Los 51.127 canarios en suspensión temporal de empleo con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recibirán un cheque del Gobierno autonómico de entre 1.100 y 300 euros. Ninguna de estas personas tendrá que hacer trámite alguno para beneficiarse de una ayuda con la que el Ejecutivo regional pretende echar una mano a los asalariados en ERTE en especiales dificultades. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige la socialista Elena Máñez, les abonará directamente en sus cuentas la ayuda en pago único y sin que los beneficiarios tengan que justificar su uso. La propia Máñez, tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en Santa Cruz de Tenerife, confirmó que los 30 millones de euros que les costará a las arcas públicas esta medida se financiarán con cargo a los fondos extraordinarios europeos, con lo que la Consejería de Hacienda los adelantará para recuperarlos luego gracias a los dineros procedentes de Bruselas, que aún no han llegado a las Comunidades Autónomas.
La Consejería de Economía ha establecido tres cuantías en función de los mayores o menores ingresos que reciban los asalariados en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los 13.105 trabajadores en ERTE que viven con prestaciones públicas de menos de 395,5 euros mensuales recibirán un cheque de 1.100 euros; los 19.389 que cobran entre 395,5 y 560 euros al mes percibirán una ayuda de 550 euros; y los 18.633 que ganan entre un mínimo de 560 y un máximo de 950 euros brutos, es decir, el SMI, obtendrán una subvención de 300 euros.
Plan Reactiva
Elena Máñez recordó que la ayuda a los asalariados en ERTE en especiales dificultades es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Canarias en el Plan Reactiva. La consejera anunció la medida el 19 de abril, hace más de dos meses. Su puesta en práctica se demoró algo más de lo que habría gustado en el departamento por dos cuestiones: por la tardanza del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en remitir los datos sobre los trabajadores afectados –es una información de la que no disponen los servicios de empleo de la Comunidad Autónoma– y porque la Consejería de Hacienda tuvo que buscar de dónde sacar los 30 millones hasta que lleguen los fondos extraordinarios europeos. Al final, el departamento que dirige Román Rodríguez ha dado con la fórmula y la vía de financiación temporal y ya solo falta que el SEPE remita los nombres y apellidos –lo hará mañana mismo y si no lo ha hecho ya es porque la ley le impide hacerlo hasta este momento– de los 51.127 beneficiarios.
La consejera mostró su satisfacción por el hecho de que las ayudas a este colectivo, que se regularán a través de un decreto ley que se publicará mañana y que luego tendrá que convalidar el Parlamento, se tramiten y abonen «de oficio», esto es, sin que estas personas tengan que estar rellenando formularios o solicitudes. De hecho, es la primera vez que la Comunidad Autónoma utiliza una fórmula que agiliza al máximo la concesión de las subvenciones.
La representante del Gobierno de Canarias, que compareció tras el Consejo junto al portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, también aprovechó para destacar que de los 84 millones de euros en ayudas directas de la Comunidad Autónoma para autónomos y pymes, que se distribuyen en dos líneas aún abiertas, ya se han entregado a través de las Cámaras de Comercio del Archipiélago un total de 75 millones a alrededor de 11.000 empresas.
El Gobierno da por seguro que agotará todo el crédito.
