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Comisiones Obreras denuncia la desastrosa gestión del área de Podemos

El sindicato advierte de que la falta de personal lastra la atención a las familias más vulnerables

Víctor Hernández, Claudia Castro, José Ángel Brito y Andrés Baute durante la rueda de presa de CCOO. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Víctor Hernández, Claudia Castro, José Ángel Brito y Andrés Baute durante la rueda de presa de CCOO. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

La Consejería de Derechos Sociales está en una «situación límite». Así lo denunció ayer el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que recalcó que el déficit de personal unido a la mala organización del trabajo están afectando, y mucho, a los ciudadanos de las Islas, que deben esperar meses para recibir una ayuda de emergencia y años para tramitar el acceso al sistema de atención a la dependencia o una valoración del grado de discapacidad.

«Queremos denunciar la situación de maltrato a la que se está sometiendo a las familias más vulnerables de Canarias», manifestó Andrés Baute , adjunto a la secretaría de Políticas Sociales de CCOO Canarias, quien destacó que a la falta de profesionales para atender el volumen de trabajo en el departamento dirigido por la consejera de Podemos Noemí Santana, se añade el elevado número de asesores, colaboradores y directores, mientras se carece de equipos técnicos.

Según señala el sindicato, esta falta de personal está provocando una «catastrófica» gestión del sistema de dependencia, ya que Canarias es la única comunidad en la que las personas pendientes de valoración y las que tienen el derecho reconocido, pero siguen esperando por la prestación, suman más que aquellas que ya están siendo atendidas. La lista de espera para valorar el Grado de Discapacidad acumulan un retraso de tres años, la creación de los Equipos de Atención Temprana no se ha concretado, mientras que también existen retrasos en la expedición y renovación de títulos como el de familia numerosa y problemas para tramitar las nóminas de ayudas como la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

«La lista de deficiencias es larga», recalcó José Ángel Brito, secretario de Políticas Sociales del sindicato en las Islas. Por eso, aseguró haberse sentido sorprendido al saber que la Consejería había dejado sin ejecutar 66 millones de euros del presupuesto de 2020 y asombrado porque «con todos los problemas que hay que afrontar», y en un momento en el que la crisis social provocada por el coronavirus ha incrementado el número de personas que necesitan asistencia, el presupuesto del área para este año solo haya aumentado un 0,57%.

La pandemia no ha hecho sino agravar una situación que ya venían atravesando los servicios sociales en Canarias, mermados debido a las políticas de austeridad promovidas a partir de la anterior crisis financiera de 2008. Sin embargo, el sindicato aseguró ayer que desde que el actual Gobierno de Canarias comenzó a trabajar en el verano de 2019 «llevamos escuchando que hay que dotar de más dinero y personal al sistema», sin que esto se haya traducido en nada, cuando «las materias de la Consejería de Derechos Sociales deberían ser la primera prioridad de un Gobierno que se define como progresista».

Los ciudadanos deben esperar meses para poder percibir una ayuda de emergencia

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Para Víctor Hernández, expresidente del Comité de Empresa y trabajador de la Consejería de Derechos Sociales, la actual situación es «muy preocupante», sobre todo respecto a la falta de respuesta a la ciudadanía. Por lo que el sindicato demanda que se lleve a cabo un diagnóstico que permita determinar qué está fallando y poder reorganizar el trabajo dentro del departamento.

«Ahora no vemos una hoja de ruta para que las prestaciones lleguen de forma ágil a los ciudadanos», denuncia, ya que los vecinos deben esperar «entre tres y cuatro meses para que les atiendan» y se pregunta «¿qué hacemos con ellos durante todo ese tiempo».

Para los ciudadanos, la puerta de entrada a los servicios sociales son los ayuntamientos, pero tampoco allí se cuenta con los recursos necesarios. «Los equipos están infradotados y esto hace mella en la salud de los trabajadores y en la atención que prestamos a los ciudadanos», apuntó Claudia Castro Santana, secretaria de Comunicación, Imagen e Información del sindicato, quien añade que si el primer nivel de atención está «atascado» todo el sistema se vuelve «lento e ineficaz».

Ante la falta de los recursos necesarios para prestar la atención necesaria desde la administración, muchas veces se recurre a la externalización de los servicios. Algo de lo que también se queja el sindicato al considerar que la labor de entidades sociales «no puede sustituir a la obligación pública de cubrir las necesidades sociales de la ciudadanía en situación de desamparo».

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