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Alarma por el descontrol en las contrataciones de los entes públicos

La Audiencia de Cuentas pide revisar el procedimiento para la incorporación de personal por su «escasa eficacia» y exhorta al Gobierno a extremar la vigilancia

Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ayer en el Parlamento. | | EFE

Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ayer en el Parlamento. | | EFE

La Audiencia de Cuentas de Canarias alerta sobre el insuficiente control de las contrataciones de personal en las sociedades y empresas dependientes del Gobierno autonómico. Las deficiencias detectadas durante la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2019 –el último ejercicio antes del estallido de la pandemia– han llevado al órgano presidido por Pedro Pacheco a pedir al Ejecutivo regional que revise el procedimiento de contratación. Un procedimiento que se caracteriza por su «escasa eficacia» y cuya modificación debe acompañarse de una mayor vigilancia de las incorporaciones de nuevo personal. En otras palabras: el Gobierno, las consejerías o las direcciones generales tienen que estar más atentas a los contratos que se suscriben en las empresas públicas bajo su tutela. De lo contrario volverán a repetirse incrementos injustificados de los gastos de personal, algo que la Audiencia de Cuentas lleva años denunciando y que casi se ha convertido ya en un mal endémico en el sector público con presupuesto estimativo: sociedades, empresas y fundaciones.

Uno de los casos más significativos del descontrol en las contrataciones durante 2019 es el de cinco de las fundaciones autonómicas.

Estas cinco entidades –la Fundación Canaria (FC) Academia Canaria de la Lengua, la FC de Juventud IDEO, la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, la FC Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria y la FC Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias– dispararon el gasto en personal en 345.841 euros por encima de lo presupuestado para 2019. Y lo malo no es el incremento en sí, sino que este se produjo sin la preceptiva autorización del Gobierno, la misma que se estableció en el artículo 33 de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.

«Se estima conveniente la revisión del procedimiento de las contrataciones de personal establecido en las leyes de presupuestos, dada su escasa eficacia», expone el análisis de la Audiencia de Cuentas, que exhorta al Ejecutivo a ponerse las pilas en la vigilancia de los contratos en las sociedades y empresas públicas: «Se recomienda a los centros directivos [consejerías, viceconsejerías, direcciones generales...] que tengan asignada la tutela de las entidades integrantes del sector público empresarial que realicen un mayor control de las contrataciones de personal».

Falta de evaluación

Con todo, la falta de un mayor control de los contratos en las entidades dependientes no es, ni mucho menos, la única deficiencia detectada por la institución presidida por Pacheco. La Audiencia de Cuentas ha constatado por enésima vez –viene haciéndolo al menos desde 2011, hace ya diez años– que el Gobierno de turno –CC llevó las riendas del Ejecutivo hasta mediados de 2019 y los partidos del cuatripartito lo hicieron en la segunda mitad del año– hace caso omiso de sus recomendaciones y advertencias. Al menos de una parte de las mismas.

En ello hizo ayer hincapié Pacheco durante su comparecencia ante el Parlamento, donde reclamó una vez más «una apuesta decidida por la evaluación de las políticas públicas». Pacheco, tal como recoge el informe de la Audiencia, explicó que mientras el Ejecutivo no implante un sistema de evaluación, no será posible «conocer la efectividad de los recursos públicos empleados». Dicho de otro modo: no podrá saberse con certeza ni si el gasto en una determinada actuación o política ha tenido el resultado esperado ni, por tanto, si es o no conveniente redirigir o reorientar los fondos.

El órgano agrega que la evaluación del gasto y las políticas públicas no debería ser algo potestativo, sino que, a su juicio, es «ineludible». «Para la mejora de la presupuestación, gestión y control del gasto se considera ineludible la aplicación de un sistema de planificación, dirección por objetivos y evaluación de políticas», detalla.

CC defiende su labor de los ataques de Rodríguez

Coalición Canaria (CC) tiene la espina clavada de las críticas que el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Román Rodríguez, vertió sobre su gestión financiera y presupuestaria nada más llegar al cargo. Aunque la Comunidad Autónoma se mantuvo durante la etapa de Fernando Clavijo entre las regiones más cumplidoras en lo relacionado con la estabilidad de sus cuentas públicas y el control del endeudamiento –el propio Rodríguez llegó a acusar al Ejecutivo de CC de ser el «campeón» del cumplimiento–, el ahora responsable de las finanzas autonómicas aseguró que existían «notables desajustes» en las cuentas heredados de la gestión de su antecesora en el cargo, la nacionalista Rosa Dávila. Ayer, tras la comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, para exponer las conclusiones de la fiscalización de la Cuenta General de 2019, la propia Dávila aprovechó para echarle en cara a Rodríguez «el falso discurso que tuvo el nuevo Gobierno sobre que Canarias era una comunidad deficitaria, cuando constatamos hoy [por ayer] que se cerró el ejercicio de 2019 con superávit». La representante de CC dijo que también se ha demostrado una «falsedad» el «discurso catastrofista sobre los impuestos, que nada tuvo que ver con la realidad, ya que los ingresos correspondieron al 95,5% de los derechos reconocidos sobre las previsiones iniciales». | M.Á.M.

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