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PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias

El proyecto de ley de medidas de apoyo social y económico por la pandemia contiene dos nuevas modificaciones del REF sin informe del Parlamento regional

PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias

PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias

Ya van seis. Dos nuevas reformas de la Ley Económica y Fiscal de Canarias (REF) se van a introducir en un proyecto de ley que se tramita en el Congreso que afectan al fuero canario sin que el Gobierno central ni las propias Cortes hayan dado cumplida cuenta a Canarias ni solicitado el preceptivo informe del Parlamento regional. La modificación del REF se incluye en este caso en el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico para combatir los efectos de la pandemia, y de cumplimiento de la ejecución de sentencias que tiene su origen en el real decreto 39/2020, de 29 de diciembre, con el que el Gobierno central adoptó medidas de ayudas a las empresas por la covid-19.

PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias  | LP/DLP

PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias | LP/DLP J. Anastasio

PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias

PSOE y Podemos en Madrid cambian la RIC y de nuevo no avisan a Canarias J. Anastasio

En ese real decreto, el Estado incluyó una demanda del Gobierno de Canarias y de los sectores económicos de la Islas para ampliar el plazo de materialización de los fondos de la RIC por la paralización de la actividad económica en todo el Archipiélago, y ahora ese texto se tramita como proyecto de ley en las Cortes sin que en este medio año se haya trasladado formalmente a la Comunidad Autónoma para que el Parlamento regional emitiera el informe preceptivo a que obliga tanto el propio REF como el Estatuto de Autonomía.

La afectación al régimen fiscal de este proyecto de ley tiene una doble variante, ya que reforma tanto la ley 20/1991, como la versión posterior del fuero, la 19/1994, aunque sólo en este segundo caso la modificación aparece en el texto del proyecto legislativo en tramitación dado que la otra se introduce a través de una enmienda conjunta a manos de los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos. Socios ambos en el Gobierno regional.

La reforma que va incluida en el texto remitido a las Cortes por el Ministerio de Hacienda tiene que ver con el plazo de materialización de la RIC, que pasa de tres a cuatro años, y la modificación propuesta a través de enmienda se refiere al lugar de la realización de las prestaciones de servicios, también ampliando las posibilidades.

Pese a que ambas reformas son en este caso beneficiosas para las condiciones de aplicación del REF, el hecho de que se hayan redactado y presentado en las Cortes sin los informes preceptivos de la Cámara regional suponen de nuevo sendos incumplimientos de los procedimientos establecidos para ello.

Y es que con estas dos nuevas modificaciones, el fuero canario lleva ya seis consecutivas introducidas de manera unilateral por el Gobierno central o por los grupos parlamentarios que lo apoyan en alguna de las Cámaras legislativas. Las otras cuatro están incluidas en el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. La primera, y más importante y sobre la que aún no se han apaciguado los ánimos por el conflicto creado entre Canarias y el Estado, se refiere a las deducciones en el Impuesto de Sociedades para las producciones cinematrográficas en Canarias, recortando el actual diferencial fiscal respecto a las realizadas en la Península y Baleares. Los otros cambios en el mismo proyecto legislativo son los relativos a las liquidaciones de los impuestos aduaneros (nuevos preceptos que están vigentes en el IVA pero no en el IGIC), y la actualización del Registro Especial de Buques y las bonificaciones fiscales para las empresas navieras en el Impuesto de Sociedades.

De todos estos cambios, sólo el primero se ha notificado al Parlamento de Canarias tras conocerse la enmienda del PSOE que lo provocaba durante su tramitación en el Senado. La Cámara regional ha dictaminado en contra de esa modificación del REF y abre, por primera vez en la historia, un conflicto entre el Estado y la Comunidad Autónoma que debe resolverse en la Comisión Bilateral entre ambas administraciones o, quizá, en el Tribunal Constitucional si no hay acuerdo.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, insistía ayer en la idea principal de la demanda al Estado: las bonificaciones fiscales a los rodajes audovisuales en las Islas deben ser un 80 % superiores a las que el Estado reconozca para el resto de España, tal y como se establece en fuero isleño, aunque tenga que «ir a tribunales». «Debe haber una diferencia siempre del 80 % [a favor de las Islas], pase lo que pase en el resto de España».

Nuevos plazos

Las dos reformas tramitadas en el proyecto de ley de ayudas sociales y económicas por la pandemia son de tipo muy técnico y de aparente beneficio para Canarias. La más importante añade a dicho texto legislativo una disposición transitoria sobre los plazos vinculados a la RIC. En concreto, señala que «el plazo máximo a que se refiere el apartado 4 del artículo 27 de la ley 19/1994 será de cuatro años para las cantidades destinadas a la reserva de inversiones en Canarias dotada, en los términos señalados en la normativa reguladora, con beneficios obtenidos en periodos impositivos iniciados en 2016». Eso supone ampliar en un año el plazo de materialización para permitir a las empresas con sede en el Archipiélago recuperar el año 2020 en que no han tenido actividad y han estado sin dotar el fondo.

Del mismo modo, un segundo punto de la nueva disposición final amplia a cuatro años las inversiones anticipadas materializadas en 2017.

Desde finales de 2020, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, asesores fiscales y expertos demandaron de forma reiterada que el Ministerio de Hacienda cediera a la petición unánime de para flexibilizar los incentivos fiscales del REF. Desde el mes de abril las patronales ya empezaron a reivindicar modificaciones puntuales en el fuero canario ante el parón de la economía que estaba suponiendo el estado de alarma. Posteriormente en agosto el Gobierno canario asumió las tesis empresariales y la Consejería de Hacienda remitió un documento al Ministerio en este sentido.

El proyecto de ley sobre medidas financiera de apoyo a la empresas incluirá otra modificación del REF, en este caso de la ley 20/1991, si se acepta la enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos que cambia aspectos del artículo 17 referido al lugar de realización de las prestaciones de servicios.

En concreto pasa a considerar prestados en el territorio de aplicación del Impuesto de Sociedades servicios que antes quedaban fuera como son los casos de, de mediación en nombre o por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal; los de arrendamiento de medios de transporte; los prestados por vía electrónica o los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión. Curiosa la postura en este caso de Podemos que en repetidas ocasiones han manifestado su deseo de acabar con la RIC por beneficiar en exclusiva, según su criterio, a los canarios ricos.

CC exige explicaciones de los cambios en el fuero


El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, exigió ayer las comparecencias en la Cámara Alta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que rindan cuentas sobre las veces que el Gobierno «ha modificado el REF desde el año 2019 [año de la última reforma], sin contar con el Gobierno y el Parlamento de Canarias tal y como establece el artículo 167 del Estatuto de Autonomía, como hicieron con la supresión del diferencial fiscal de las producciones cinematográficas» primero vía enmienda y luego vía decreto ley del Consejo de Ministros. Clavijo registró una batería de preguntas en el Senado con el fin de que el Gobierno «rinda cuentas y explique si la de los incentivos fiscales al cine fue la primera vez que vulneró los fueros, cuántas modificaciones ha impulsado y que especifique cada una de ellas». Recalca que la modificación unilateral del REF «no solo vulnera los derechos de esta tierra sino que es un claro ejemplo de un acto de deslealtad institucional».| LP/DLP

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