El Gobierno de Canarias aprobará el próximo lunes un decreto ley para la prestación complementaria para los trabajadores afectados por ERTE que perciban menos del salario mínimo interprofesional (SMI), para lo que se destinarán 30 millones de euros.

Así lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien avanzó que este decreto ley irá el próximo lunes al Consejo de Gobierno y beneficiará a 40.712 trabajadores canarios que están en ERTE y que cobran menos del SMI.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, sobre medidas tomadas para luchar contra la precariedad laboral y social en las islas, el presidente afirmó que el Gobierno "ha tomado medidas desde el comienzo de la pandemia y seguirá tomando otras, con carácter inminente incluso".

En el plano social, Ángel Víctor Torres enumeró algunas medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, como el ingreso mínimo de emergencia, la aportación extraordinaria a las pensiones no contributivas, la modificación de la Prestación Canaria de Inserción para que llegase a más personas o el aumento del plan concertado.

Sobre la precariedad laboral, afirmó que el Gobierno "se está sentando para solventar un problema histórico de abuso de temporalidad" y avanzó que con los informes jurídicos pertinentes "se firmará el acuerdo al que se está llegando, trabajándose con muchas dificultades porque no es un problema que llega en el día de ayer".

Por su parte, Vidina Espino criticó que el Gobierno de Canarias "sigue sin reaccionar". "Tenemos el paro disparado y las ayudas a pymes y autónomos están llegando a cuenta gotas. Además, después del verano ustedes les van a meter un sablazo con los impuestos porque no les han perdonado ni un solo euro", advirtió.

Según Espino, "somos la comunidad autónoma con más personas en ERTE y han sido incapaces de aprobar el complemento que prometieron. Tienen a buena parte de los empleados públicos en contra porque están abusando de ellos y tienen que empezar a acabar con su precariedad laboral".

En la parte social, afirmó que el Ejecutivo canario tiene aquí el "gran agujero negro" en la Consejería de Derechos Sociales por la "incompetencia" de la consejera, Noemí Santana, y su equipo, que "no da cobertura a las personas más vulnerables de Canarias".