Los interinos advierten que romperán con el Gobierno si modifica el acuerdo

Según ha podido saber este periódico, la pretensión de la Consejería de Administraciones Públicas es firmar el acuerdo la próxima semana para constituir los grupos de trabajo a los que se había comprometido el consejero Julio Pérez. El comité de huelga mantiene que se trata de un asunto de «voluntad política» y no jurídica de analizar qué empleados se encuentran en abuso de temporalidad y estudiar las fórmulas que puedan garantizar la permanencia de los mismos en sus puestos hasta que se jubilen o causen baja. Es aquí donde los representantes del personal interino aseguran que no se está pidiendo la conversión de interinos a fijos sino la permanencia en sus puestos de trabajo. La primera opción implica un proceso selectivo porque así lo estipula la legislación vigente, mientras que la segunda alternativa supondría que esas plazas seguirían ocupadas por el personal que lleva en ellas muchos años y quedan fuera de las vacantes que se oferten en las oposiciones.

El comité de huelga advierte que no está dispuesto a asumir un informe jurídico que considera contrario a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre ellas la conocida el pasado 3 de junio y que los juristas de la Comunidad Autónoma no incluyen en su análisis porque se difundió unos días después de elaborar el informe encargado por la Dirección General de Función Pública. De hecho, hasta el propio Tribunal Supremo ha convocado un pleno el próximo 22 de junio para analizar este fallo del tribunal comunitario y la repercusión que pueda tener en la doctrina del alto tribunal sobre los abusos de los contratos temporales en la Administración.

El informe jurídico no recoge la sentencia europea del 3 de junio, avisan los huelguistas

Los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.bas y la plataforma de empleados interinos exigen que se constituyan los grupos de trabajo como forma de avanzar en la resolución del conflicto. El Ejecutivo es proclive al debate en estos grupos hasta que el Estado tome una decisión para resolver el problema de los miles de empleados públicos que en toda España se encuentran en la misma situación que los canarios, no solo de la Comunidad Autónoma sino también de los cabildos y ayuntamientos, donde el índice de interinidad es muy elevado.

Normativa estatal

«Insistimos en que la permanencia del personal no fijo objeto de abuso no es sinónimo de “acceso al empleo público”, habiendo accedido ya dicho personal desde hace muchos años a la Administración a través de los mecanismos legalmente establecidos. La normativa estatal lo único que prohíbe actualmente es adquirir la condición de personal fijo o de carrera si no se ha superado un proceso selectivo para ello, pero en modo alguno impide la permanencia como sanción al abuso», añaden los miembros del comité de huelga. Por ello demanda del Ejecutivo que cumpla su «compromiso político» acordado en abril y critica que hayan dilatado durante más un mes el inicio de los grupos de trabajo poniendo como excusa un informe jurídico que se encargó el mismo día que se iba a firmar el acuerdo, es decir, el 30 de abril, y no antes como se había dicho en un principio desde Función Pública.

Las discrepancias que mantiene los sindicatos en torno a la solución de esta problemática vuelve a surgir en este punto de las negociaciones. El comité de huelga tilda de «deslealtad» y «desprecio» que los representantes de Función Pública se hayan reunido con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, que no respaldan el conflicto laboral planteado en Canarias y abogan por la negociación con el Gobierno central para alcanzar una solución general y ajustada a derecho que no sea tumbada por los tribunales.

La fractura sindical que existe lo demuestra la contraposición de pareceres entre las centrales convocantes de la huelga y las que no. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, advierte que los sindicatos del comité de huelga «venden humo» y «engañan» a los trabajadores con propuestas que no son legales porque la normativa lo impide «y cualquier juzgado las puede echar abajo».

UGT critica que se «venda humo» a los trabajadores y afirma que la solución la tiene el Estado

El dirigente sindical asegura que los sindicatos estatales están negociando con el Ministerio de Política Territorial fórmulas legales para resolver la situación de «todos» los empleados públicos que se encuentran sin consolidar sus puestos de trabajo, tanto sanitarios, como docentes y de la Administración General. «El informe jurídico viene a concluir lo que hemos dicho nosotros desde el principio y es que la solución pasa por el Estado y que se modifique la legislación, lo demás es vender humo», cuestiona Bautista.

En este sentido, UGT aboga por una «solución excepcional» a una «situación excepcional» para que ningún empleado público se quede atrás de la categoría que sea. Bautista no quiere distinguir entre personal laboral o funcionario, o entre sanitario o docente: «Hay que negociar una fórmula alternativa que satisfaga a todas las categorías porque todos los profesionales se merecen la misma consideración, por eso la norma la tiene que modificar el Estado», añade.

Las negociaciones entre el Ministerio que dirige Miquel Iceta y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF se mantienen en estos días y la previsión es que a final de mes haya un acuerdo. Según Bautista, el Ministerio no ha presentado aún una propuesta formal para solventar la situación de los empleados públicos interinos.