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Canarias necesita cinco veces más personal para valorar la dependencia

El número de técnicos debe pasar de 64 a 320 para cumplir con los plazos marcados por la ley

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.

El sistema de dependencia en Canarias necesita multiplicar por cinco el personal que se encarga de valorar la situación de los beneficiarios para poder cumplir con los plazos establecidos en la ley. Así lo asegura el Diputado del Común, Rafael Yanes, que ayer recalcó que la razón de que el Archipiélago siga estando a la cola en el tiempo de resolución de estos expedientes, –el año pasado en las Islas se tardaba 927 días de media–, está vinculado al escaso número de trabajadores que se dedican a tramitarlos. Yanes expuso que en la actualidad apenas hay 64 técnicos que realizan este tipo de valoraciones y que al menos serían necesarios 320 para poder percibir una mejora.

Yanes entregó ayer al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, la memoria de gestión de 2020, un año marcado por la irrupción de la pandemia, pero ni siquiera eso ha podido desbancar a la dependencia como el área por la que la Diputación del Común recibió más quejas de los ciudadanos, 477 en total, un 24,5% más que el año anterior. El titular de este organismo lamentó tener que volver a reincidir sobre «el mal funcionamiento» del sistema en Canarias, ya que desde que él se incorporó al cargo en 2018 el tiempo medio de espera por una resolución en las Islas no ha dejado de aumentar. Si en ese momento la administración tardaba 500 días en tramitar una resolución, –un plazo que ya era muy superior a los 180 días que establece la normativa–, en 2020 el tiempo ya se extiende por encima de los dos años y medio.

La tramitación de un expediente tarda de media en las Islas 927 días cuando la norma establece 180

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Y lo cierto es que si no se pone remedio los plazos seguirán incrementándose, ya que el envejecimiento poblacional del que no es ajeno el Archipiélago, –se estima que dentro de solo 15 años la población mayor de 65 años superará las 600.000 personas–, hará que cada vez más ciudadanos necesiten acceder a un sistema de dependencia, que ya está saturado en estos momentos.

Yanes puso como ejemplo a Valencia, que hace cuatro años se encontraba al nivel de Canarias respecto a los plazos de las valoraciones de dependencia, «pero incrementó a 1.384 el número de valoradores y este año fue la comunidad que más personas introdujo en el sistema nacional». Recalcó también que otras comunidades como Castilla y León o Galicia, que tienen poblaciones similares a las del Archipiélago, cuentan con mucho más personal. La primera tiene 800 valoradores para una población de 2,4 millones de habitantes, mientras que la comunidad gallega dispone de 156 más otros 550 en los ayuntamientos, para atender a 2,7 millones de ciudadanos. En Canarias apenas hay 64 técnicos, –56 en Gran Canaria y Tenerife, tres en La Palma y dos en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera–, para 2,2 millones de isleños.

«Hay una desproporción inexplicable», recalcó Yanes, que aseguró que «está clarísimo que si no tienes trabajadores que elaboren expedientes, éstos no salen» y añadió que además los 64 valoradores de Canarias deben hacer también funciones administrativas porque se carece de personal específico para estas labores, lo que coloca a Canarias «muy a la cola».

El Diputado del Común considera que además de ampliar el número de trabajadores, se debe mejorar el sistema informático para hacerlo compatible con el de los 88 ayuntamientos y el del Servicio Canario de Salud (SCS), y unificar los criterios de las dos jefaturas del servicio.

Durante el ejercicio 2020, el Año I de la pandemia, se registraron en la Diputación del Común un total de 2.904 quejas, tanto a instancia de parte como por investigación de oficio, lo que ha supuesto un incremento del 11,18% con respecto a las recibidas en el año 2019.

Al margen de la dependencia, el área que más incrementó el número de quejas en 2020 respecto al año anterior fue la de tecnologías de la información y la comunicación, que según el informe del organismo aumentó un 419% sus reclamaciones. Algo que Yanes explica por la importancia que ha adquirido el acceso a internet en el año de la pandemia, donde muchos se vieron obligados a teletrabajar o a que sus hijos recibieran clases online sin contar con el servicio adecuado. «La crisis sanitaria ha evidenciado que se trata de un servicio social básico», añadió.

La pandemia aumenta las quejas al Diputado del Común por el deficiente acceso a internet

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En los meses de confinamiento la respuesta de las diferentes instituciones a las reclamaciones de información del Diputado del Común se ralentizó mucho, algo que provocó que aumentasen el número de recordatorios y advertencias. Aún así, Yanes quiso elogiar la labor de los ayuntamientos en los peores momentos de la crisis, sobre todo en aspectos como la discapacidad o los servicios sociales, donde hubo una respuesta «muy importante».

Otro de los efectos que ha dejado la crisis pandémica ha sido la disminución del número de quejas vinculadas a desahucios en viviendas, ya que este tipo de procesos han sido paralizados por parte del Gobierno central. Sin embargo, Yanes comentó que están preocupados y «alerta» para cuando se vuelvan a reanudar.

Respecto a la distribución de las diferentes quejas por islas, Tenerife casi dobla a Gran Canaria en el número total de reclamaciones presentadas, pero cuando se tienen en cuenta las quejas registradas respecto al número de habitantes, La Graciosa y La Palma, con 59,9 y 28,7 quejas por cada 10.000 ciudadanos son las islas que ocupan los primeros puestos de la tabla.

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