El PP insta al PSOE a cumplir la ley y NC ve visos de inconstitucionalidad en la reforma del cine

La refriega por los cambios introducidos por Madrid en los incentivos a las producciones audiovisuales ha descosido el mapa político canario. Enemigos íntimos como el PP y Nueva Canarias (NC) coinciden en advertir al Gobierno central que está dejando de lado la ley al laminar el diferencial del 80% que consagra el Régimen Económico y Fiscal (REF). La portavoz económica de NC en el Parlamento, Esther González, estima incluso que el real decreto ley aprobado el pasado jueves en el Consejo de Ministros tiene visos de inconstitucionalidad.

Por esta razón, González, vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento de Canarias ha solicitado a los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica la elaboración de un informe que marque el camino a seguir. Por su parte, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso y diputado nacional por Las Palmas, Guillermo Mariscal, recordó al Gobierno de Canarias y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que deben cumplir la ley «y respetar el diferencial que corresponde a Canarias, en concordancia con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal».

Tras reunirse con el presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, José Alayón, Mariscal incidió en la necesidad de que se mantenga la diferencia porcentual (80%) entre las inversiones máximas bonificables en Canarias y la Península. El tope en las Islas era de 5,4 millones de euros en las Islas y de 3 millones en el resto del Estado. Al incrementar dichas cantidades de manera lineal en siete millones –12,4 millones y 10 millones– el diferencia se recorta al 24%.

Esa erosión de la ventaja hace temer a Mariscal que las producciones decidan no venir al Archipiélago. “El diferencial del 80% significa que es más rentable, que interesa más realizar producciones en Canarias que en la Península. Si este diferencial no existe, las productoras no tendrán ningún incentivo para trabajar en las Islas”, explicó el portavoz popular.

El Congreso de los Diputados vota hoy el proyecto de ley contra el fraude fiscal que contiene la enmienda, incluida en el Senado, sobre la que el Parlamento canario emitió el lunes un informe desfavorable por vulnerar el REF. Esther González señaló que el real decreto ley sobre la fiscalidad energética, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes, tiene el mismo contenido que la enmienda rechazada en la Cámara Alta.

La única diferencia estriba en el carácter retroactivo de la subida de los topes canarios hasta los 12,4 millones de euros. Lo contrario dejaría a las Islas con 5,4 millones como máximo frente a los 10 millones que rigen en el resto del Estado desde mayo de 2010. Un parche para evitar un agravio aún mayor pero que, apunta NC, cambia el REF, y hacer eso requiere de un informe no vinculante del Parlamento canario que Madrid no ha solicitado.