La Provincia - Diario de Las Palmas

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Derechos Sociales se enfrenta al «caos» en el ecuador de la legislatura

Insatisfacción en el pacto, críticas de la oposición y denuncias de la plantilla

a una gestión que «empeora» | Las demoras en los expedientes se acumulan

Noemí Santana en los pasillos de la Cámara regional durante un Pleno. | | MARÍA PISACA

El cuatripartito hace aguas en políticas sociales y lo dice no solo la oposición sino también lo admiten miembros del pacto de gobierno –el vicepresidente Román Rodríguez afirmó recientemente no estar satisfecho por como están yendo las cosas en este área– y los trabajadores, con fuertes críticas del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales. Los representantes laborales en Las Palmas advierten «del caos, tanto a niveles organizativos como de gestión, que se está produciendo en esta Consejería».

En las últimas semanas Coalición Canaria y el PP han arremetido contra la gestión de la consejera Noemí Santana y ésta y su formación, Podemos, les responden con reproches por la herencia recibida de los nacionalistas cuando gobernaban la Comunidad Autónoma y de los populares, cuando ocupaban el Gobierno central. Miles de expedientes guardados en cajones sin tramitar, falta de personal, aplicaciones informáticas obsoletas o recortes de los fondos procedentes del Estado son algunas de las acusaciones que lanza la formación morada sobre CC y PP para justificar una gestión con muchos claroscuros después de dos años y que sigue adoleciendo de problemas crónicos que no terminan de resolverse, como es la falta de medios humanos y técnicos adecuados que agilicen los trámites.

No es la primera vez que los representantes de la plantilla de Derechos Sociales salen a la luz pública quejándose de lo que sucede en la Consejería. Lo hicieron en varias ocasiones en legislaturas anteriores y ahora, en el ecuador de la actual, exponen una situación realmente demoledora y advierten que la gestión en las distintas áreas de la Consejería «está empeorando». En la etapa anterior las críticas de los trabajadores y las pobres estadísticas sirvieron a Podemos y a la oposición para reprobar en el Parlamento a la exconsejera Cristina Valido. Ahora la consejera de Podemos se enfrenta a un escenario similar, con una gestión seriamente cuestionada por los representantes sindicales.

En Canarias hay actualmente más de 43.500 beneficiarios de pensiones no contributivas. Las nuevas solicitudes están tardando más de un año en resolverse, mientras que las pensiones de invalidez se demoran más de dos años y las reclamaciones y revisiones de nómina llevan más de un año de retraso. En relación a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) existen más de 1.300 expedientes pendientes de renovación, más de 1.000 solicitudes nuevas sin tramitar y reanudaciones sin poderse resolverse, según denuncia el comité de empresa.

En discapacidad, desde que un usuario adulto pide una valoración de discapacidad se tarda en darle cita 22 meses. En el caso de los menores de seis años la situación es más grave ya que se tarda entre 10 y 15 meses en citarlos, lo que da idea de la situación actual.

En Dependencia el retraso en resolver las solicitudes y otorgar un servicio o prestación sigue ascendiendo a más de tres años. Desde que se inicia la solicitud hasta que se realiza la valoración de Dependencia se tarda una media de dos años. En estos momentos el servicio dispone de aproximadamente unos 120.000 expedientes y, debido al considerable incremento del envejecimiento de la población, el aumento de las solicitudes crece de forma exponencial a lo largo de los años.

Los trabajadores también se quejan de la «falta de organización y coordinación y de la necesidad de mayor seguridad» tanto en la oficina de información especializada para la atención a la ciudadanía como en el registro, con retrasos acumulados de dos meses de espera y de citas previas.

El comité de empresa vuelve a incidir en la falta de personal como uno de los motivos clave de este caótico escenario. «El personal estructural del servicio de Dependencia es temporal desde el inicio de este servicio. Las nuevas contrataciones de personal eventual se han realizado sobre un listado derivado de un proceso selectivo que no ha terminado, tienen contrato de solo un año y es necesario que permanezcan por la gran necesidad de disminuir el retraso del servicio derivado de la falta de personal permanente», añaden los representantes de la plantilla.

Tanto la carga de trabajo como la demora en los procedimientos seguirán incrementándose, a juicio del comité, «por la falta de personal administrativo y técnico estable, refuerzo de plantilla, falta de recursos informáticos adecuados para realizar óptimamente el trabajo diario», lo que provoca «sobrecarga de trabajo, presiones y estrés laboral». Los trabajadores se sienten «desvalorados, desmotivados y con diversas enfermedades derivadas de estas situaciones», advierten.

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