La reciente presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España por razones «humanitarias» no solo provocó una tormenta política en las relaciones con Marruecos y su forzada declaración ante la Audiencia Nacional, sino que también volvió a poner de actualidad uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la historia reciente de Canarias. Gali era miembro activo de la lucha saharaui contra la ocupación española, primero, y la marroquí, después, en los años en que se produjeron los ataques y atentados terroristas con bombas que sufrieron trabajadores canarios en la antigua colonia o contra los pesqueros que faenaban en el banco sahariano cuando el Polisario y Marruecos estaban en plenas hostilidades.
Rememorar el sufrimiento de aquellos años de plomo, secuestros, torturas, desapariciones y heridos en alta mar es un trago difícil para las familias de los 274 afectados. El dolor se ha incrementado no solo porque el juez dejara libre y sin cargos a Gali, sino porque la denuncia presentada por delitos de lesa humanidad y genocidio en 2012 ni siquiera se ha tomado en cuenta cuando se citó a declarar al líder saharaui el pasado 1 de junio, una denuncia que duerme en algún rincón de la Audiencia Nacional sin que se sepa a día de hoy que ha sido de la misma.
La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) tuvo la iniciativa de presentar el 23 de mayo de 2012 una denuncia contra Gali y otros miembros del Frente Polisario adjuntando el listado de los canarios asesinados, secuestrados o torturados entre 1973 y 1986 por atentados reivindicados por la organización saharaui, que nunca ha reconocido los hechos o se ha escudado en que se estaba en un escenario de guerra donde Marruecos también tenía su parte de responsabilidad. «Lo más sorprendente es que la Audiencia Nacional lleva nueve años sin dar respuesta a esta denuncia que está perdida en algún lado», lamenta la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, afectada directamente porque su padre fue víctima de un atentado que le dejó graves secuelas el resto de su vida. En 2018 volvieron a insistir y a preguntar pero «tampoco hemos sabido nada». Recientemente «hemos presentado ante la Oficina de Asistencia de Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional un requerimiento para conocer el estado de la denuncia y su evolución pero nadie nos ha contestado hasta ahora», añade Jiménez.
Declaración
La declaración telemática de Gali ante la Audiencia del pasado día 1 de junio no tiene nada que ver con las denuncias de Acavite. Se trata de querellas presentadas por asociaciones promarroquíes y de denuncias individuales de afectados por presuntas torturas en territorio saharaui. Que el juez haya hecho oídos sordos a las demandas de Acavite contra Gali y lo haya dejado salir de España como si nada ha generado más rabia e indignación a las víctimas canarias, que se sienten totalmente abandonadas tanto por los partidos políticos como por la propia Justicia española. «Después de nueve años es una falacia decir que la Justicia no sabe nada, los jueces de la Audiencia Nacional saben perfectamente que hay víctimas españolas», añade.
La presencia de Gali en España vuelve a rememorar aquellos últimos años de la presencia de España en la colonia del Sáhara Occidental y la entrada de Marruecos tras los acuerdos de Madrid de 1975. Antes y después de aquellos hechos los miembros del grupo armado combatieron en la zona y la población civil se vio directamente afectada por este convulso escenario. Brahim Gali participó desde principios de los años 70 directamente o como cualificado dirigente del Polisario en aquellas acciones ya que incluso fue ministro de Defensa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), por lo tanto jefe militar de lo que sucedía en el territorio de la antigua colonia española y en sus aguas. Por ello Acavite considera que Gali fue el «presunto autor intelectual, material y quien ordenaba los ametrallamientos, asesinatos, secuestros masivos, heridos muy graves y desapariciones de trabajadores y tripulaciones en alta mar de los canarios desde 1973 y hasta finales de 1986».
Desde que Gali y otros dirigentes saharauis crearan el Frente Polisario en 1973 se iniciaron las hostilidades hacia las tropas españolas que ocupaban la excolonia y los intereses de la entonces metrópoli. Entre 1973 y 1975 los independentistas del Polisario llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra el Ejército español que tuvo su punto más caliente el 9 de mayo de 1975, cuando los 52 soldados nativos que formaban parte de dos patrullas del Grupo de Tropas Nómadas del Ejército español, desertaron. La mayoría se pasó al Polisario pero capturaron a sus mandos y a 14 soldados españoles, matando a un decimoquinto de tres disparos por la espalda llamado Ángel del Moral.
