Las consejerías de Administraciones Públicas y Derechos Sociales no han concretado aún un plan de acción para mejorar el funcionamiento del servicio de Dependencia ante la evidencia de que las medidas que se han aplicado en los dos años de esta legislatura no han atajado el problema de demoras y deficiencias en la gestión que denuncian los trabajadores del área. La inestabilidad del personal sigue siendo la tónica dominante y el último plan de choque para incorporar más efectivos no se ha consolidado todavía, mientras que está pendiente un nuevo sistema informático que dé más eficacia a la tramitación administrativa de los expedientes. El cambio introducido para agilizar los procedimientos mediante la resolución única de la valoración del grado de dependencia o el intento de que los ayuntamientos se encarguen de los informes sociales son medidas que se están encontrando con muchas dificultades, según advierten los profesionales.
La Consejería de Administraciones Públicas aprobó hace un año la realización de una auditoría al servicio de Dependencia a través del plan anual 2020 de la Inspección General de Servicios. Las quejas recibidas a través del Diputado del Común, de los trabajadores de servicios sociales y de los medios impulsó esta iniciativa con el fin de evaluar la organización, el funcionamiento y los medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia, con el fin de averiguar las causas de los demoras en los plazos e introducir mejoras en la organización interna del servicio. El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales, según se apuntaba cuando se encargó la auditoría.
La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, advierte que, más allá de auditorías y evaluaciones, el problema del servicio de Dependencia y del resto de áreas de la Consejería de Derechos Sociales es «estructural» porque «se quiere perpetuar un modelo que no funciona y no se invierte lo suficiente para crear un sistema sólido adaptado a las necesidades de la ciudadanía, que cada vez demanda más servicios sociales ante la situación en la que nos encontramos».
Una de las principales cuestiones que reivindican los profesionales del sector es la necesidad de que se realicen los «cambios normativos» necesarios para facilitar la contratación de personal, la estabilidad del mismo y que los trámites administrativos sean más ágiles. Monroy no entiende como «los partidos y el Gobierno se esfuerzan en cambiar leyes en otros ámbitos para dar más agilidad o se disponen de fondos para ayudar a los sectores económicos y, sin embargo, no hay el mismo esfuerzo en modificar el marco normativo de las políticas sociales ni se invierte más para cubrir las necesidades de la población, que cada vez son mayores».
Nuevas decisiones
En los dos años de la presente legislatura se han tomado algunas decisiones para intentar reconducir el colapso en Dependencia pero lo cierto es que, a día de hoy, las cosas no han mejorado como se debería en un servicio cada vez más demandado porque la población está más envejecida. El comité de empresa advierte que se está funcionando con los mismos parámetros de hace 14 años, cuando se creó el servicio. «Se están cometiendo los mismo errores», asegura Dolores Díaz, miembro del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales en la provincia de Las Palmas y valoradora de la dependencia.
En el comunicado del pasado viernes los representantes de la plantilla advirtieron que «el retraso en resolver las solicitudes y otorgar un servicio o prestación sigue ascendiendo a más de tres años y desde que se inicia la solicitud hasta que se realiza la valoración de Dependencia, se tarda una media de dos años». Asimismo, los trabajadores siguen esperando «por el prometido gestor de expedientes que todavía no tenemos y que es muy necesario para mejorar su gestión, pues los medios que se usan en varios procesos de la gestión de los expedientes son obsoletos».
Díaz advierte que medidas como la resolución única del grado de dependencia para acortar plazos o dejar en manos de los ayuntamientos el informe social no están solucionando la problemática que arrastra el servicio. Tampoco los planes de choque de personal porque entran unos y se despiden a otros y hay que estar continuamente formando a los nuevos.
La representante del comité de empresa incide en que no es tanto una cuestión de organización del servicio, como mantiene el Gobierno, sino de estructura, personal y medios adecuados para hacer frente a una demanda que crece sin parar porque las necesidades sociales son mayores y cada vez la población está más envejecida.
Con un 90% de la plantilla sin estabilizar en Las Palmas y cerca de un 80% en Santa Cruz de Tenerife, los trabajadores tienen ahora la incertidumbre del proceso de negociación que se abre entre el comité de huelga de los interinos y el Ejecutivo, además del decreto aprobado recientemente por el Gobierno central. «Si la Administración no es útil para atender los problemas de los ciudadanos existe el riesgo de tomar otras medidas como los conciertos», advierte Laura Monroy.
Inestabilidad en los servicios
Temporalidad. Elevado fraude de ley
En la provincia de Las Palmas de 49 trabajadores asignados al servicio de Dependencia, 45 son indefinidos no fijos, es decir, no tienen estabilizada su plaza. En esta situación se encuentran psicólogos, trabajadores sociales, valoradores y buena parte de los administrativos y auxiliares. Una de las jefaturas del servicio también la ocupa un interino, lo que da idea de la inestabilidad laboral del departamento. En la provincia tinerfeña de 57 empleados 40 también se encuentran en fraude de ley.
Plan de choque. 101 contratos
El último plan de choque aprobado por el Gobierno incorpora a 101 trabajadores para reforzar la Consejería de Derechos Sociales, preferentemente el servicio de Dependencia. Según el comité de empresa aún no se han incorporado todos.
Estabilización. Negociaciones abiertas
El servicio de Dependencia en peso está afectado por el proceso negociador abierto para estabilizar a los empleados públicos en abuso de temporalidad.
