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Crisis migratoria

El Senado apoya las derivaciones de migrantes y la distribución de menores

Las conclusiones del PSOE a la ponencia sobre la crisis migratoria asumen muchas de las reclamaciones canarias pero eluden evaluar la gestión en las Islas

Migrantes en el puerto de Arguineguín.

Migrantes en el puerto de Arguineguín. EFE

Derivación de migrantes desde Canarias a la Península; red de acogida para situaciones de emergencia; distribución solidaria de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas y posibilidad de cambios competenciales para ello; mejora de las condiciones de los centros de internamiento; garantizar el respeto a los derechos humanos y la asistencia jurídica efectiva a los migrantes; o una mayor dotación de recursos de luchas contra la inmigración irregular en la frontera sur. Estas son algunas de las medidas que se recogen en el borrador de recomendaciones que se debate en la ponencia del Senado sobre el fenómeno migratorio y que los grupos parlamentarios negocian en estos momentos.

El documento es por ahora una propuesta que realiza el PSOE como grupo mayoritario de la Cámara y que presentó al resto de formaciones el pasado lunes, pero incluye buena parte de las medidas que se reclaman desde Canarias con motivo de la crisis migratoria que se desató a mediados del año pasado. Aunque la propuesta no incluye un apartado específico sobre la emergencia en las Islas, ésta si se desarrolla en uno de sus puntos, donde se proponen medidas en relación con los «flujos migratorios irregulares» en territorios, además de Canarias, como Ceuta, Melilla, Andalucía, Murcia y Baleares.

Algunos grupos parlamentarios han reclamado que, junto a esta parte de conclusiones, se incluya también otro capítulo en base a los testimonios de los cerca de 40 comparecientes que han pasado por la ponencia, muchos de ellos haciendo especial incidencia en la crisis migratoria canaria y criticando la política del Gobierno central en esta materia. El PSOE no es partidario en principio de incluir en el documento final un apartado de análisis y valoración de la actual situación en España y en particular en Canarias, y apuesta por centrarlo un paquete de recomendaciones que ponga las bases de una especie de ‘pacto de Estado’ sobre la política migratoria del futuro.

En todo caso, el documento establece en sus veinte páginas un amplio abanico de medidas que abarcan todos y cada uno de los aspectos analizados en la ponencia como la cooperación con los países de origen y tránsito de los migrantes; las condiciones de acogida; la necesaria implicación de la UE y la apuesta por el Pacto Europea de Migración y Asilo; la legislación estatal en extranjería; o el mercado de trabajo y el acceso al estado del bienestar por parte de los migrantes, entre otras materias.

Facilitar los viajes

En relación con la situación de Canarias, el texto reclama en unos de sus apartados, en el que se mencionan también el resto de territorios con flujos migratorios,«seguir previniendo y luchando contra la vulneración del derecho del mar»y«continuar destinando recursos estables a la frontera sur». A partir de ahí, propone «dar solución y respuesta a la llegada de personas migrantes a las costas españolas, planificando una red o estructura de acogida estable en todo el territorio y permitiendo la movilidad o traslado de las personas migrantes por el conjunto de la comunidades autónomas».

Entrando en mayores detalles, el documento propone «proceder al traslado de las personas migrantes instaladas en Canarias y facilitar el viaje de aquellas que puedan sufragarlo por su cuenta y cuenten con documentos válidos para ello», considerando que el pasaporte debe ser considerado suficiente o, en su defecto,«la manifestación de voluntad como solicitante de protección internacional».

Además, los socialistas reclaman que se «adapten prácticas de recibimiento y acogida en todos los puntos de destino». Estas medidas acabarían con la situación de retención efectiva con que se han encontrado muchos africanos en Canarias durante los últimos meses por la práctica policial de no permitirles tomar un vuelo hacia al Península a pesar de encontrarse en situación legal de poder hacerlo.

Otra de las recomendaciones reclama «dotar al Archipiélago, en cumplimiento del Plan Canarias, de una red de acogida capacitada para situaciones de emergencia y ligada a importantes llegadas de personas migrantes por vía irregular». Esta medida será con toda probabilidad enmendada por algunos grupos, en especial CC y el PP, por considerar que la misma consolidaría en Canarias las 7.000 plazas de acogida habilitadas por el Estado y convertiría a las Islas en permanente territorio de retención si paralelamente estas personas no son trasladadas a otras comunidades autónomas.

En materia de menores no acompañados, el documento propone varias medidas en diferentes ámbitos de actuación. Así reclama: acabar con la expresión ‘mena’ con que se les identifica ahora en el«conjunto de normativas, protocoles, programas y comunicaciones» por tratarse de un término «deshumanizador»;«homogeneizar las pruebas de edad, eliminando las oseométricas e incorporando las resoluciones del Comité de Derechos del Niño respecto al criterio de determinación de edad»; se insta a reducir de nueve meses a quince días el plazo para«proceder a repatriar a los menores no acompañados junto a sus padres y/o madres». E incorpora la medida largamente reclamada por Canarias sobre la distribución solidaria de los menores no acompañados, pero también de los adultos.

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