Recién salida España del Sáhara todavía había trabajadores canarios en las minas de fosfatos de Fosbucraa. Fue en enero de 1976 cuando una doble bomba colocada junto a la cinta transportadora hicieron explosión cuando pasaba el vehículo en el que iba Francisco Jiménez –padre de Lucía Jiménez – con destino a El Aaiún, la capital del Sáhara. Fue el 10 de enero de 1976. Jiménez resultó herido, junto a tres compañeros de trabajo. No así el conductor, Raimundo Peñalver, que fue asesinado en el acto. El atentado dejó ciego, sordo y con graves secuelas a Francisco Jiménez, que falleció en 2006.
A partir de 1976 se recrudecieron los ataques a los pesqueros españoles que faenaban en las aguas aledañas a Canarias y que el Frente Polisario consideraba ocupadas por Marruecos. Por esos años se sucedieron las desapariciones, ametrallamientos y secuestros de pescadores, la mayoría de ellos canarios aunque también de otras comunidades como gallegos, andaluces y vascos.
Algunos de esos ataques fueron especialmente violentos y otros acabaron en desapariciones de tripulaciones completas de cuyos miembros nunca más se supo. El Cruz del Mar o el Mencey de Abona son dos tristes ejemplos de la violencia ejercida contra los pesqueros en aquellos años y que la guerra propagandística entre Marruecos y el Polisario se encargaba de tergiversar echándose la culpa unos a otros de lo que estaba sucediendo. El 1 de noviembre de 1980, con el mar el calma, los 14 pescadores del Mencey de Abona, desaparecieron. Cuarenta y seis días más tarde un pesquero coreano se encontró dos cuerpos atados de pies y manos en las mismas aguas en las que desapareció el barco. Del resto de los tripulantes nunca más se supo.
Ataques
El 28 de noviembre de 1978 varios atacantes dinamitaron el pesquero canario Cruz del Mar después de asesinar a siete de sus diez tripulantes. Los tres restantes pudieron salvar la vida tirándose al mar. Entre los asesinados había un menor, Sebastián Cañada García, de 15 años. También en 1978 ocho pescadores del pesquero Cansado Palomas fueron secuestrados durante más de seis meses hasta que se pagó su rescate. El 16 de agosto, el patrón del pesquero Tela, Parrilla Curbelo, también fue herido por disparos de metralla.
La situación llegó hasta tal punto que el Gobierno español que presidía Felipe González expulsó a los dirigentes del Frente Polisario de España en 1985 tras el ataque sufrido por un pesquero y una patrullera de la Armada española que acabó con la vida de un militar. Los hechos sucedieron el 22 de septiembre de 1985 cuando el patrullero Tagomago de la Armada Española fue ametrallado por el Polisario al ir a rescatar al pesquero El Junquito, que estaba siendo secuestrado por el Polisario, a un kilómetro y medio de la costa saharaui. Los terroristas utilizaron una ametralladora pesada y cohetes, sufriendo el buque español cuatro impactos de gran calibre por encima de su línea de flotación, otro en la chimenea y uno más en el puente. Este último impacto mató al cabo segundo de artillería José Manuel Castro Rodríguez. Otros dos tripulantes resultaron heridos. Este ataque fue reivindicado por el Polisario y fue cuando sus representantes fueron expulsados de España.
Lo que no entiende la asociación que representa a las víctimas de estos atentados es que uno de sus cerebros haya salido indemne de España sin que, además de las denuncias por las que tomó declaración, se le haya investigado por los crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas del terrorismo españolas. Para Lucía Jiménez «Gali ha sido tratado por la medicina española por razones humanitarias mientras hay familias españolas sin padres, ni hermanos ni hijos porque fueron asesinados y torturados por la organización que dirige».
Acavite seguirá adelante con el trabajo para el que fue creada la asociación y por eso continuará con iniciativas que por ahora Lucía Jiménez no quiere desvelar. «Nuestra estrategia nos la vamos a reservar para salvaguardar nuestros intereses. Nos reservamos todas las acciones que se puedan realizar», añade. La presidenta de Acavite no entra en cuestiones políticas y recuerda que no se trata de víctimas de un conflicto cuando se trata de civiles que no tenían ni armas ni iban a ninguna guerra pero eran atacados sin que se haya tomado cartas en el asunto.
