Canarias tiene autonomía suficiente para estabilizar a buena parte de los empleados públicos temporales que trabajan en la Comunidad Autónoma únicamente por la vía del concurso de méritos, es decir, con el tiempo de trabajo acumulado en el sector público y sin necesidad de una prueba de oposición. En el ámbito de la Administración General casi el 80% de los afectados por esta situación son personal laboral, cerca de 3.000 trabajadores, que se pueden beneficiar de esta vía contemplada en el decreto ley aprobado esta semana por el Gobierno central para reducir la temporalidad en el empleo público y opción que ya contemplan tanto el Gobierno canario como los sindicatos firmantes del acuerdo con el Ministerio de Política Territorial, es decir, UGT, CCOO y CSIF.
El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, entiende que «tenemos autonomía para buscar una solución al personal laboral en el ámbito competencial de Canarias» y que el decreto ley faculta a las comunidades a regular en su territorio las fórmulas de concurso oposición para los funcionarios interinos y solo el concurso de méritos para los laborales. Martínez señala que la Comunidad Autónoma tiene competencias en materia de negociación de convenios colectivos, ámbito en el que se puede pactar un acuerdo con aquellos oficios que ocupa el personal laboral y que son mayoría como mantenimiento, limpieza, comedores escolares, guarderías, conductores, conserjes, auxiliares administrativos, etcétera.
El caso de los funcionarios interinos es distinto aunque también su número es mucho menor que el del personal laboral, por lo que el impacto en el proceso de estabilización que se abra a partir de ahora no será tan complejo. La nueva normativa estatal obliga a realizar convocatorias de oposiciones para la estabilización del personal funcionario que ocupa plazas de forma interina y aquí es donde los sindicatos firmantes del acuerdo con el ministro Miquel Iceta defienden la solución planteada. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, explica que el Ejecutivo regional y las centrales sindicales pueden pactar unas pruebas donde se reduzca el temario de forma considerable para facilitar la oposición a los interinos, que la Administración les dé la formación adecuada e incluso que las preguntas negativas no descuenten puntos. De esa manera será después en la fase de concurso, que pesa un 40% en el proceso selectivo, donde los méritos de antigüedad y experiencia en el puesto de trabajo serán decisivos para consolidar la plaza.
Tanto el viceconsejero como el representante de UGT valoran las alternativas que se ofrecen para los empleados públicos que no superen los procesos: se les integran en una bolsa o lista de reserva en los primeros puestos para seguir vinculados a la Administración en los llamamientos que se hagan y, por otro lado, se les ofrece una posible indemnización de 20 días por año trabajado, algo que no existía hasta ahora.
Manuel Martínez asegura que el acuerdo estatal que ha dado lugar al decreto ley «no contradice» el acuerdo al que se llegó recientemente en Canarias con el comité de huelga firmado con los sindicatos de ámbito autonómico y críticos con las negociaciones realizadas en Madrid. El número dos de la Consejería de Administraciones Públicas quiere poner en marcha la próxima semana las mesas de trabajo contempladas en el acuerdo para oír las propuestas del comité de huelga y comprobar si encajan con la nueva regulación.
Pero Martínez también quiere al mismo tiempo poner en marcha la mesa de diálogo planteada por el Ejecutivo con todos los sindicatos porque, en su opinión, hay que poner todas las propuestas y alternativas sobre la mesa y buscar el máximo consenso posible. «Mi intención es recuperar el diálogo con todos los sindicatos al margen de que cada uno defienda sus intereses y sus propuestas, este problema implica a todos y será escuchando a todos como podamos intentar resolverlo en el ámbito de Canarias», añade.
Francisco Bautista, por su parte, exige al Gobierno que convoque cuanto antes la mesa general de negociación de empleados públicos para concretar la trasposición del acuerdo estatal a la Administración autonómica y convocar los procesos antes del 31 de diciembre como obliga del decreto.
Severas críticas de Podemos al decreto de Iceta
En el cuatripartito hay visiones diferentes sobre el alcance para Canarias del acuerdo sellado esta semana y publicado en el BOE entre el Ministerio que dirige Miquel Iceta y los sindicatos mayoritarios a nivel estatal en el ámbito de las administraciones públicas, pero que no son los más representativos en las Islas. El PSOE dirige la Consejería de Administraciones Públicas y defiende el acuerdo como un marco que aclara el panorama para que no se repita los abusos de la temporalidad en el futuro, pero también faculta a las comunidades autónomas a estabilizar a las plantillas actuales. Sin embargo, Podemos Canarias lanzó ayer severas críticas a lo que considera un «decretazo» por parte del ministro Iceta y defiende una solución canaria en la misma línea de los sindicatos del comité de huelga, es decir, la permanencia del personal interino y temporal en sus puestos de trabajo hasta el final de la vida laboral. Desde Podemos entienden que la fórmula elegida por el ministro Miquel Iceta es «desafortunada» y añaden que el Real Decreto-Ley es una norma que, según el sistema jurídico español, debe ser dictada en caso de extrema y urgente necesidad. La secretaria general de la formación en Canarias, Laura Fuentes, opina que un supuesto como este y que lleva décadas de estancamiento y que ha supuesto una contratación fraudulenta por parte de las administraciones públicas «merecía un debate más sosegado, más participativo y no en formato decretazo». De esta forma, Podemos insiste al resto de fuerzas políticas de Canarias, especialmente a las que forman parte del pacto de gobierno, a dar una respuesta regional al problema de abuso de temporalidad apostando por la consolidación directa con plazas a extinguir tras un análisis de la puestos de trabajo y las necesidades específicas de la Administración canaria. | R.A.D.
