Iceta mantiene el veto a un acuerdo canario sobre los funcionarios interinos

El Gobierno reitera el compromiso de estabilizar a 300.000 interinos antes de finalizar 2024

Iceta dejó bien claro en el Congreso que es su departamento el que debe pilotar ese proceso y que el acuerdo al que conduzca la negociación tendrá que ser de ámbito estatal. Así lo señaló hoy en la Cámara Baja en respuesta a una pregunta de la diputada de CC, Ana Oramas, que reclamaba “regularizar la situación de los trabajadores temporales o que dé vía libre a las Comunidades Autónomas” para dar una salida definitiva a una situación que no se puede seguir manteniendo en el tiempo y que calificó de “inaceptable”.

Iceta, sin embargo, afirmó que “en Canarias se van llevar los mismo procesos de estabilización y en los mismos términos que en el resto de España”, apelando en este sentido a los “principios de igualdad, merito y capacidad” con que se rige en la Constitución el acceso a la función pública, aunque también, aseguró, “desde el máximo respeto a la experiencia acumulada por miles y miles de trabajadores públicos que se encuentran en situación de interinidad”. El ministro catalán insistió en su objetivo, expresado en distintas ocasiones desde que accedió al cargo a finales de enero en sustitución de la canaria Carolina Darias, de situar la tasa de temporalidad en las administraciones por debajo del 8 % “en el horizonte del 2024”, un compromiso, resaltó, “que asumimos en el marco del diálogo social en negociación con los sindicatos, en coordinación con todas las Comunidades Autónomas y con las entidades locales”.

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Iceta insistió en defender su idea “de que la función pública debe regularse con los mismos criterios para toda España” y aseguró que “esa es la función de este Ministerio, y la va a ejercer”, antes de señalar que el Gobierno central se compromete a “estabilizar hasta 2024 a 300.00 personas”. A partir de ahí, el ministro recordó que las administraciones autonómicas son las que más abusan de los contratos temporales, con un 37,90 %, muy por encima del 13,10 de las entidades locales y del 7,90 % del Estado, y que Canarias es justamente la de mayor porcentaje de personal interino. En este punto y en cierto tono de reproche, recordó a Oramas que esa situación en la administración canaria “no es de ayer”, sino que “viene de bastante tiempo y usted pertenece a un partido de gobierno en Canarias que algo debe saber de ello”.

Manuel González (Sepca) sostiene que la Comunidad puede garantizar la permanencia

“Lo que vamos a hacer es ayudar a los sindicatos, a las Comunidades Autónomas a las entidades locales a buscar la mejor solución a este problema”, afirmó el ministro, quien además agradeció al Ministerio de Hacienda la “generosidad” que representa el hecho de que se vaya a permitir “una utilización sensible de la tasa de reposición”. Iceta eludió de nuevo en todo caso explicar o valorar el contenido del documento que ha puesto sobre la mesa de negociación con los sindicatos y cuyo planteamiento es que, para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados .

Solución definitiva

Ana Oramas, por su lado, reprocha al ministro que centrara su respuesta en lo que “van a hacer con los trabajadores temporales contratados en un futuro, pero no aclaró cómo van a solucionar la situación de los que llevan años prestando servicio a la administración pública de forma irregular”. La diputada tinerfeña exigió al ministro “una solución definitiva” que, expuso, “pasa por ofrecerles una permanencia garantizada en sus puestos de trabajo a término, es decir, hasta el final de su vida laboral”, citando en este sentido la propuesta de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Emilia Casas, en un informe que permitía convertir a estos empleados en personal fijo a extinguir.

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“Solo de esta forma estaríamos haciendo justicia no solo con el personal interino sino con los más de 30.000 empleados públicos que tiene la administración autonómica de Canarias en precariedad e inestabilidad en el desempeño de sus funciones”, recalcó la portavoz de CC en el Congreso, quien apeló a “la responsabilidad” del titular de Función Pública para corregir “el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, en general”. Asimismo, recordó que “estamos hablando de médicos, enfermeras, maestros, técnicos administrativos o auxiliares que han sido, además, fundamentales en este tiempo de pandemia”.

Oramas enfatizó sobre el hecho de que el “70% de los trabajadores públicos en precario son mujeres que, en muchos casos, llevan hasta 20 años trabajando en situación irregular en los servicios públicos” e insistió en la necesidad de dar ejemplo, ya que, “lo que se está permitiendo a las administraciones públicas no se le permitiría a las empresas privadas”. En este contexto, la portavoz se refirió a la normativa comunitaria, a la que calificó de “muy clara”, al prohibir el abuso de la contratación temporal sucesiva del personal público, “situación que se produce cuando se destina a empleados públicos temporales a atender necesidades que, de hecho, no son provisionales ni puntuales”.

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La diputada nacionalista reclamó a Iceta “una solución de justicia inmediata para tantas miles de personas afectadas”, al tiempo que recordó que el Gobierno de Canarias comenzó las negociaciones con el personal en fraude de ley en las Islas, “negociaciones que culminaron en un principio de acuerdo entre trabajadores y Comunidad Autónoma y que fueron interrumpidas por instrucciones del Ministerio de Función Pública”.