Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ultiman el recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de garantizar al menos la opción de poder aplicar el cierre perimetral en las Islas en el caso de que suban a nivel 3 o 4 ya que las restricciones a la movilidad interinsular son clave para el control de la pandemia. La opinión favorable de la Fiscalía a esta medida y los votos particulares emitidos por dos de los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el fallo del pasado domingo inclinan al Gobierno regional a reforzar la argumentación en torno al cierre perimetral más que al toque de queda, medida cuestionada por la mayoría de los tribunales y que se da por hecho que el alto tribunal va a desestimar.
El viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo regional, Antonio Olivera, advierte que «no se trata de recurrir por recurrir, hay que ponderar qué medidas tiene más ventajas a la hora de fundamentarlas y cuáles son más estratégicas para Salud Pública». Una vez que se ha derogado el toque de queda, las limitaciones al número de personas que se pueden reunir es la medida más importante que está en vigor hasta que se produzca el pronunciamiento definitivo del Supremo, que se conocerá en una semana. «Las medidas hay que acreditarlas bien y determinar si vale la pena recurrirlo todo o recurrir los elementos que tengan más posibilidades de que se puedan ganar», subraya Olivera. Y es el cierre perimetral el que cuenta ahora con más papeletas para ser validado por el alto tribunal. El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, aseguró ayer que el Ejecutivo «renuncia» al toque de queda porque lo da por perdido en el Supremo y prefiere recuperar los cierres perimetrales.
Los servicios jurídicos apurarán el plazo para presentar el recurso, que se presentará a última hora de hoy o mañana, último día para hacerlo. A partir de ahí el Supremo tiene cinco días para resolver, lo que supone que el martes o miércoles de la próxima semana estará el fallo al que esperan también el resto de comunidades autónomas ya que Canarias es la primera y hasta ahora única región que ha anunciado un recurso de casación. Ayer mismo se supo que el tribunal superior de Navarra también denegó el toque de queda decretado por el gobierno, en línea similar a Canarias y el País Vasco.
Torres se agarra a las limitaciones de las reuniones para defenderse de los varapalos judiciales
Asimismo, Olivera descartó que el Ejecutivo se plantee la petición al Gobierno central de un estado de alarma territorial: «Estamos en el camino de recurrir al Supremo y asumiremos lo que se pueda conseguir por esta vía pero no hemos hablado nada más, ni se ha planteado ni se ha debatido en el Gobierno una medida de esas características».
En un intento por minimizar el doble revés judicial sufrido por su Gobierno, el presidente Ángel Víctor Torres aseguró ayer en el Parlamento que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha ratificado ni el toque de queda ni los cierres perimetrales en las Islas, sí ha autorizado la medida que considera «más importante», como es el número de personas que se pueden reunir (diez en el nivel 1, seis en el 2, cuatro en el 3 y dos en el 4) , y reiteró que el hecho de que no haya toque de queda no significa que pueda haber aglomeraciones. Consideró crucial ese aval del TSJC sobre las reuniones porque, «con o sin toque de queda, impide que pueda haber aglomeraciones. Además, Salud Pública dice que esa es la medida más importante».
A estas limitaciones en los encuentros públicos y privados se unen las limitaciones a los horarios en restaurantes, comercios y locales de ocio o los controles en puerto y aeropuertos, cuestiones que no han sido anuladas por el tribunal.
Torres hizo hincapié en que la recuperación socioeconómica depende de cómo evolucione la pandemia, mucho más en Canarias, y también consideró prioritario mantener una cogobernanza, así como que se reactiven las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales. «No podemos ir cada uno por su lado. Tenemos que compartir criterios con otras comunidades autónomas», afirmó el presidente canario.
La llamada de atención del jefe del Ejecutivo regional se produce cuando su homólogo estatal, Pedro Sánchez, ha descartado cambios legales si el Supremo desestima las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas tras finalizar el estado de alarma. Sánchez desmiente así al ministro de Justicia , Juan Carlos Campo, que había apuntado en esa dirección y aseguró que «el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro y el futuro se llama vacunación». Las afirmaciones de Sánchez se producen en medio de críticas a la gestión del Gobierno no solo desde los partidos de la oposición sino de aliados parlamentarios como el PNV.
El presidente no ha hecho alusión a las decisiones contradictorias adoptadas ya por los diferentes tribunales superiores en las diferentes comunidades autónomas respecto a medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales, y se limitó a defender que los gobiernos autonómicos cuentan con los instrumentos legales suficientes para hacer frente a la pandemia.
Divergencias judiciales
¿El toque de queda es proporcional o no?
- Unos tribunales autonómicos creen que fijar un toque de queda para luchar contra la pandemia es una restricción de un derecho fundamental proporcional al fin que se persigue y otros estiman que hay que aplicar instrumentos menos lesivos para el conjunto de la ciudadanía. Los jueces discrepan y los gobiernos autonómicos miran al Supremo.
¿Qué argumentan los que dicen no?
- «Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado», concluye el tribunal superior del País Vasco. Para el tribunal de Canarias hay instrumentos de intervención «menos lesivos» y «no resulta proporcionado someter a la generalidad de la población a una privación periódica de su libertad deambulatoria por la mera razón de la hora». En Navarra ayer el auto de su tribunal superior tumba tanto el toque de queda como el límite de horario de las terrazas: «El control del denominado ‘botellón’ no necesita ni exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales».
¿Qué argumentan los que dicen sí?
- El tribunal superior de Baleares explica que el estado de alarma desplazó al derecho ordinario pero no lo derogó y, a la vista de los informes epidemiológicos, las medidas están «adecuadamente justificadas y debidamente proporcionadas». En Valencia el tribunal no alberga «grandes dudas» sobre la competencia autonómica para adoptar las medidas y considera que la ley sanitaria de 1986 da cobertura suficiente para adoptar acciones que, subraya, limitan derechos.
