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Pájara eligió a un bufete vinculado al PSOE para dirigir su servicio jurídico

Delfa Losa, la fundadora del despacho con el que Sandra Rodríguez se adjudicó el contrato de 601.220 euros, fue miembro de la ejecutiva del PSOE de Santiago

Delfa Losa se presentó al concurso con Rodríguez.

Delfa Losa se presentó al concurso con Rodríguez. La Provincia

El Ayuntamiento de Pájara eligió a un despacho de abogados vinculado al PSOE para su servicio jurídico externo. El Consistorio iba a adjudicar el contrato por 601.220 euros –la adjudicación está paralizada por un recurso ante el Tribunal Administrativo– a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la letrada Sandra Rodríguez y el bufete gallego Delfa Losa Abogados. Al frente del despachó coruñés está su fundadora, Delfa Losa García, que fue concejal del Ayuntamiento de Santiago y miembro de la ejecutiva del PSOE local. Delfa Losa es hija de Chicho Losa, un histórico del socialismo gallego y uno de los pesos pesados de los gobiernos de Xerardo Estévez en Compostela.

La letrada gallega comparte así filiación política con Sandra Rodríguez, con la que se asoció para pujar por el cuantioso contrato del Ayuntamiento de Pájara. Rodríguez –pareja del eurodiputado y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar– es vocal de la comisión de ética del PSOE canario.

La adjudicación está paralizada por un recurso del bufete que ganó el contrato en la primera criba

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Las dos socialistas lograron la adjudicación –pendiente del Tribunal Administrativo– después de que otro socialista, el concejal de Pájara Farés Roque Sosa, impulsara la contratación de un servicio externo de asistencia letrada y asesoramiento jurídico por la falta de recursos materiales y humanos en el Consistorio. Farés Sosa presidió la mesa de contratación que el 20 de enero, en una primera reunión, propuso adjudicar el servicio al bufete Montero Aramburu –que consiguió la mayor puntuación– y que el 4 de febrero, después de que Delfa Losa y Sandra Rodríguez pidieran que se revisara la documentación, dio cinco puntos más a la oferta de las dos socialistas. La UTE, que en la primera criba había quedado en tercer lugar, pasó así a obtener la máxima puntuación (100) tras la segunda reunión de la mesa de contratación.

La abogada tinerfeña y su colega gallega habían obtenido diez puntos en el apartado de categoría profesional. Pero, al parecer, los miembros de la mesa de contratación no valoraron en su primera reunión los cursos realizados por uno de los letrados de Delfa Losa Abogados. Tras revisar su decisión, la mesa les dio esos cinco puntos más y Montero Aramburu se quedó sin la adjudicación.

Farés Roque Sosa Rodríguez, edil del PSOE de Pájara.

Farés Roque Sosa Rodríguez, edil del PSOE de Pájara. LA PROVINCIA / DLP

No obstante, Montero Aramburu –con sedes en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Huelva, Sevilla y Madrid– ha recurrido la decisión del órgano de contratación presidido por Farés Sosa. El 19 de abril, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma le comunicó al Ayuntamiento de Pájara el recurso especial en materia de contratación de Montero Aramburu. El despacho solicitó en su recurso la suspensión del procedimiento de adjudicación, lo que paraliza la tramitación de forma automática. El 20 de abril, el alcalde en funciones de Pájara, el mismo Farés Sosa, se vio en la obligación de suspender el procedimiento.

El concejal que propone contratar el servicio externo es el también socialista Farés Roque Sosa

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Mucho trabajo

La Concejalía de Personal y Régimen Interior, dirigida por el edil del PSOE, justifica la necesidad de contratar un servicio de asistencia jurídica externa por la «complejidad» de la gestión del Consistorio, que «supera lo que se pudiera imaginar de un Ayuntamiento de algo más de 20.000 habitantes», según consta en la memoria justificativa del contrato que firma el propio Farés Sosa, que fue el candidato del PSOE a la alcaldía del municipio majorero en las últimas elecciones. «La litigiosidad que tiene nuestra corporación es muy superior a los [sic] de otras instituciones de características formalmente similares», reza la memoria, fechada el 11 de noviembre de 2020 y donde se explica que el consistorio no tiene suficientes asesores y letrados porque no están cubiertas todas las plazas previstas en la relación de puestos de trabajo de la corporación municipal.

Sandra Rodríguez, en un instante del juicio contra el juez Salvador Alba en julio de 2019.| | ANDRÉS CRUZ Andrés Cruz

El anuncio de licitación y los pliegos se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de noviembre. La elevada cuantía del contrato llamó la atención de varios despachos. Hasta seis bufetes pujaron para hacerse con la asesoría jurídica de Pájara. La entidad que resultó adjudicataria fue Montero Aramburu, que obtuvo 97,87 puntos, frente a los 97,42 de Domínguez Vila Abogados y los 95 de Delfa Losa Abogados y Sandra Rodríguez –que se convirtieron en 100 tras revisar la documentación–.

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