El Gobierno canario manifestó ayer su voluntad de firmar el preacuerdo que se alcanzó con el comité de huelga del personal interino de la Administración General, pero advierte que se trata de una actuación que no tiene efectos jurídicos porque la estabilidad de los empleados que se encuentran en abuso de temporalidad pasa por modificar la legislación básica estatal, tal y como argumentan los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, cree que «nada impide» que el Ejecutivo siga adelante con la hoja de ruta que se había marcado para constituir los grupos de trabajo previstos en el acuerdo de abril.
«Si de este proceso alguien puede pensar en una conversión automática de este personal en fijo esta opción no es posible porque eso se tendría que regular por una ley de ámbito estatal», puntualizó Pérez. En su opinión, los juristas de la Comunidad Autónoma introducen «claridad» en el debate tanto jurídico y legal como en el político y sindical. Por eso permanece la «voluntad política» de firmar el acuerdo tal y como está y constituir lo antes posible las mesas de trabajo para distinguir con exactitud al personal que se encuentra en abuso de temporalidad y qué tipo de medidas están al alcance de la Comunidad Autónoma y del Parlamento regional que no colisionen con la normativa básica estatal.
Según Pérez «el informe jurídico no añade nada nuevo para que el acuerdo no se pueda firmar tal y como está, no hay razón para que se corrija o se modifique porque lo importante es que se ejecuten las mesas de trabajo y queremos ponerlas en marcha desde que sea posible».
El titular de Función Pública añadió, sin embargo, un nuevo matiz y es la pretensión del Gobierno de que todas las fuerzas sindicales se unan en la firma del documento para iniciar el trabajo de forma conjunta. Julio Pérez hizo hincapié en las diferentes visiones sindicales que existen en esta problemática, hasta el punto de que hay una profunda brecha entre los sindicatos de ámbito estatal –UGT, CCOO y CSIF– y los de ámbito canario –Sepca, Intersindical y Co.bas–, éstos últimos al frente del comité de huelga que lleva cinco meses en conflicto laboral por la «permanencia» del personal interino y una «solución canaria» desvinculada del Estado.
Sin embargo la pretensión del Ejecutivo de aunar a todos los sindicatos es un objetivo a día de hoy casi insalvable porque los tres sindicatos nacionales están en plenas negociaciones con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para pactar una solución global que abarque a todas las administraciones públicas del país. Estas centrales no están de acuerdo con el conflicto ni respaldan las tesis de los sindicatos convocantes de los paros porque, al igual que el Ejecutivo, afirman que la solución pasa por el Estado y las reformas legales que se están debatiendo.
«Podemos pensar que en algún momento todos los sindicatos se sumarán al esfuerzo para intentar encontrar una solución, lo importante es no quedarse quietos», añadió Pérez, reconociendo que la representación sindical en el Estado es diferente a la de Canarias, circunstancia que provoca una fractura cada vez mayor. De hecho, en los últimos días tanto UGT como CCOO han acusado al comité de huelga de «engañar» a los trabajadores con soluciones que desde el punto de vista jurídico y legal no se sostienen, por lo que hay que buscar la opción de la reforma de la legislación básica.
