«Si por algo hemos crecido en los últimos años es por el diferencial fiscal; tenemos lugares increíbles para localizaciones, por supuesto, pero si nos quitan el diferencial, nos matan». José Alayón, presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, resume así la preocupación existente en una actividad que ha visto cómo Madrid suprimía primero y laminaba después –tras dejarlo in extremis y a regañadientes en un máximo de 12,4 millones, solo un 24% más que en el resto del país– el diferencial fiscal del 80% en favor de los rodajes en las Islas, un incentivo que permite a las grandes producciones deducirse un mayor volumen de gasto en el Impuesto sobre Sociedades para compensar el mayor coste que supone grabar en un territorio insular y tan lejos del continente. Así, al calor del Régimen Económico y Fiscal (REF), la industria audiovisual del Archipiélago ha florecido con el estímulo de las decenas de grandes producciones rodadas en las Islas: Furia de titanes, Fast & Furious 6, Como reinas, Aliados, Rambo: Last Blood, Jason Bourne, Han Solo, El faro de las orcas, Exodus: Gods and Kings... La lista de películas y series de todo tipo y género, tanto nacionales como internacionales, es enorme. Pero con el éxito vienen los celos, y en el resto de España, donde no es habitual fijarse en Canarias como ejemplo de desarrollo empresarial –dejando de lado el sector turístico–, no todos están dispuestos a aceptar que las Islas sean el particular plató de cine del país. Las presiones de determinadas Comunidades Autónomas han surtido efecto y el Gobierno de Pedro Sánchez está dando pasos para homogeneizar los incentivos fiscales a nivel nacional.
El Ejecutivo central, a través del Ministerio de Turismo y más en concreto de Turespaña –el organismo estatal encargado de la promoción del país en el exterior–, suscribió la semana pasada con Netflix, la principal plataforma mundial de vídeos en streaming, un acuerdo que permitirá aprovechar las películas y series filmadas en España como recurso para captar turistas. La alianza con Netflix está en línea con la estrategia España, hub audiovisual de Europa, un plan nacional para la promoción del sector que tiene como uno de sus ejes la mejora de los instrumentos financieros y fiscales. Es en el marco de esta estrategia donde se encuadra la decisión del Gobierno de PSOE y Podemos de incrementar de manera notable los incentivos tributarios para que los rodajes internacionales se vayan a la Península. El Ejecutivo colma así las aspiraciones de las Comunidades Autónomas –con Andalucía a la cabeza– que siempre han visto con recelos el crecimiento del sector audiovisual canario.
Conexión andaluza
El presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado Cobián, es también presidente de la Andalucía Film Commission. La Spain Film Commission es entidad colaboradora del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que acaba de firmar el acuerdo con Netflix. Rosado es hombre próximo al PSOE y conoce a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de sus años al frente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. El presidente de la Spain Film Commission dio sus primeros pasos de la mano del popular Javier Arenas, llegando a ser consejero por el PP de la radiotelevisión pública andaluza. Pero Rosado giró y en adelante ha estado vinculado al Partido Socialista, incluso protagonizando algunas polémicas. En 2011, ABC destapó que el despacho en el que trabajaba su hijo aconsejaba a la televisión municipal de Sevilla, Giralda TV, en las condiciones de los contratos que esta tenía con empresas productoras, entre ellas una en la que figuraba Rosado.
En el sector audiovisual canario no tienen constancia de que la Spain Film Commission o Carlos Rosado hayan dicho nada sobre la pérdida de competitividad del sector en Canarias por la decisión unilateral del Ministerio de Hacienda de reducir el diferencial fiscal. El presidente de la Film Commission sí envió el año pasado una carta al Gobierno de Sánchez en la que le reclamaba una reducción fiscal del 30% para las producciones audiovisuales. Rosado es quien está impulsando todo lo relacionado con el hub audiovisual español con una visión «centralista». La misma visión «centralista» que subyace en la estrategia España, hub audiovisual de Europa y en el acuerdo entre Netflix y Turespaña.
En la estrategia no hay ni una sola mención del REF y de las especiales condiciones tributarias del Archipiélago, y ello pese a que uno de sus ejes –el Eje 2– es la mejora de los instrumentos financieros y fiscales. De hecho, esto último es lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda: mejorar los instrumentos tributarios, salvo, eso sí, en el caso de Canarias, a la que ha castigado, lo que homogeneiza las ventajas fiscales para las producciones audiovisuales en el conjunto del Estado. Gracias a estos incentivos, las Islas han conseguido situarse en el cuarto puesto del ranking nacional en número de rodajes. Entre 2015 y 2019, ocho de cada cien películas rodadas en España tuvieron a Canarias como escenario, una cifra solo superada por Madrid, Cataluña y Andalucía y que sitúa a la región por delante de comunidades con mayor peso en el PIB nacional y más tradición en la industria audiovisual, como Galicia o el País Vasco. Sin el diferencial fiscal del 80%, Canarias no conseguirá mantener su posición; es más, sin el diferencial, «nos matan», insiste el presidente del Clúster Audiovisual.
