, eso no impide a los gobiernos autonómicos acordar cualquier restricción que consideren oportuna por su cuenta.

¿Podría haber estados de alarma autonómicos?

  • Sí, ya se vio en la Comunidad de Madrid el pasado octubre. El Gobierno entonces insistió en que esta herramienta jurídica la puede solicitar cualquier gobierno autonómico al ejecutivo central.

¿Qué medidas seguirán vigentes tras el estado de alarma?

  • En concreto las aprobadas entre agosto y octubre, cuando no había estado de alarma. Estas son acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad. 

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