El Gobierno de Canarias le dio ayer la bienvenida a una nueva etapa para la Comunidad Autónoma: la de la recuperación de la crisis del coronavirus. Fue el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien aseguró durante una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamento regional que lo peor de la crisis ya ha pasado. «Se inicia la remontada económica», afirmó el también líder de Nueva Canarias después de que el jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, explicara que la bajada del paro en mayo supone un cambio de tendencia que augura tiempos mejores. Esta reducción del desempleo –por más que sea la menor del país– y la reciente aprobación del decreto que regula el reparto de los 1.144 millones de ayudas entre empresas y autónomos –Torres adelantó que el dinero se distribuirá en su totalidad en poco más de tres meses– son los dos principales motivos para el optimismo en la cúpula del Gobierno autonómico. «A pesar de los del cuanto peor, mejor», agregó Rodríguez, «ahora toca la remontada», insistió.
El Ejecutivo apoya la ‘armonización’ fiscal de Sánchez siempre que no afecte al diferencial isleño
Tanto el vicepresidente y consejero como el presidente del Ejecutivo –con el apoyo de las bancadas de sus respectivos partidos: NC y PSOE– se esforzaron ayer en diferenciar la respuesta pública a la actual crisis de la que en su día se dio a la crisis financiera de 2008-2014. El argumento fue que ahora se han puesto 145.000 millones de euros para salvar empresas, empleos y los servicios públicos, mientras que en los años posteriores al crac de octubre de 2007 «el PP destinó 100.000 millones para la banca y para echar gente a la calle». El trazo grueso del argumento –porque el PSOE gobernó España durante los tres primeros años de la crisis financiera, y de hecho en 2010 aprobó una reforma laboral para abaratar el despido, y porque el único banco rescatado fue Banco de Valencia, ya que el resto fueron cajas de ahorros– provocó las primeras caras largas entre la oposición. Sobre todo en los escaños del PP, en los que Rodríguez detuvo la mirada en una de las dos ocasiones en que detalló los casi 9.000 millones que el tejido productivo ha recibido en ayudas públicas.
El responsable de la Hacienda isleña enumeró una por una las grandes partidas: 4.600 millones de euros en préstamos blandos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) –lo cierto es que este dinero hay que devolverlo–, algo más de 3.000 millones para financiar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor, los 1.144 de las ayudas directas –a fondo perdido– que se repartirán en los próximos meses y los 165, también para subvenciones, que la Comunidad Autónoma ha puesto de sus propios recursos. Exactamente 8.909 millones. «Si la caída» [de la economía canaria] «es de unos 11.000 millones», precisó la diputada de NC Esther González, «pues no está tan lejos».
Sea como sea, todos coincidieron en que las ayudas son solo eso, ayudas, y en ningún caso la solución a los problemas socioeconómicos del Archipiélago. Problemas que vienen de lejos, ahondó Rodríguez, y que el coronavirus ha agravado.
Al hilo de lo anterior, el vicepresidente avanzó el apoyo del Gobierno de Canarias a la armonización fiscal que prepara Pedro Sánchez con un grupo de 17 expertos, ninguno de ellos canario o capaz de trasladar las singularidades del Régimen Económico y Fiscal, le avisó la parlamentaria de Coalición Canaria Rosa Dávila. Rodríguez dijo estar a favor de la «armonización» –a juicio de Dávila un hachazo en toda regla en forma de subidas de impuestos y creación de nuevos tributos que perjudicará más si cabe a una economía tan depauperada como la del Archipiélago– y del refuerzo de la fiscalidad verde o ambiental. Pero eso sí, el consejero de Hacienda aseveró que el Ejecutivo se mantendrá firme en la defensa del diferencial fiscal en favor de las Islas: «Diremos no a la armonización si supone acabar con el REF».
Pablo Rodríguez le echa en cara a Torres el ‘olvido’ de los compromisos del Plan Reactiva
Desde la oposición, el diputado del PP Fernando Enseñat criticó un pretendido triunfalismo en el Gobierno –el decreto para el reparto de los 1.144 millones es «un galimatías», subrayó– y le reprochó que empresarios y autónomos lleven un año esperando por las ayudas. En esta línea, Vidina Espino, de Ciudadanos, pidió flexibilizar los requisitos para que más pymes puedan acogerse a las subvenciones. Y Pablo Rodríguez, presidente del grupo nacionalista, le reprochó a Torres que ni siquiera se hayan cumplido los compromisos de inversión del Plan Reactiva. «Han intentado vender los 42 millones del plan de empleo, que ya existían antes de su llegada, como fondos extraordinarios», afirmó.
