El proceso penal español debe cambiarse porque «no funciona». Así lo afirmó ayer Manuel Marchena, magistrado y presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien advirtió de la necesidad de revisión de muchos de los aspectos que incluye el actual sistema judicial, ya que aunque «ha permitido grandes cosas, si echamos un vistazo a los sistemas que nos rodean, el nuestro tiene singularidades que ya no existen en otros procesos penales a los que nosotros queremos parecernos».
El magistrado canario, –nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959–, que se encargó de presidir la Sala del Tribunal del conocido como ‘juicio del procés’, en el que se juzgó y condenó por sedición, malversación y desobediencia a líderes del proceso independentista catalán, realizó ayer esta afirmación durante su intervención en la clausura del LV Ciclo de Conferencias del Real Casino de Tenerife.
En ella, puso sobre la mesa tres aspectos que deberá abordar la futura revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la figura que se encarga de realizar el proceso de instrucción, el papel que debe tener la publicidad de los casos y cómo tienen que integrarse las nuevas tecnologías en la investigación judicial.
«El disgusto con la administración de justicia no es novedoso», aseguró Marchena, ya que la Ley ha sido cuestionada casi desde su nacimiento en 1882 y han existido al menos siete anteproyectos que aspiraban a modificarla, aunque finalmente ninguno ha salido adelante. «Cualquiera de ellos técnicamente hubiera sido un buen texto, pero es difícil aprobar un documento con centenares de preceptos que tiene que ser matizados al milímetro», señaló el jurista.
Uno de los grandes problemas que deberá plantear esta revisión es la figura encargada de la investigación penal, subrayó Marchena. De esta manera, se debe abordar si como hasta ahora tiene que ser un juez el que dirija la investigación penal o si esta función tiene que asumirla un fiscal. Planteó que España es el único país de Europa en el que la instrucción sigue estando dirigida por un juez y que incluso Francia, que ideó este modelo «ya lo ha abandonado». Además, resaltó que a nivel nacional ya son los fiscales los que instruyen los delitos cometidos por menores y los financieros que afectan a la UE.
Una situación que según el magistrado debe hacer reflexionar al sistema, aunque no escondió que la sustitución de esta figura por la del fiscal no está exenta de dificultades, ya que existe cierta «suspicacia social» acerca de su capacidad para investigar. Frente a las dudas de quienes cuestionan la independencia que pueden tener los fiscales para desarrollar la instrucción judicial, ya que dependen de la Fiscalía General del Estado que es nombrada por el Gobierno, el jurista canario solo quiso añadir que todos los modelos de Ministerio Público de Europa son gubernamentales y son los fiscales quienes asumen esta función.
En su conferencia, Marchena, –que se encuentra en la lista de candidatos para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si los partidos mayoritarios en el Congreso llegasen a un acuerdo–, también quiso exponer cómo ha cambiado la publicidad como garantía de los procesos judiciales. Mientras que antes «solo era un requisito indispensable para la ejecución de la pena», esto cambió con la llegada del constitucionalismo a partir del que un enjuiciamiento público fue considerado como un aval para que el juez no pudiera ser injusto.
Sin embargo, a ojos de Marchena se ha pasado de «la publicidad del proceso a la publicación del proceso» provocando un gran impacto, sobre todo en juicios más mediáticos. «La propia Constitución proclama la publicidad como garantía del proceso, pero ¿legitima el juicio paralelo?, se preguntó antes de añadir que en ocasiones se envía públicamente al cadalso a acusados que son absueltos.
Esta será otra cuestión que a su juicio deberá abordar la revisión de la ley, aunque puntualizó que en algunos de los anteproyectos se ha tratado de buscar solución a este problema «imponiendo restricciones a la libertad de información», algo que bajo su punto de vista no debería ser la vía para afrontar este complejo asunto.
Por último, el magistrado habló sobre las dificultades para equilibrar medidas de investigación «invasivas» como son la solicitud de datos aportados por un teléfono móvil, con los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que la información recogida en estos terminales se ha acabado convirtiendo en vital para la resolución de muchos crímenes.
La conferencia de Marchena estuvo precedida por la presentación del arquitecto, Ramiro Cuende, después de que el presidente del Casino, Miguel Cabrera Pérez-Camacho le diera la bienvenida y le agradecería su presencia en la clausura del ciclo de conferencias.
