La familia hispano-rusa Kokorev, investigada por ejercer como presuntos testaferros del entorno del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, se sentará finalmente en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas ha formulado un escrito de acusación que dará lugar a la apertura de un juicio oral. Las partes implicadas, la acusación y la defensa, deben ahora formular sus informes para remitirlos al Juzgado. El matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Yulia Maleeva, y su hijo Igor, fueron detenidos en septiembre de 2015, a raíz de una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Guinea Ecuatorial. Los tres miembros de la familia ingresaron en prisión en Gran Canaria. El 19 de enero de 2018, tras dos años y cuatro meses en la cárcel sin ser juzgado, el empresario Vladimir Kokorev abandonó el centro penitenciario de Juan Grande sin fianza. Su mujer y su hijo habían quedado en libertad provisional en septiembre y octubre de 2017, respectivamente.
Tras doce años de investigación de esta enrevesada trama, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria emitió un auto, con fecha del 18 de mayo, para transformar el procedimiento en un proceso penal formal, un auto donde concluye que la familia hispano-rusa ganó 100 millones de euros con la venta ilícita de armamento a Guinea Ecuatorial. Tras este auto, el Ministerio Fiscal debía decidir si formular acusación o si pedir el archivo de las actuaciones. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro: el juicio se celebrará. Al parecer, las transacciones incluían recargos de entre el 30 y 40% sobre el precio real del material militar y se hacía con la connivencia de cinco altos cargos guineanos, algunos de ellos familiares del dictador Teodoro Obiang –en el poder desde 1979–, quienes recibían un porcentaje del margen económico obtenido con la venta de las armas.
Según el auto, los Kokorev adquirían ilegalmente el armamento en Ucrania, inflaban el precio y falseaban las facturas a cargo de los fondos públicos de Guinea Ecuatorial. No obstante, no se les juzga por la venta de armas sino por blanqueo de capital que fue el motivo por el que fueron extraditados de Panamá.
Los Kokorev ocultaron la naturaleza militar de los contratos por la venta de armas entre 1999 y 2011 bajo el concepto de venta y reparación de buques y, para blanquear los beneficios de las operaciones, crearon un entramado empresarial, con hasta 45 sociedades, algunas de ellas constituidas en territorios off shore como el Estado de Delaware (Estados Unidos) o las Islas Vírgenes (Reino Unido).
Estas compañías mantenían una actividad mínima en la compraventa de embarcaciones y transporte marítimo, reparación y mantenimiento. El auto indica que la familia Kokorev precisó de la participación del abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan José Arencibia, quien ideó junto a los investigados el soporte de sociedades instrumentales. Asimismo, el abogado utilizó presuntamente a sus hermanas como testaferro y las puso al frente de algunas sociedades, a cambio de una remuneración.
Escritos de las partes
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos se indica que están culminando su escrito de acusación que entregarán esta semana, en donde piden penas para la familia Kokorev, el abogado y asesor canario y sus hermanas. También la defensa de los Kokorev está elaborando sus escritos.
A partir del estudio de las cuentas bancarias y de los movimientos financieros entre las sociedades, el auto judicial constata que además de Kokorev y sus colaboradores en Canarias, funcionarios y altos cargos del régimen de Obiang habrían cobrado comisiones.
El yerno del dictador y director general del gabinete militar recibió más de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004, que fueron ingresados por orden del presunto cabecilla de la trama en cuentas de España, Suiza y Francia. El sobrino de Obiang, secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto y secretario adjunto de Asuntos Económicos del Partido Democrático de Guinea, obtuvo unos 165.000 euros y el primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, unos 85.000 euros.
Además, el asesor de Obiang en materia de Defensa percibió algo más de un millón de euros. El quinto alto cargo es el director del gabinete militar ecuatoguineano, quien habría adquirido dos inmuebles en Madrid, uno por valor de 760.000 euros y otro por 665.000 euros. Estas personas no están encausadas por el tiempo transcurrido y por estar en otro país.
La jueza emplazó a las partes para que indiquen si recomiendan la apertura de juicio oral o el archivo del procedimiento y a que formulen sus escritos de acusación y petición de condenas. Fueron los jueces y fiscales franceses los que instaron a la justicia española a que siguiera el caso de los Kokorev, a los que investigaban por blanqueo de capitales. Con menos indicios, habían abierto una causa en Francia contra Teodorin Obiang, el hijo del dictador.
