El Gobierno regional y el comité de huelga del personal interino de la Administración General firmaron ayer el principio de acuerdo al que llegaron hace dos meses, que se ha demorado por el informe jurídico que solicitó el Ejecutivo a última hora antes de la firma, y por el intento del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, de incluir en el mismo a los sindicatos que no han respaldado el conflicto laboral que han protagonizado los afectados por el abuso de la temporalidad en los últimos seis meses. A partir de ahora se constituyen las mesas de trabajo comprometidas por el Gobierno para determinar los afectados por esta situación y buscar fórmulas jurídicas y legales que den cobertura a una posible estabilización de los puestos de trabajo.
La principal reivindicación del comité de huelga se ha cumplido y es que el documento del preacuerdo al que se llegó en abril se mantuviera en su integridad. Así ha sido y se ha rubricado por todas las partes el texto que se acordó el pasado 23 de abril donde se manifiesta la voluntad política y sindical de garantizar la permanencia de este personal. El departamento que dirige Julio Pérez señala que se pretende «impulsar las actuaciones de carácter político y sindical que se crean convenientes para abordar y encontrar soluciones al abuso de temporalidad que sean posibles y en el ámbito competencial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias».
El Ejecutivo crea un grupo de diálogo y estudio para incluir a los sindicatos críticos con la huelga
Por su parte, el comité de huelga asegura que «el Gobierno de Canarias reconoce el abuso de la temporalidad, que las OPE (ofertas públicas de empleo) no son la solución y con la firma de este acuerdo además reconoce que la solución está en Canarias». Para los promotores del conflicto laboral «el marco del acuerdo y su finalidad es la de conseguir la permanencia de todo el personal en fraude de ley».
Junto al acuerdo de abril también se añade al documento firmado ayer el informe de los servicios jurídicos en el que no pone objeciones a que se busquen fórmulas por la vía política y sindical pero sí precisa que desde el punto de vista legal y jurídico la pelota sigue en el tejado de la legislación básica estatal, que es la que tiene que amparar una permanencia que hoy por hoy pasa por procesos selectivos de concurso-oposición.
Debate
Una de las cuestiones en las que hubo ayer más debate antes de la firma del acuerdo fue por la pretensión de la Consejería de incluir a los sindicatos UGT, CC OO y CSIF en el acuerdo con su participación en las mesas de trabajo o buscar otro tipo de fórmulas para que todas las centrales sindicales se impliquen en este análisis de la temporalidad del sector público autonómico. Finalmente las dos mesas de trabajo que se han perfilado estarán formadas únicamente por representantes de la Administración y de los sindicatos del comité de huelga, es decir, Sepca, Intersindical y Co.bas.
La novedad que introduce lo rubricado ayer es la propuesta de Función Pública de constituir un «grupo de diálogo y estudio» del conjunto del problema de la temporalidad en el empleo público en el que participen todos los sindicatos que tienen representación en la mesa general de negociación de empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, las disputas entre los dos frentes sindicales y la desconfianza que se ha generado entre las centrales en estos meses de conflicto dificultan que este proceso de encuentro fructifique, sobre todo porque los sindicatos de ámbito estatal están en plenas negociaciones con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para alcanzar un acuerdo en relación con la temporalidad que tendrá efectos en todo el país, tanto para los actuales interinos como para el futuro mediante la reforma de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con esta problemática.
Se constituyen dos mesas de trabajo para cuantificar los afectados y estudiar alternativas legales
Para el Ejecutivo, el acuerdo suscrito «hace constar el propósito el Gobierno de sumar al resto de organizaciones sindicales del Archipiélago en ese análisis de la situación y en el diseño de una solución al abuso de la temporalidad a través de la creación del denominado Grupo de Diálogo y Estudio del conjunto del problema de la temporalidad en el empleo público, del que participen todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias».
El comité de huelga quiso también dejar constancia en el texto de invitar al resto de los sindicatos presentes en la mesa general de negociación de adherirse al acuerdo al que se llegó en abril para acabar con el abuso de la temporalidad en el ámbito de la Administración General y fortalecer los servicios públicos. Una declaración de intenciones que puede convertirse en un brindis al sol en función de los acuerdos a los que lleguen los sindicatos nacionales en Madrid y que es cuestión de poco tiempo, ya que tanto el Ministerio como los dirigentes sindicales quieren alcanzar un acuerdo en días o semanas. En este sentido, tanto UGT como CC OO han lanzado críticas a este acuerdo porque, en su opinión, se trata de «vender humo» a los trabajadores con expectativas que no tienen visos de prosperar.
La intención tanto por parte de los sindicatos como del Gobierno es que el trabajo de los dos grupos que se van a constituir no se prolongue en exceso en el tiempo. Contando con que el mes de agosto es inhábil se pretende no ir más allá de septiembre. Los sindicatos pretenden que se puedan comenzar los trabajos la próxima semana para ir delimitando a los afectados por la situación de abuso y estudiar las fórmulas jurídicas que se puedan adoptar.
