El Parlamento de Canarias exigió ayer al Gobierno central un protocolo de derivaciones de menores migrantes no acompañados, proporcional y estable, que incluya a todas las comunidades autónomas. Todos los grupos parlamentarios de la Cámara regional han apoyado una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por CC-PNC que también exige a la Unión Europea la renovación del Plan de Menores no acompañados que finalizó en 2014 y que vaya unido a una dotación creíble de fondos.
Además, requieren al Gobierno español la implementación urgente de medios humanos y tecnológicos que permitan agilizar la determinación de edad a través de pruebas óseas u otras de igual validez. Todo ello con el fin de evitar la permanencia e inseguridad que implica la convivencia entre mayores y menores migrantes, requiriendo a su vez que la Policía adopte las medidas necesarias para que una vez determinada la mayoría de edad, deriven a esas personas a la mayor brevedad posible a centros de acogida humanitaria del Estado.
La diputada de CC-PNC Cristina Valido, impulsora de la PNL que para su aprobación ha sido modificada y consensuada con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias, afirmó que de esta manera se pretende que el Estado y la Unión Europea «pongan el foco» en la situación «grave» que se vive en Canarias.
Asimismo, es una forma de presionar para que asuman su responsabilidad, ha agregado Valido, quien ha lamentado que el Gobierno canario siga «en solitario pidiendo al resto de las comunidades ayuda» para atender de forma adecuada a los menores inmigrantes. «No dudamos que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para que se cumpla ley y se distribuyan los menores, pero a fecha de hoy esto no ocurre», ha manifestado la diputada de la oposición, quien ha admitido el «enorme esfuerzo» que se ha hecho desde el Archipiélago para acoger a los menores llegados en patera.