En consecuencia, la paradoja es que la única Región Ultraperiférica (RUP) española, la misma a la que Europa le reconoce un trato especial por su lejanía respecto del continente, su insularidad y su fragmentación territorial, resulta la peor tratada –en este caso su industria audiovisual– por el Gobierno de la nación.
En el anuncio del acuerdo con Netflix, el Ministerio de Turismo avanzó las próximas producciones previstas en España: las series Jaguar, que se rodará en Almería; Feria, en Barcelona, Cádiz y Huelva; Tú no eres especial, en Navarra; Intimidad, en Bilbao; y Bienvenidos a Edén, en Barcelona y Lanzarote. También películas como Fuimos canciones o Las niñas de cristal, que se grabarán en Madrid; La Bestia en Teruel, Centauro, en diferentes localizaciones de Cataluña y Aragón; o A través de mi ventana, en Barcelona. El convenio suscrito con la multinacional estadounidense permitirá que estas series y películas sirvan para promocionar a España como destino turístico. «Hay que orientar la promoción y el marketing turístico hacia donde están los consumidores y hacia aquellas plataformas y canales que modulan la opinión de los consumidores, en nuestro caso los viajeros», resumió en la presentación el director general de Turespaña, Miguel Sanz.
Se da la circunstancia de que la nueva versión del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, abierta a una segunda audiencia e información públicas para que los agentes implicados propongan modificaciones, recoge que las grandes plataformas de vídeos en streaming –HBO, Amazon, Disney+ o la propia Netflix– deberán financiar a Radiotelevisión Española (RTVE) con una suma equivalente al 1,5% de sus ingresos en España. Es decir, que el Gobierno central suscribe por un lado un acuerdo con Netflix y por el otro la condena a financiar al ente público.
En este nuevo escenario en el que se redefine la relación entre la RTVE y las plataformas de vídeos bajo demanda y en el que el Gobierno central tiende a homogeneizar los incentivos fiscales a la producción audiovisual, la industria canaria no sabe a qué atenerse. «Nos preocupa mucho la incertidumbre jurídica», explica el presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, que agrega que el problema no es solo económico, sino también, «y muy grave, a nivel de imagen». «Es que directamente da vergüenza tener que explicarle a una plataforma que existe el REF pero que nuestros políticos se están peleando», indica José Alayón.
El representante del sector aún tiene la esperanza de que el Ministerio de Hacienda recupere el diferencial fiscal: «No me cabe en la cabeza que nadie quiera hacer daño a una región por esta competitividad entre unas y otras». «Lo único que pedimos», subraya Alayón, «es que no se olviden de que allá abajo hay unas personas que también hacen cine y producciones audiovisuales».
La Hacienda estatal cerca a las empresas isleñas
La industria audiovisual canaria no tiene un solo frente abierto. Si ya es un problema que el Ministerio de Hacienda haya puesto en solfa el diferencial fiscal en favor de las producciones audiovisuales en las Islas, el problema es doble si, además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) extrema su celo en el control a las empresas de la región. Tanto Juan Cano, productor de Sur Film, como José Alayón, presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, denuncian que los funcionarios de la Hacienda estatal están discutiendo algunos de los gastos que las productoras presentan para deducirlos en el Impuesto sobre Sociedades. Y lo peor, aseguran, no es eso, sino que esos mismos gastos que Hacienda discute en el Archipiélago no los discute en otras Comunidades Autónomas. «Pedimos las mismas reglas del juego; si están tiquismiquis allí, pues habrá que aceptar que también se pongan tiquismiquis aquí, pero lo que no puede ser es que lo que valga en la Península no valga en Canarias», explica el presidente del Clúster Audiovisual. «Como productora, ya lo hemos denunciado y se lo hemos trasladado al Gobierno de Canarias», expone por su parte el representante de Sur Film. «Estamos en julio de 2021 y espero que en julio de 2022 no estemos hablando de lo mismo», añade. El incentivo fiscal no se aplica sobre cualquier gasto, sino sobre unos gastos concretos que están recogidos en un listado, pero ocurre que de un tiempo a esta parte, la interpretación que los funcionarios del fisco están haciendo de algunos de esos gastos en el Archipiélago no es la misma que se está haciendo en el resto del país. «Hasta hace tres meses jugábamos todos con ese listado de gastos a través de una consulta vinculante hecha a la Agencia Tributaria, pero en la última inspección que hacen a uno de nuestros proyectos, resulta que determinados gastos que antes eran elegibles, incentivables, ahora no lo son», ahonda Juan Cano. Una interpretación que tanto el empresario como el Clúster Audiovisual aseguran que solo se hace en las Islas, de modo que «si se rueda en Valencia o en Asturias hay una lista de gastos incentivables y en Canarias parece que otra». Si al final se reducen los gastos deducibles en el Archipiélago, el diferencial fiscal en favor de la región irá perdiendo eficacia.
