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La Fiscalía avala el cierre perimetral en Andalucía, lo que favorece las tesis de Canarias

El fiscal pide al Supremo que dé su aprobación a las restricciones en un municipio de Granada

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado un paso que favorece las tesis del Gobierno canario de solicitar que el alto tribunal valide el cierre perimetral de aquellas islas que tengan una alta incidencia de contagios. El órgano judicial se ha pronunciado por vez primera sobre los cierres perimetrales y ha pedido a los magistrados del Supremo que avalen esta medida en el municipio granadino de Montefrío, rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Ministerio Público ha remitido a la Sala de lo Contencioso del Supremo su escrito de alegaciones ante el recurso de casación de la Junta de Andalucía contra el auto del TSJ de Andalucía. El Ejecutivo andaluz decretó el confinamiento de Montefrío por tener una alta incidencia de más de mil casos de por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una medida para la que pidió ratificación judicial. Pero el TSJ de Andalucía la denegó al considerar que «se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental, hasta el extremo de que afecta, incluso, a aquellos ciudadanos que ya estuvieron vacunados».

La Fiscalía deberá pronunciarse también sobre los casos de Quintanar (Cuenca), recurrido por la Junta de Castilla-La Mancha y, el más importante, el rechazo al cierre perimetral en las Islas, recurrido por el Gobierno autonómico. Precisamente uno de los motivos que impulsaron el recurso de casación fue que la Fiscalía del TSJC se pronunció a favor de esta medida restrictiva, así como dos de los magistrados de la Sala a través de sendos votos particulares.

El Ejecutivo regional decidió no recurrir el toque de queda ante el pronunciamiento judicial mayoritario en otras comunidades a excepción de Baleares y Valencia, donde sus tribunales sí han fallado a favor de las restricciones a la movilidad nocturna. Desde la llegada del recurso del Gobierno canario al Supremo, la Sala le remitió a la Fiscalía para que se pronunciara y después el alto tribunal tiene cinco días para dicta un auto que unificará doctrina en torno a este asunto que ha causado polémica tras acabar el estado de alarma.

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