La escasa implicación de los alcaldes ralentiza el plan público de vivienda

La ejecución del Plan de Vivienda 2020-2025 en los plazos previstos por el Gobierno de Canarias depende más de los Ayuntamientos que del propio Ejecutivo. Y de momento la implicación de los municipios, que deben ceder al Gobierno regional los terrenos donde levantar las casas, no es la mayor posible. Ni mucho menos. Por ahora solo está en marcha la licitación de los proyectos para la construcción de 437 viviendas, cuando el programa prevé 5.971 nuevas casas de aquí a 2025. Además, esas 437 viviendas, que se distribuyen en diez promociones, estarán todas en las islas de la provincia de Las Palmas. Dicho de otro modo: hasta ayer no había ni un solo proyecto en licitación en la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, en las últimas horas se destrabaron los trámites para sacar a concurso un lote de 37 casas en dos municipios de Tenerife y uno de La Palma. Son los primeros proyectos que el Ejecutivo logra licitar en las islas occidentales pese a que desde el Gobierno de Ángel Víctor Torres llevan más de un año insistiendo en que son los Consistorios los que deben tomar la iniciativa.

A finales de 2019, hace más de un año y medio, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gabinete autonómico, Sebastián Franquis, ya advertía de que el éxito del plan quinquenal, con el que el socialista quiere poner punto final a los muchos años sin promociones públicas en las Islas, dependería de la implicación de los Ayuntamientos. A mediados del año pasado, Franquis insistía por enésima vez: «Estamos rogando a los municipios que nos cedan suelo». Desde entonces, el consejero ha repetido el llamamiento a cada oportunidad, pero sin demasiado éxito. Ayer, en los micrófonos de Radio Club Tenerife, el responsable del área de Vivienda explicó que si hay proyectos en licitación en la provincia de Las Palmas para 437 casas –por otra parte un número no precisamente alto– y ninguno en la tinerfeña se debe a que los consistorios no han cedido suelo.

«No es un criterio territorial, se trata de tener los terrenos a disposición para poder encargar, iniciar y ejecutar los proyectos, y no tenemos todavía todo ese suelo a disposición para poder hacerlo», ahondó Franquis. En la consejería tienen así las manos atadas hasta que los Ayuntamientos se pongan las pilas. Hay que tener en cuenta que para que la cesión de los terrenos sea efectiva no basta con la voluntad del alcalde o concejal de Vivienda de turno, sino que hay que llevar el expediente al pleno municipal para que este reciba el visto bueno. Es decir, hay una serie de trámites, de ahí que el consejero lleve casi dos años predicando en el desierto al insistir en la necesidad de que los Consistorios inicien los procedimientos cuanto antes.

Sin embargo, lo cierto es que los proyectos en licitación se circunscriben a cinco municipios: Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Teror, en la isla de Gran Canaria; Arrecife, en Lanzarote; y Puerto del Rosario, en Fuerteventura. De las 437 viviendas públicas que se construirán en estas cinco localidades, hasta dos centenares, casi la mitad, se levantarán en el barrio de Maneje, en Arrecife. Estas 200 casas, que se repartirán en tres promociones ubicadas en la urbanización Los Geranios, serán las primeras VPO que se edificarán en Lanzarote en 26 años, lo que da una idea de hasta qué punto ha estado paralizada en la Comunidad Autónoma la construcción de vivienda pública. Así pues, y dejando al margen las tres promociones que se levantarán en la capital lanzaroteña, solo están en licitación los proyectos para otras 237 casas o pisos en cuatro municipios de Gran Canaria y Fuerteventura. A estas se suman las 37 previstas en los proyectos del primer lote en licitación en la provincia tinerfeña, en concreto en dos localidades de Tenerife y en una de La Palma, según pudo saber ayer este diario a falta de más detalles –al cierre de esta edición no había información en la plataforma de contratación del sector público–. Pero incluso con estas últimas, apenas suman ocho –de un total de 88– los municipios adheridos al plan. Y con matices, porque en algunos casos las promociones se edificarán en terrenos que ya eran propiedad del Instituto Canario de la Vivienda.

Para entender por qué esas 437 viviendas son una cifra pequeña basta con apuntar que es necesario construir unas 15.000 casas al año para que en 2031, en la próxima década, exista equilibrio entre la oferta y la demanda, esto es, para que haya vivienda suficiente para quien la necesite. Así lo puso de manifiesto un estudio de Corporación 5 y la Fundación DISA que advierte de que en el Archipiélago salen cada año al mercado alrededor de 1.100 nuevas casas –entre promoción pública y privada–, apenas «el 8% de lo necesario para solucionar el problema de vivienda en Canarias en 2031». Alcanzar así el equilibrio entre oferta y demanda a diez años vista, con una insuficiente cesión de suelo municipal y el sector privado castigado por la crisis, se antoja casi imposible.

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