Finaliza la investigación de la trama Kokorev después de 12 años. Las diligencias por un presunto delito de blanqueo de dinero perpetrado en España concluyen que la familia hispano-rusa, encabezada por Vladimir Kokorev, ganó 100 millones de euros con la venta ilícita de armamento a Guinea Ecuatorial. Las transacciones, que incluían recargos de entre el 30 y 40% sobre precio real del material militar, se hacía con la connivencia de cinco altos cargos guineanos, algunos de ellos familiares de dictador Teodoro Obiang –en el poder desde 1979–, quienes recibían una mordida del margen económico obtenido con la venta de las armas. Según el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, los Kokorev adquirían ilegalmente el armamento en Ucrania, inflaban el precio y falseaban las facturas a cargo de los fondos públicos de Guinea Ecuatorial.
Kokorev, su mujer, Julia Maleeva, y su hijo, Igor Kokorev, entre 1999 y 2011, ocultaron la naturaleza militar de los contratos, que bajo el concepto de venta y reparación de buques, encubría la venta de armamento. Para blanquear los beneficios de las operaciones, los Kokorev crearon un entramado empresarial, con hasta 45 sociedades, algunas de ellas constituidas en territorios off shore como el Estado de Delaware (Estados Unidos o las Islas Vírgenes (Reino Unido).
En aras de enmascarar los negocios ilícitos y justificar la entrada de fondos, estas compañías mantenían una actividad mínima en la compraventa de embarcaciones y transporte marítimo, reparación y mantenimiento. Para crear esta estructura, la familia Kokorev, apunta el auto, precisó de la participación «fundamental y decisiva» del abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan José Arencibia, quien ideó junto a los investigados el soporte de sociedades instrumentales. Además, el letrado utilizó a sus hermanas como testaferro y las puso al frente de algunas sociedades, a cambio de una remuneración.
La familia rusa contó con el abogado canario Juan Arencibia para orquestar el blanqueo
El auto judicial, a partir del estudio de las cuentas bancarias y de los movimientos financieros entre las sociedades, constata que además de Kokorev y sus colaboradores en Canarias, funcionarios y altos cargos del régimen de Obiang habrían cobraron comisiones. Estas cinco personas no están encausadas en el procedimiento, pero la jueza sostiene que participaban en el negocio a través de las primas que recibían por aceptar los sobrecostes.
El yerno del dictador y director general del Gabinete Militar, recibió más de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004, que fueron ingresados por orden del presunto cabecilla de la trama en cuentas de España, Suiza y Francia. El sobrino de Obiang, secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto y secretario adjunto de Asuntos Económicos del Partido Democrático de Guinea, percibió unos 165.000 euros y el primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, unos 85.000 euros.
El asesor de Obiang en materia de Defensa obtuvo algo más de un millón de euros. El quinto alto cargo señalado es el director del gabinete militar ecuatoguineano, quien habría adquirido dos inmuebles en Madrid, uno por valor de 760.000 euros y otro por 665.000 euros. Además, hay que sumar la compra de un Mercedes, valorado en 55.900 euros; una transferencia de 31.000 euros; y el abono de unos gastos de alojamiento de su mujer por importe de 5.600 euros.
Una vez concluidas las diligencias, la jueza ha emplazado a las partes a que indiquen si recomiendan la apertura de juicio oral o el archivo del procedimiento y, en su caso, a que formulen sus escritos de acusación y petición de condenas.
Esta causa se inició después de que una subcomisión del senado de Estados Unidos detectara 16 transferencias que sumaban 26,4 millones de dólares –unos 20 millones de euros– desde una cuenta del Banco Riggs de Nueva York, de la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial figuraba como propietario, a otra cuenta de la empresa Kalunga Company (a nombre de Kokorev), domiciliada en una oficina del Banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. Según la querella interpuesta en 2009 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, este dinero fue blanqueado mediante la compra de numerosos inmuebles, algunos de ellos ubicados en la capital grancanaria.
Vendían armamento ilícito a Guinea con un elevado sobrecoste y cinco altos cargos se llevaban una mordida
En septiembre de 2015, la familia Kokorev fue detenida en Panamá, en virtud de una orden de arresto emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. En enero de 2018, tras dos años y cuatro meses en prisión sin ser juzgado, el empresario abandonó el centro penitenciario de Juan Grande sin fianza, mientras que su mujer y su hijo quedaron también en libertad provisional en septiembre y octubre de 2017, respectivamente.
Fueron jueces y fiscales franceses los que convencieron a la justicia española de que el caso de los Kokorev, a los que investigaban por blanqueo, estaba mucho más armado de lo que pensaban y que con menos elementos ellos habían abierto una causa en Francia contra Teodorin Obiang, el hijo del dictador.
