Ya se sabe, lo contó John Lennon, que la vida es lo que ocurre mientras estás haciendo otros planes; de la misma manera la política regional, ayer, fue lo que ocurría mientras en el Parlamento de Canarias se discutían proposiciones no de ley. Por la mañana el presidente Ángel Víctor Torres visitó un centro de vacunación en Santa Cruz de Tenerife –el del Recinto Ferial– con sala de rastreadores incluida. En realidad la visita estaba organizada para dar contexto a un aviso, que entonces Torres formuló como una mera posibilidad: que Tenerife pasara de nuevo a nivel 3, como así se decidió en el Consejo de Gobierno celebrado inmediatamente después de finalizado el pleno parlamentario. Torres estaba irritado, tenso e irritado como no es habitual en él, por el torpe y tardío intento de su correligionario y presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, de liderar (por una vez) la preocupación de la isla frente a la escalada epidémica y las opciones a tomar. El evanescente Martín esperó nada menos que hasta anteayer para convocar los alcaldes de la isla a fin de proponer «nuevas medidas para contener la covid», ofreciendo así un espectáculo esperpéntico: el Gobierno autonómico tomando la decisión de llevar de nuevo a Tenerife al nivel 3 y Martín practicando ejercicios de política-ficción con los alcaldes a partir de mañana en el Teatro Leal. Un alcalde tinerfeño puso título al sainete: Pedro Martín nos reúne antes del fin. «En realidad», comentaba un diputado muy irritado, «la reunión se hace por insistencia de Luis Yeray, que está muy preocupado como todos los alcaldes, porque si es por Pedro…» Si era necesaria alguna prueba suplementaria sobre el error cometido por el PSOE al colocar al exalcalde de Guía de Isora en la Presidencia del Cabildo se han hecho evidentes en ñas últimas semanas… Pedro Martín ni está ni se le espera y el único compromiso que cumple es estar a las seis o las siete de la tarde en su casa, pase lo que pase: un incendio, una tormenta de arena, una epidemia, el hundimiento de la industria turística, una crisis social sin precedentes. Él sentadito y duchado a las siete de la tarde en su casa, y si pasa algo grave ahí está Arriaga, un estadista, para hundirlo aún más. Incluso varios compañeros de partido le han indicado en estos dos años la conveniencia de alquilarse un pequeño apartamento para pernoctar un par de noches a la semana en la capital y así ganar horas de trabajo y potenciar su imagen, pero siempre rechazó la propuesta entre el pánico y la incomodidad. Nada, a las siete en casa, con una cocacola en una mano y la otra llena de rosquetes. Martín había sido presionado bastante despiadadamente por empresarios del sur tinerfeño para que evitara «como sea» el regreso al nivel 3, y por eso, al mediodía del lunes, advirtió que tal medida «no serviría para mucho» y que «supondría un nuevo daño económico para Tenerife».
Con el veto de Moncloa se evitó una derrota gubernamental en el Senado y un éxito de CC y se evidencia que las singularidades isleñas siguen sin integrarse en la cultura de los grandes partidos españoles
El otro foco de atención lo tenía el Gobierno (y la oposición) en el Senado y en el Ministerio de Hacienda. La vulneración del REF en varias disposiciones de la ley de medidas contra el fraude fiscal que ultima su aprobación en el Senado se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente canario. Porque no se trata únicamente del asunto de las bonificaciones fiscales a las producciones audiovisuales sino, tal y como informó Rubén Acosta en las páginas de este periódico, de varios otros puntos relevantes: la liquidación de los impuestos aduaneros, la actualización del Registro Especial de Buques o las bonificaciones para las empresas navieras en el Impuesto de Sociedades. Para nada de esto ha solicitado el Senado el informe del Parlamento de Canarias, lo que ha caldeado aún más los ánimos de la oposición. Al mediodía de ayer Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras se salmodiaban las proposiciones no de ley, llegaban a un acuerdo inicial que se transmitiría a todos los grupos: en su informe el Parlamento regional se pronunciaría sobre todas las afecciones al REF incluidas en el proyecto legislativo estatal, aunque la presidenta del Senado, en su misiva, solo haya hecho referencia a las bonificaciones a las producciones cinematográficas. Mientras tanto se multiplicaban las llamadas al Senado, a diputados socialistas y al Ministerio de Hacienda sin demasiado éxito. Lo peor, para Torres y sus compañeros, era la moción presentada por Fernando Clavijo y que proponía que se operasen los cambios necesarios para mantener el diferencial de bonificación fiscal de las producciones audiovisuales para cumplir el REF. Clavijo había logrado el apoyo del Partido Popular, Izquierda Confederal, JxC, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, y Ciudadanos había pedido tiempo para reflexionarlo. Para el PSOE la tesitura era desagradable: si votaba en contra se quedaba prácticamente solo y casi con seguridad perdería la votación, si votaba a favor reconocía su error.
