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El Congreso congela el envío a la Fiscalía del dictamen sobre Spanair

Algunos grupos muestran su extrañeza y asocian el bloqueo a las dudas

de los socialistas y de Meritxell Batet sobre la legalidad del documento

Último de los homenajes a las víctimas del JK5022. | | LP/DLP

El Congreso mantiene congelado el envío a la Fiscalía General del Estado del dictamen aprobado hace tres semanas por la Cámara sobre la investigación parlamentaria en torno al accidente del vuelo JK5022 de Spanair en agosto de 2008, en el que 154 de sus ocupantes perdieron la vida y otros 18 resultaron heridos. Ese documento, que fue avalado por el pleno el pasado 13 de mayo por una amplia mayoría (216 votos a favor, los 121 en contra de PSOE, y 6 abstenciones del PNV) incluía entre sus recomendaciones la remisión del mismo al ministerio público a la vista de las “conductas negligentes” detectadas en torno al accidente y su gestión, además de señalar a la cúpula del entonces Ministerio de Fomento, y a directivos de las compañías implicadas en el siniestro, la propia Spanair y el fabricante del avión, Boeing, como responsables del “fallo sistémico” que condujo a la catástrofe.

Algunos integrantes de la comisión de investigación del Congreso que elaboró el dictamen muestran su extrañeza por el “bloqueo” de esta tramitación, que consideran que tendría que ser prácticamente automática, y que debería estar ya en manos de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para que analizara su contenido y decidir si cabe abrir diligencias al respecto. Otras fuentes recuerdan sin embargo que la remisión del dictamen a la Fiscalía requiere de una explicación razonada por parte de la cámara y de su presidenta, Meritxell Batet, sobre su iniciativa y la finalidad que busca, y que esto podría estar retrasando el procedimiento.

Varios de los diputados consultados que formaron parte de la comisión parlamentaria, que presidió la canaria Meri Pita, no ven en todo caso razón suficiente para que Batet no haya incluido este asunto en ninguna de las tres reuniones de la Mesa celebradas desde que se dio el visto bueno definitivo al documento, y creen que la verdadera razón de que el dictamen no haya salido aún camino de la Fiscalía es la oposición del PSOE al mismo, y el convencimiento por parte de este grupo parlamentario de que el documento es contrario a la doctrina constitucional sobre la imputación personalizada de responsabilidades no estrictamente políticas.

Se refieren al hecho de que el dictamen incluya una lista de 17 personas, entre ellas la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y las que integraban la cúpula de Fomento cuando se produjo el accidente, a las que, según el PSOE, se les estaría vulnerando su derecho al honor. Esta interpretación de los socialistas estuvo avalada por el informe, no vinculante, elaborado por el letrado de la comisión de investigación, que instaba a eliminar esa lista en la que se personalizan responsabilidades, así como a modificar también el punto en el que precisamente se recomendaba remitir a la Fiscalía el documento.

La impresión entre varios de los diputados consultados es que Batet es remisa a llevar a efecto esa recomendación del dictamen precisamente por el hecho de que los servicios jurídicos de la Cámara, a través del letrado de la comisión y del secretario general del Congreso, ya advirtiera en su momento sobre la inconstitucionalidad de alguna de las conclusiones del documento. Cabe recordar en este sentido que la propia exministra Álvarez y la mayoría de los excargos de Fomento señalados en la lista del dictamen reclamaron, en escritos personales remitidos a la presidenta del Congreso, ser excluidos de la misma por ver vulnerado su derecho al honor, y dejaron abierta la posibilidad de recurrir a los tribunales en caso contrario. El PSOE, por su lado, presentó un voto particular, que el pleno rechazó, en el que consideraba que el dictamen establece responsabilidades que competen a la Justicia y no a una comisión de este tipo, y que esta atribución podría suponer una «grave vulneración de la ley».

Aval jurídico

Algunas fuentes señalan que Batet podría haber encargado un nuevo informe interno sobre la conveniencia o no de remitir el dictamen a la Fiscalía y si tal cosa sería preceptiva por el hecho de que el documento ya hubiera sido aprobado por el pleno. En todo caso, se recuerda que el acuerdo parlamentario sólo establece conclusiones y recomendaciones y no obliga formalmente a la presidenta ni a la Mesa del Congreso a dar ese paso, aunque la cámara sí asumiera de alguna manera un especie de «compromiso político» al respecto al aprobarlo por amplia mayoría.

Varios grupos consideran que el hecho de que este asunto no se haya planteado en la Mesa explicita un acuerdo tácito entre el PSOE y Unidas Podemos, para evitar ese debate en el órgano de gobierno de la Cámara pese a que ambos grupos suman mayoría en él y por tanto no tendrían problemas para imponer su decisión. Sin embargo, el hecho de que UP apoyara claramente el dictamen de la comisión de investigación, cuya redacción realizó la propia Meri Pita como presidenta, así como el envío del mismo al ministerio público, les impediría ahora seguir la pauta del PSOE en la Mesa si se forzara una votación que cuestionara la más controvertida de las recomendaciones del acuerdo parlamentario.

Según algunas fuentes, las dudas sobre la constitucionalidad de la decisión del Congreso de mantener esa responsabilidad personalizada sobre las personas citadas en la conclusión número diez del dictamen también se hacen patentes entre otros miembros de la Mesa, sobre todo los dos del PP, donde habría una clara sensación de que la mayoría de los grupos habrían evitado a toda costa desmarcarse lo más mínimo de las demandas realizadas por la Asociación de Afectados por el vuelo JK5022 y asumieron las imputación de responsabilidades hacia cada una de las personas señaladas en la lista. Sin embargo, eso podría estar impidiendo ahora que el documento salga camino de la Fiscalía.

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