El juez Arcadio Díaz Tejera, que supervisa el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, manifestó ayer su discrepancia con sus colegas de la Audiencia de Madrid, porque, en su opinión, «los menores migrantes no acompañados no son ni un problema social ni un problema político, son nuestra esperanza y nuestro futuro».

«Si no es por ellos, los hijos de ustedes no cobrarán pensiones; es egoísmo supino, son los mejores de sus países de origen», dijo en el Parlamento de Canarias este magistrado a cargo del control del centro de internamiento de extranjeros (CIE), en alusión al auto que avaló que no se retirase el cartel de Vox sobre los menores migrantes. En ese auto, la sección segunda de la Audiencia de Madrid sostiene que «con independencia de si las cifras que se ofrecen (en el cartel de Vox) son o no veraces, (esos menores) representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».

El juez Díaz Tejera compareció en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento canario con meses de retraso desde que fue invitado por Ciudadanos para hablar de la «vergüenza del muelle de Arguineguín», como llamó al hacinamiento y vulneración de los derechos humanos de miles de migrantes en esa instalación de la costa de Gran Canaria desde agosto a noviembre de 2020.

«Les sugiero que si alguna vez vivimos alguna experiencia semejante no esperen a nadie, desde que vean que hay una violación de derechos fundamentales hay que denunciarlo, da igual quién esté gobernando, sean amigos o hermanos, porque cada uno tiene que cumplir su función», aconsejó a los representantes políticos.

El juez subrayó que «nadie estuvo libre y voluntariamente en Arguineguín», como se dijo para justificar el hacinamiento durante tres meses de quienes llegaban en patera al sur de Gran Canaria; todos «estaban custodiados».

Además, «hubo un rosario de denuncias» ante las cuales no tiene que ser necesariamente un juez el que actúe: hubo «un clamoroso silencio de los que hemos jurado la Constitución y los derechos humanos, no debimos haberlo permitido», espetó a los parlamentarios.

El juez subrayó que no se explica cómo se llegó a esa situación de vulneración de derechos humanos cuando «había un montón de instalaciones vacías», salvo que se quisieran mandar mensajes a Bruselas, del tipo: «Nos portamos bien y los tenemos ahí», o para que los africanos pensaran: «No vamos para allá porque nos van a hacinar en el muelle».

«Arguineguín fue una flagrante violación de los derechos humanos, lo que me interesa es que no se vuelva a repetir, no me interesa ver quién dio la orden de hacinar hasta 2.600 personas ni que se les sancione, lo que intento es que nunca exista una experiencia como la de Arguineguín», remarcó.