Después de largas conversas telefónicas –en las que tuvo un papel importante José Antonio Montilla, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes– llegaron a una solución que se les antojó brillante. El Gobierno puede vetar de facto cualquier propuesta procedente de la Cámara Alta, de conformidad con la Constitución y el artículo 151 del reglamento del Senado, si supone una disminución de ingresos presupuestarios. Atención: no debe, pero sí puede hacerlo. Así se evitó una derrota gubernamental en el Senado y un éxito de CC –y en particular de Clavijo– en Canarias. Este episodio, que continuará en el pleno extraordinario del próximo lunes, evidencia que las singularidades isleñas –recogidas en su Estatuto y en su REF– siguen sin integrarse en la cultura política de los grandes partidos españoles, como lo está, obviamente, el concierto vasco. La pomposa aseveración del diputado socialista Iñaki Lavandera en la sesión plenaria del pasado martes («ha cambiado el paradigma de las relaciones entre Madrid y Canarias») se ha visto refutada apenas en 24 horas. La imagen de una arcadia autonómica que solo tiene que pedir por esa boca para que un Gobierno justo y progresista atienda paternalmente a sus requerimientos, ateniéndose siempre a razonables razones, es de una ridiculez estomagante, indigna incluso de un diputado tan fervorosamente complaciente con las jerarquías socialistas como Lavandera.
Respecto a las proposiciones no de ley tal vez se debatieron otras más interesantes pero la que se queda clavada en el occipucio es la presentada por la diputada coalicionera Cristina Valido, que solicitaba un mayor compromiso económico del Gobierno autonómico con las organizaciones no gubernamentales que se dedican al reparto de alimentos gratuitos entre la población en peor situación económica y material. Valido proporcionó cifras espeluznantes. En un año se han triplicado las solicitudes en los bancos de alimentos y en otras organizaciones semejantes, como Cáritas y Cruz Roja, «y muchas de esas miles de personas jamás habían tenido que acudir antes a este último recurso». Hace unos meses el Ejecutivo progresista le había soltado algunos millones extra, «que alcanza a pagar la leche que reparten en el plazo de tres meses, nada más», como ilustró Vidina Espino. La proposición no de ley fue aprobada por unanimidad, pero es difícil olvidar dos intervenciones adacadabrantes. La de María del Río Sánchez, de Podemos, recordando genialmente que antes había mucha pobreza, porque al parecen existe algún lugar en el que llegues a gobernar sin encontrarse pobreza alguna, y especialmente la de Nayra Alemán, porque fue una síntesis que ayuda a entender cómo se consigue no entender nada. Para Alemán, portavoz del grupo socialista, lo importante es reconocer el ingreso mínimo vital e incluso la renta canaria, que por cierto, todavía, mediada ya la legislatura, sigue siendo un anteproyecto legislativo. ¿Qué tienen que ver los ERTE –que fueron bendecidos por la diputada – con garantizar recursos financieros para la distribución gratuita de alimentos, la única forma de comer tres veces al día que tienen muchos miles de canarios actualmente? ¿Qué zarandajas conceptuales son esas de insistir en que las prestaciones públicas son derechos y no ayudas? Si son derechos, el derecho de comer a diario, ¿por qué el Gobierno que defiende Alemán racanea miserablemente fondos a los bancos de alimentos o a la Cruz Roja? La diputada socialista no compartió el catastrofismo de Valido. «No puedo compartir esa visión apocalíptica». Claro que no. Los portavoces de los grupos parlamentarios cobran una dieta diaria de 130 euros por asistencia a pleno. Y otra de 260 euros más al mes. Qué va a compartir.
