La última reunión del G7 –el organismo que armoniza los intereses de las siete mayores potencias económicas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido– dejó un principio de acuerdo para la puesta en práctica de un impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios de las multinacionales. El acuerdo ha puesto en guardia a los Gobiernos de países y regiones que, por distintos motivos –algunos legítimos, como es el caso de Canarias con el REF, y otros no tanto, como los regímenes de los paraísos fiscales–, tienen sistemas tributarios donde el tipo del Impuesto sobre Sociedades está muy por debajo de ese 15%. En el caso de las Islas, las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC) –uno de los incentivos más potentes del REF– pueden tributar a un tipo mínimo del 4% si cumplen una serie de condiciones de inversión y empleo. El mínimo del 15% dejaría a la ZEC sin su principal reclamo para atraer proyectos empresariales y contribuir a diversificar la economía regional, siempre tan dependiente del turismo. ¿Es esta una amenaza cierta? El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, explica que no. Hernández detalla que la propuesta del impuesto mínimo sí implica ciertos riesgos, pero «también es una oportunidad».
¿Qué oportunidad? La de acabar con todos esos paraísos fiscales –Guernsey, la Isla de Man, Jersey...– que no solo fomentan la elusión de impuestos sino que, de algún modo, hacen también competencia desleal a territorios, como Canarias y las demás Regiones Ultraperiféricas (RUP) europeas, donde la existencia de regímenes fiscales especiales está más que justificada. Por eso el presidente de la ZEC insiste, ante el acuerdo del G7, en que lo que ahora toca, tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el Ministerio de Hacienda –con quien ya se está en conversaciones al respecto–, es «hacer mucho hincapié en diferenciar el REF, autorizado y justificado por los sobrecostes que soporta el Archipiélago, de todos esos regímenes perniciosos». En esta línea, Sonia Mauricio, doctora en Derecho y miembro del comité científico de la Cátedra del REF, asegura que la condición de RUP de las Islas blinda la «excepcionalidad» de las mayores ayudas de Estado que implica el REF. En otras palabras: el régimen canario está de sobra justificado.
No obstante, Pablo Hernández expone que hay ciertos riesgos que deben minimizarse desde ya. Por ejemplo, el de los intangibles de muy alto valor, como puede ser el caso de la patente creada por dos genios de una pyme ZEC que acaba generando unos beneficios multimillonarios. Unos beneficios que sí estarían afectados por el impuesto mínimo porque superarían con mucho la «sustancia» –número de trabajadores y repercusión en la economía regional– de la empresa del ejemplo. Sin embargo, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma, ante el reto de diversificar la economía regional, pueden permitirse que esa empresa abandone el Archipiélago por no poder tributar al 4 sino al 15%. Esto es lo que España deberá explicar cuando la propuesta del G7 se debata en el G20, donde el país es invitado permanente.
Pero lo primero, eso sí, será dejar bien claro que España tiene una RUP que debe quedar exenta del impuesto mínimo global. «España tiene que defendernos y Canarias tiene que recordarle a España que tiene que defendernos», resume el experto en fiscalidad Orlando Luján.
