El Parlamento de Canarias ha decidido por unanimidad apoyar la propuesta del Grupo de NC para la creación de una nueva figura, el Recurso de Inconstitucionalidad (RI), que pasará a formar parte del Reglamento de la Cámara.
La portavoz económica de Nueva Canarias en el Parlamento, Esther González, ha explicado que es el paso previo a la presentación y aprobación del RI en Pleno que permitirá denunciar la vulneración del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Gobierno estatal y de las Cortes Generales en el Tribunal Constitucional (TC).
Tras haber visto la propuesta por parte de varios miembros de la Mesa, los siete grupos registraron un escrito en el que solicitan que el órgano de gobierno de la Cámara adopte una resolución general para suplir las lagunas existentes para el establecimiento del procedimiento para la adopción de un acuerdo plenario relativo a la interposición de recursos de inconstitucionalidad. El referido escrito, como fija también el Reglamento, solicita el parecer favorable de la Junta de Portavoces.
La portavoz nacionalista explicó que, el próximo martes, la Mesa dará curso a la petición mediante una resolución con la que queda creada la nueva iniciativa del Recurso de Inconstitucionalidad y el procedimiento a seguir con la misma.
Esther González avanzó que los siete grupos han comenzado a trabajar el borrador del texto de la RI para su posterior registro, calificación por el órgano de gobierno e inclusión en la sesión plenaria para su debate y votación final.
De esta manera se podrán interponer los recursos de inconstitucionalidad al real decreto ley de medidas urgentes sobre la fiscalidad energética, una norma que, tal y como recordó, incumple el diferencial fiscal del sector audiovisual de las islas un 80% superior al vigente en el resto del Estado y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio "sin el preceptivo informe previo" del Parlamento, como exige la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 167 del Estatuto.
También está la ley de lucha contra el fraude fiscal que fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio a pesar del informe desfavorable unánime de la Cámara canaria.
