El borrador del real decreto ley que quiere llevar el Ministerio de Política Territorial al Consejo de Ministros establece indemnizaciones tanto para los interinos actuales que cesen en su puesto si no superan los procesos de estabilización como los futuros empleados que superen los tres años consecutivos en la Administración. El departamento que dirige Miquel Iceta deja en una situación complicada a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son las administraciones que cuentan con más empleados públicos interinos y temporales y cuyas arcas públicas se enfrentan a indemnizaciones millonarias en los próximos años. El texto ministerial rebaja los 33 días de la primera propuesta, el equivalente a un despido improcedente, a 20 días en ambos casos.
El objetivo de Iceta es llevar al Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación del decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, el ministro no ha logrado concitar el respaldo de las comunidades autónomas y los sindicatos todavía no han dado su visto bueno al texto, de hecho ayer tuvo lugar una reunión negociadora y ambas partes se han emplazado al lunes para otro encuentro. En el caso de que el Gobierno apruebe el decreto ley, después tendrá que ir su convalidación al Congreso y la oposición de varias comunidades, entre ellas País Vasco y Cataluña, se trasladará a los grupos políticos presentes en la Cámara.
Además de cargar sobre las comunidades el coste de los despidos, la propuesta de Iceta incrementa el control del Estado en materia de función pública para atajar el problema de la temporalidad. «Las administraciones públicas deberán certificar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados», recoge el texto del borrador del decreto ley en el punto 7 del artículo 2.
En relación con la situación de los miles de interinos que trabajan actualmente para las distintas administraciones públicas –más de 25.000 en el caso de la Administración autonómica de las Islas–, el Ministerio mantiene la configuración de un nuevo proceso de estabilización para aquellos trabajadores que superen los tres años antes del 31 de diciembre de 2020. El texto no recoge la petición de los sindicatos de que la prueba de oposición no sea eliminatoria y, al contrario, se contempla que aquellos que no superen el proceso serán indemnizados. Para los que superen al menos una prueba, la de oposición, se ofrece la alternativa de engrosar una bolsa de empleo temporal.
El Estado carga también sobre las administraciones autonómicas y locales la obligatoriedad de agilizar al máximo los procesos de estabilización para que se publiquen antes de acabar 2021, la convocatoria antes de finalizar 2022 y deberán estar concluidos en 2024 de forma improrrogable. «Las administraciones públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras», recoge.
Para no acumular interinidades en el futuro, se establece la barrera de los tres años, si bien en aquellos casos en que se contrate personal para proyectos con plazos determinados no podrán superar los cuatro años, ya que se establece uno de prórroga si fuera necesario. Cuando cese en su cometidos el personal contratado no tendrá derecho a indemnización, según recoge el texto.
