”Humilla y menosprecia a las víctimas del terrorismo en Canarias”, recrimina Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), en relación a la estancia de Brahim Ghali en España. Esta asociación junto con otras trece organizaciones españolas defensoras de las víctimas del terrorismo han elaborado un comunicado exigiendo a la Audiencia Nacional que esclarezca los atentados realizados por el Frente Polisario y que se juzgue a Ghali aprovechando su ingreso hospitalario en el país. La presidenta tacha de “incomprensible y lamentable la cobertura sanitaria del presidente en el territorio español” y reprocha que “las autoridades y la clase política canaria no ha hecho nada por defendernos”.
Especial mención realiza sobre la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en relación a la declaración que realizó justificando el ingreso de Brahim Ghali por “razones humanitarias”. “Es sorprendente que esas palabras vengan de una ministra canaria”. El comunicado también alude personalmente a Darias y a la ministra de Exteriores y Asuntos Europeos, Arancha González Laya, ya que consideran que sus declaraciones “van en en contraposición, hacia la legitimidad, atención, reconocimiento, reparación y sufrimiento de las 300 víctimas canarias del terrorismo y familiares directos de atentados perpetrado por del Frente Polisario”. Además temen que “se facilite la impunidad o la huida de Ghali de la Justicia, como ocurrió con el etarra De Juana Chaos, cuando fue excarcelado por razones médicas de una supuesta enfermedad terminal, y huyó de España para vivir en Venezuela”.
Las víctimas del terrorismo canarias, más de 300, de las cuales 289 sucumbieron a manos del Frente Polisario, primero en los atentados efectuados entre 1974 y 1976 y, luego, en los ataques a los pescadores en alta mar, han estado a la cola del resto de víctimas de terrorismo del país, ya que Canarias, junto con Cataluña, son las únicas comunidades autónomas sin una ley de víctimas de terrorismo, a pesar de estar reconocidas como tal desde 2015.
“Si sumamos estas 289 a las más de 300 de ETA, en España hay 600 víctimas que no hemos tenido justicia ni se han esclarecido los atentados, pero estamos reconocidos como víctimas del terrorismo como los de ETA o Grapo, porque hay testigos, hay secuestros, hay resoluciones que demuestran la culpabilidad del Frente Polisario”, explica.
La ley de terrorismo canaria complementaría a la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo y permitiría a “las viudas, huérfanos y superviviente a contar con un paquete completo de ayudas como cualquier otro colectivo de especial protección”, esto incluiría cuestiones relacionadas con las pensiones, la vivienda, la atención psicosocial, psicológica, médica y farmacológica.
Desde hace más de ocho años, Acavite ha intentado que se apruebe. En 2015 presentaron una PNL que tuvieron que retirar, “fue en la época en la que Carolina Darias era Presidenta del Parlamento de Canarias y nunca nos recibió, y sí recibió en el Parlamento al Frente Polisario” .
En las Islas, según Jiménez, aún no existe una ley complementaria porque “la sociedad canaria sufre una desafección por las víctimas del terrorismo promovida por la clase política, la opinión pública y el apagón informativo”.
Las competencias transferidas a las comunidades autónomas impiden que en el Archipiélago se pueda desarrollar todo lo que se anuncia en el preámbulo de la citada ley de protección a las víctimas. Jiménez afirma que la “deliberación “ con la que el Gobierno de Canarias se ha negado, a lo largo de las diferentes legislaturas, desde que Paulino Rivero fuera presidente, demuestra que “la humillación a las víctimas canarias del terrorismo sigue patente en la clase política canaria y que no dan valor a esas más de 322 personas afectadas”. Esta cifra es la suma de las 289 del Frente Polisario, nueve de ETA, una de Grapo y las víctimas del terrorismo yihadistas contra soldados en Afganistán y en el Líbano, y los familiares directos de todos ellos, según Jiménez.
Lucía Jiménez, desde Acavite, no solo hace un llamamiento a España, sino también a Marruecos, por la responsabilidad atribuida por los Acuerdos de Madrid firmados en 1975. “Ambos países han hecho una dejación e inacción que deben enmendar en aras de la buena vecindad”. Además exige al Frente Polisario a “pedir perdón, resarcir, como ha hecho ETA, a las víctimas, y pagar en la justicia por todo lo que ha hecho”.
La presidenta y toda la asociación espera que sea el momento para que todos los partidos políticos se postulen a favor de esta ley, después de que Nueva Canarias y Podemos se “descolgaran de forma ignominiosa de la proposición de 2015”. Además, llama a la responsabilidad de ambos partidos con sus ciudadanos. “Han apoyado de forma irresponsable al Frente Polisario en detrimento y en contra de las víctimas canarias y sus conciudadanos que son a los que deben defender y a los que deben tributar la representatividad por los que están elegidos”. En este sentido, reclama la aprobación de la ley con “ con plazo cerrado, ficha financiera, reglamento, reparación y ayuda”.
En el último comunicado, emitido el viernes, han participado las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, Cataluña, Canarias, Murcia, Extremadura, Valencia y Castilla y León, además de Ayuda 11M, Víctimas por la paz, Ana Velasco Vidal-Abarca, Ertxainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo y la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lucía Jiménez considera que “es un hecho histórico, porque significa que, por fin, han entendido nuestros más de 15 de años de lucha”.
