La Canarias de Ángel Víctor Torres y el Madrid de Isabel Díaz Ayuso son las dos únicas Comunidades Autónomas donde la inversión en obra pública en 2021 es más baja que en 2020. Dos excepciones –o más bien dos rarezas– en un contexto en el que las licitaciones de los gobiernos de todo ámbito –estatal, regional, provincial, insular y municipal– se han disparado hasta dejar incrementos superiores al 300% en comunidades como, por ejemplo, Murcia o Extremadura.
En el Archipiélago son los cabildos y los ayuntamientos, es decir, las entidades locales, las instituciones que más trabajos licitaron en el primer tercio del año, hasta el punto de haber logrado más que duplicar la suma correspondiente al mismo período de 2020. Sin embargo, el hundimiento de las licitaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma es de tal calibre que ni siquiera ese notable incremento de la obra pública local alcanza para compensar la caída. Una circunstancia que llama aún más la atención si se tiene en cuenta que marzo y abril del año pasado fueron meses sin apenas licitaciones por el parón administrativo del primer confinamiento de la nación.
En el primer cuatrimestre de 2021, según los datos que acaba de publicar Seopan –la patronal de las grandes constructoras del país–, la Administración pública sacó obras a concurso en Canarias por un montante de 232,8 millones de euros. En los mismos meses de 2020, los trabajos licitados en las Islas por las instituciones de todo ámbito –ministerios, consejerías, cabildos, ayuntamientos...– llegaron a 278,8 millones. De modo que la inversión pública fue superior –46 millones de euros más– entre enero y abril del año pasado que entre los mismos meses del actual ejercicio, y ello aun cuando marzo y abril de 2020 fueron meses casi inhábiles –el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma nacional el 14 de marzo–. La suma de las licitaciones se ha reducido así un 16,5%, una caída que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el resto de España, a excepción de en la Comunidad de Madrid.
En la región del centro peninsular, el importe de los contratos de obras sacados a concurso por las distintas instituciones se ha reducido incluso algo más que en Canarias, hasta un 20,5%. En cambio, en las demás autonomías se registran incrementos de la inversión pública que en la mayoría de los casos son, además, extraordinarios. En Extremadura, las administraciones central, autonómica y local licitaron trabajos en el primer cuatrimestre de este año por un total de 278,4 millones, la friolera de un 345% más que en el mismo período de 2020. Y los 127,4 millones de euros de los contratos de obras licitados en la región de Murcia suponen un 312% más. No son los únicos dos casos de subidas desorbitadas, ni mucho menos, en un momento en el que la obra pública debe ser uno de los principales motores de la reactivación económica.
En Galicia se ha disparado un 176,5%; en el País Vasco, un 150%; en Castilla-La Mancha, un 269%; en Cataluña, un 95%; y en La Rioja, un 94,7%. De hecho, en el conjunto del país se ha incrementado un 73%.
Si se pone la lupa sobre los datos de Seopan, se ve que los responsables de la caída de la licitación pública en el Archipiélago son los Gobiernos central y autonómico. Los cabildos y los ayuntamientos, esto es la Administración local, sacaron trabajos a concurso entre el 1 de enero y el 30 de abril por una suma de 183,4 millones de euros. Son 101,4 millones más –un aumento del 127,3%, mucho más del doble– que durante el primer cuatrimestre de 2020, una considerable subida que contrasta con lo ocurrido con las licitaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno central –los ministerios, las direcciones generales, los entes dependientes...– firmaron entre enero y abril contratos para trabajos de edificación u obra civil en el Archipiélago por 30,8 millones de euros. ¿Mucho o poco? Poquísimo, máxime en un momento en el que la inversión pública es vital. En el primer tercio de 2020, pese al súbito parón de la maquinaria administrativa y contractual por el confinamiento –lo que obligó a ajustar los procedimientos a las dinámicas del teletrabajo–, la Administración del Estado ya había licitado proyectos por algo más de 72 millones. El desplome es, por tanto, del 57%.
Y aún peores son las cifras del Gobierno de Canarias y todo su entramado de empresas y entes dependientes. La Administración autonómica licitó obras en el primer cuatrimestre de este año por unos exiguos 18,6 millones de euros. Durante los mismos meses de 2020, pese al confinamiento, el montante de los contratos licitados ya rozaba los 125 millones. La caída es del 85%.
No obstante, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda –el principal órgano licitador de la Comunidad Autónoma– tiene en marcha hasta 18 grandes proyectos en el área de carreteras que se licitarán antes de que acabe la legislatura, tres de ellos en Tenerife, Lanzarote y El Hierro este mismo año. Entre estos tres y los otros 15 cuyos proyectos están en redacción, la inversión se elevará por encima de los 900 millones de euros, un notable impulso.
Compromiso para cerrar la legislatura en positivo
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, tiene el compromiso de convertir a la Comunidad Autónoma en una de las regiones del país con mayor volumen de licitaciones en los próximos dos años. Como adelantó el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, en el penúltimo pleno del Parlamento autonómico, el departamento de Franquis tiene en fase de redacción una serie de 15 proyectos a lo largo y ancho del Archipiélago que supondrá una inversión de alrededor de 900 millones de euros.
La mayor parte de las obras de estos 15 proyectos se licitarán en 2022, y entre ellas hay trabajos tan importantes como el del soterramiento de la Avenida Marítima y la mejora de los enlaces Belén María-Torre Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria; el de la avenida de acceso al Hospital Insular de La Gomera; o el de la circunvalación aérea metropolitana de Tenerife, la variante de la autopista TF-5 en Padre Anchieta-Los Rodeos. Pero, además, la consejería va a adjudicar en los próximos meses tres obras más al margen de las 15 citadas en fase de redacción. Se trata de los trabajos del falso túnel de Pie de Bascos, en El Hierro, por un montante de algo más de 5,4 millones de euros; de las obras en los tramos B y C de la autopista del norte de Tenerife (TF-5) entre Ofra y El Chorrillo, por 5,1 millones; y de las actuaciones para la rotonda de La Calderina, en la vía LZ-2, en Lanzarote, por un total de 1,1 millones de euros, explican desde la consejería. | M.Á.M.
