El Gobierno canario estima que hay motivos para acudir a Tribunal Constitucional en contra de las normas estatales que regulan las actividades cinematográficas, pero, antes de hacerlo, ha reclamado la reunión urgente de la comisión bilateral Estado-Canarias. El acuerdo ha sido adoptado en la reunión del Consejo del Gobierno de Canarias, al término de la cual su portavoz, Julio Pérez (PSOE), ha señalado que la decisión se adopta porque el ejecutivo canario cree que esas normas contravienen el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas.
Esta decisión se toma después de que el pleno del Parlamento de Canarias aprobase el lunes pasado por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80%. Un informe preceptivo que el Parlamento canario emitió a petición del Senado porque el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita la Cámara Alta altera en ese punto el Régimen Económico y Fiscal.
La respuesta negativa del Parlamento de Canarias supone que la tramitación de esa normativa queda de momento paralizada. En el proyecto que se tramita en el Senado se establece una deducción fiscal para las producciones cinematográficas en Canarias de hasta 12,4 millones de euros, en lugar de al menos 18 millones, como reclama la comunidad autónoma para que se mantenga el diferencial en un 80% superior al aplicado en la Península y Baleares, donde se pueden desgravar gastos por 10 millones de euros en el impuesto de sociedades.
Hasta mayo del pasado año, el incentivo fiscal en Canarias, aumentado ahora a 12,4 millones de euros, era de 5,4 millones y había quedado desactualizado al aprobar el Gobierno de España en esa fecha un incentivo en el resto de España de 10 millones de euros. El portavoz del Gobierno canario ha recordado que la actuación del Ejecutivo no compromete lo que el Parlamento de Canarias pueda hacer en el ámbito de sus facultades y, en cuanto al plazo para negociar en la comisión bilateral, ha apuntado que es de dos meses en el caso de la Cámara legislativa regional. Pero en el caso del Gobierno canario el plazo es de tres meses prorrogables a nueve.
Ahora, el Gobierno de Canarias ha solicitado al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta (PSOE), la reunión urgente de la comisión bilateral, antes de recurrir al Tribunal Constitucional. Ha explicado Julio Pérez que el Gobierno canario entiende que la comisión bilateral es el instrumento previsto para dilucidar discrepancias de este tipo.
